Gente mayor

Andrés Rueda: La administración es hipócrita con las residencias porque exige sabiendo que financia bajo coste

Gerontólogo social y presidente de DiGESCAD, que reúne a directores y gerentes de centros de personas mayores

BarcelonaPor el grupo de WhatsApp de los directores y gerentes de centros y servicios de atención a la dependencia corren los comentarios sobre la información publicada en ARA sobre las multas de 5,2 millones de euros a residencias geriátricas. Lo explica el presidente de DiGESCAD, Andrés Rueda, que lamenta la “criminalización” de estas instalaciones.

¿Los más de cinco millones de euros de multas no explican que algo se está haciendo mal?

— En realidad nos ha sorprendido que no haya más. Con esto no quiero decir que no sean cantidades importantes, que lo son. Pero son pocas a pesar de la administración, porque está descompensado la financiación pública que recibimos las residencias y lo que se exige de resultados. Nos fijan más obligaciones pero sin pagar más.

Es cierto que el anterior equipo admitió una infrafinanciación de las plazas concertadas.

— La actual consejería ha hecho un esfuerzo, pero es del todo insuficiente. Continuamos con una financiación bajo coste, pero por lo que paga la administración estamos haciendo un trabajo excelente. Tenemos que valorar la dedicación del personal, que se entrega y se cansa, de las empresas a quienes no les sobran los motivos para cerrar y vender el centro. Trabajamos en un campo de minas desde el punto de vista de exigencias de la administración, de cada vez más protocolos periféricos que roban tiempo de atención.

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Pero los protocolos y el régimen sancionador son indispensables para castigar el mal funcionamiento.

— Evidentemente, pero desde el año pasado hemos tenido dos inspecciones de Fiscalía por las contenciones, de Hacienda, de derechos sociales, de salud, cuatro de la legionela. Yo quiero esta seguridad, pero se tiene que pagar, y al lado de cada instrucción tiene que haber el coste. En realidad solo tenemos exigencia de estándares, pero sin ningún análisis del coste. No puedes tener un sector en inseguridad jurídica y pagado bajo coste.

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¿Qué significa inseguridad jurídica?

— No hay ningún otro sector que trabaje con tanta inseguridad como las residencias, somos los más maltratados. Las inspecciones se hacen sin una check list y sin tipificar, así que poner sanciones es temerario.

Quiere decir que no saben por qué les multan?

— Quiero decir que nos sentimos especialmente señalados, criminalizados. Nos traspasan las responsabilidades a los centros cuando es un problema del sistema. Cada vez hay más leyes y normas, más inspecciones de todo tipo, pero nada se adapta a las necesidades del perfil de los usuarios. Las ratios de profesionales son las mismas desde 2013, cuando muchos de los residentes tenían autonomía; un 30% iban solos al lavabo. Ahora necesitan mucho más acompañamiento y ya no puedes tener tanto personal vigilando el espacio comunitario. Y viene el inspector y dice que no hay suficiente vigilancia en el comedor. Lo mismo pasa con la alimentación, que ahora es más asistida. Es imposible hacerlo todo porque el perfil ha cambiado, hay menos recursos, el personal tiene más trabajo y se han introducido más días de fiesta, se nos ha disparado el absentismo laboral.

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¿Es absentismo o bajas médicas por un trabajo duro? La falta de personal es sistémica, como lo son los bajos sueldos del sector.

— Me da igual si es una falta justificada o sin justificar, pero no se puede planificar el servicio si no podemos saber cuándo debemos buscar sustitutos y por cuánto tiempo. Haría falta más participación de las mutuas para la gestión de las bajas porque en el CAP no dan abasto. No discuto una baja, pero sí el tiempo para atenderlas porque al final repercute en las residencias. El problema de la falta de personal es que coges gente en periodo de pruebas que no puedes echar si ves que te has equivocado.

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¿Las ratios son imposibles de cumplir?

— Es muy difícil. Hay personal social haciendo trabajos sanitarios que no le corresponden porque no hay enfermeras las 24 horas. Pasamos días haciendo papeleo y cubriendo tareas que no son propias del servicio residencial. Tenemos más dispensaciones de medicación y más disfagias [dificultades para tragar], y si lo tienes que hacer deprisa incrementas el riesgo.

Las residencias han sido cuestionadas y las familias denuncian un trato indigno.

— La administración hace un ejercicio de hipocresía: sabe que financia bajo coste, exige mucho y envía un mensaje de residencias cinco estrellas, cuando lo que tiene que hacer es explicar hasta dónde se puede llegar con la financiación actual. Estamos de acuerdo en que los residentes puedan elegir el menú, pero eso implica tener una intendencia muy grande, es decir, un elevado coste. No se deberían generar falsas expectativas a las familias.

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Son familias que pagan más de 2.000 euros por plaza.

— Los grandes grupos de inversión en centros no lo sé, pero más del 50% de residencias tienen 50 plazas. El 85% son empresas familiares que funcionan con créditos, y tener atención 24 horas de una persona altamente dependiente es muy caro. Con todo, hacemos maravillas, y la única respuesta que parece que tenemos es que nos sancionan por un mal mantenimiento o por una pared sucia, sin tener en cuenta que no nos pagan desde noviembre.

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¿La Generalitat ha dejado de pagar por los conciertos?

— No sabemos cuántas residencias no están cobrando desde hace cuatro meses, pero significa que tienen que reducir gastos, endeudarse, reducir dividendos y su capacidad de ahorro. Estamos financiando la administración desde noviembre. ¿Alguien se imagina qué pasaría si médicos, policías o maestros dejaran de cobrar durante cuatro meses?

— [El departamento de Derechos Sociales admite que por razones técnicas de falta de crédito algunas facturas del 2025 no entraron en plazo. Asegura que antes de acabar el mes de mayo se harán los pagos por el circuito de remanentes.]