Mònica Martínez Bravo: "Es inaceptable que haya bebés en los centros de acogida"

Hace cinco meses que el economista Mònica Martínez Bravo (Barcelona, ​​1982) tomó la cartera de la consejería de Derechos Sociales e Inclusión, tras asesorar al gobierno español en el despliegue del ingreso mínimo vital (IMV).Escogida mejor economista joven de España, ha centrado su carrera en el estudio de las desigualdades y la pobreza. ¿Le ha tocado dirigir la consejería hermana de los pobres?

— Éste es un tema transversal en muchos gobiernos y en muchos países. Creo que sin duda es así. El estado del bienestar ha construido el sistema de salud, el educativo, el de pensiones, que debería entenderse como un sistema de protección para toda la ciudadanía. Y esto es lo que debe construirse y dignificarse.

¿Dignificar pasa por la ventanilla única para el IMV y la renta garantizada?

— La ventanilla única es más complicada de lo que parece porque comporta modificar los cuestionarios y ajustarlos. Durante 2025 la Generalitat asumirá la gestión del IMV y todo será un poco como hasta ahora, pero empezaremos a gestionarlo nosotros. La fase de cambiar los cuestionarios y unificarlos calculamos que esté a principios de 2026. Queremos que toda la gestión de ambas prestaciones se realice con una única solicitud. Quizás sí que existe una prestación complementada por otra, pero toda la gestión, todos los trámites estarán unificados, y haré los ajustes internos en la administración, pero de cara al ciudadano habrá una prestación.

El tercer sector reclama compaginar una prestación por trabajar.

— El PSC hizo una propuesta de ley que incluye revisiones trimestrales [de cada expediente], y en función de cómo han sido los ingresos en los últimos tres meses, calcularemos la cuantía de la prestación de los próximos tres meses. No es ideal porque no es un ajuste mensual, que sería el óptimo, pero se acerca bastante. Lo que ocurrirá es que la cuantía se ajustará sin dar de baja del sistema.

¿Cómo se realizará el cálculo?

— Con los umbrales algo ajustados se mejoran las cuantías. Si existe un aumento de los ingresos del trabajo de 400 euros, por ejemplo, no los contamos todos para ver si se ha sobrepasado el umbral. Quizás contamos sólo 200. Y si con estos 200 no pasas del umbral, pues te perdonamos una parte de los ingresos laborales a la hora de decir si pasas o no del umbral. Esto es lo que hacen muchos países para incentivar que la gente empiece a trabajar.

¿Qué hará para reducir la tasa de pobreza del 25% y un 33% en caso de menores?

— Es clave tener una buena renta garantizada y un buen IMV. Estas tasas se explican por una desigualdad económica muy grande y un sistema fiscal que no redistribuye los recursos suficientes, y se concentra en el sistema de pensiones. Pero debemos fortalecer el sistema de protección de rentas para la mitad de la población de menos recursos.

¿Se renovará elacuerdo con Endesa para condonar deudas?

— Es una de las cuestiones que pusimos sobre la mesa, pero va a depender un poco del escenario presupuestario, y eso es un poco lo que puedo decir al respecto. No hemos llegado a decidir al respecto.

¿Cómo espera recortar las listas para su residencia?

— Es fundamental tener más plazas concertadas.

¿Pero de dónde se sacará el personal para cubrir las 6.000 nuevas plazas comprometidas si no hay personal para las actuales?

— Tenemos en marcha un planteamiento de equiparación salarial de mejora de las condiciones salariales a todo el personal que esperamos haga que más personas trabajen en residencias como una opción viable y atractiva para su trayectoria. También en este proyecto de equiparación salarial tenemos un objetivo de reformular la trayectoria y carrera profesional de estas personas. Que no lo vean como algo de unos meses mientras buscan otra cosa, sino un espacio donde crecen, progresan, donde tener cada vez más puntos y tener toda una trayectoria e ir creciendo.

¿Y se plantea aumentar la plantilla de sus 28 inspectores de residencias?

— No lo estamos valorando, pero es una de las muchas cosas que debemos ver cómo hacemos. Estamos explorando todo un conjunto de medidas para ver cómo mejorar la calidad de asistencia a las residencias. Porque es verdad que aparte de la inspección también existen tablas de coordinación con los servicios territoriales, con los ayuntamientos. Tenemos el despliegue de la atención integrada social y sanitaria, que nos da también herramientas para estar más presentes en todo el territorio. Creo que tenemos diferentes vías y planteamientos para mejorar la calidad de las residencias, pero una de estas vías también debe ser la transparencia y la información.

La semana pasada elAHORA publicaba la denuncia de un trabajador subcontratado por la DGAIA por irregularidades en el pago de la ayuda a menores extutelados.

— Hemos abierto una investigación interna y estamos intentando esclarecer el caso. Lógicamente, si detectamos alguna irregularidad o carencia, nos pondremos a estudiarlo ya abordarlo con toda la contundencia que sea necesaria. Pero estamos en fase de estudio. Es verdad que una de las reflexiones que creo que es muy importante en el ámbito de la DGAIA –y quizás podrían extenderse a otros ámbitos– es que la administración sabemos que no es ágil, y menos en un sector en el que se atienden emergencias. Y en estos casos terminamos externalizando excesivamente.

Se ha mostrado partidaria de acoger a más menores migrantes. ¿Cree que la anterior conselleria fue poco solidaria al poner condiciones en la distribución de estos chicos?

— Nunca nadie me ha dicho que Cataluña no sea solidaria; ya es la comunidad que más jóvenes migrados sólo tiene después de Canarias. Nos llegan 200 jóvenes migrados solos todos los meses a Cataluña por otros lados. Somos ocho millones de habitantes en una región rica dentro de lo que es el resto del estado español, no sería el fin del mundo asumir una mayor cuota de solidaridad, pero aquí el problema es que no hay unos acuerdos para que el Partido Popular está bloqueando el reparto más sistemático y más solidario entre todas las comunidades. Estamos atascados en una realidad que no está dando un buen servicio a muchos de estos jóvenes. Cualquier reparto que condicione si existen plazas abiertas o no es un planteamiento que no es razonable porque las plazas se pueden generar.

Una de sus prioridades es encontrar a familias de acogida para las criaturas tuteladas. ¿Se sale?

— Haremos todo lo posible y hemos notado cierto incremento de interés de familias, pero no vamos a solucionar el problema en seis meses. No es aceptable que existan bebés en centros. Tenemos 280 menores de seis años en los centros, y esto no es aceptable.

Recientemente pidió al empresariado que se desmarcara del racismo. ¿Ha tenido respuesta?

— No, pero yo creo que son cosas que ir poniendo piedras. El sector empresarial a menudo pide que no tiene trabajadores suficientes, pero al mismo tiempo esto no va acompañado de mensajes contra este discurso que criminaliza a la población migrante. Entre todos debemos combatir el racismo y mejorar la gestión del estado del bienestar; así haremos que las personas se integren mejor y que no haya tanta desigualdad.