La Audiencia Nacional resuelve que ACS debe devolver 210 millones cobrados por el proyecto Castor

MADRIDRevés judicial para Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y también del Real Madrid. La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por Escal UGS, la empresa que desarrolló el proyecto Castor y sobre la que ACS tiene una participación del 67% (el 33% restante está en manos de la canadiense Dundee Energy), y obliga a reintegrar al sistema gasístico un total de 209,7 millones de euros, según ha informado Eldiario.es.

Escal UGS presentó un recurso a una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del año 2019 en la que el organismo supervisor le exigía el retorno de hasta 195 millones de euros (sin intereses) por las liquidaciones que se le entregaron en concepto de indemnización por el cierre del almacén.

Resolución de 2019

En julio de 2019 la CNMC acordó exigir a Escal UGS los pagos recibidos por el proyecto Castor. La decisión del supervisor estuvo "motivada porla sentencia del Tribunal Constitucional" del año 2017 que declaró inconstitucional y, por extensión, nulo el decreto ley aprobado por el gobierno español en 2014, entonces en manos del PP, en el que se regulabanlas indemnizacionesque recibirían las empresas afectadas por el proyecto Castor a partir, precisamente, de la renuncia de su titular, Escal UGS.

Aparte de Escal, la CNMC también apuntaba al Santander (71,9 millones), CaixaBank (48 millones), Enagás (32,4 millones) y Bankia (21,1 millones). En total, el organismo español de la competencia consideraba que 368 millones de euros de compensaciones liquidados a las cinco compañías desde 2014 debían ser devueltos.

Recurso por "incompetencia"

Entre los argumentos de la compañía participada por ACS a la hora de presentar el recurso, se señalaba una "incompetencia" de la CNMC para tramitar y resolver el procedimiento por la vía de la resolución de oficio. "La CNMC ha acordado la revisión de oficio de diversas liquidaciones de actividades reguladas del sector del gas natural relacionadas con el almacenamiento subterráneo Castor", informaba entonces el regulador a través de un comunicado.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional con fecha del 5 de julio no comparte este criterio y califica a la CNMC de autoridad administrativa independiente, es decir, que desarrolla funciones que tiene atribuidas al sector gasista con plena autonomía respecto al gobierno y la administración general.

La sentencia también condena a Escal a pagar los costes procesales, que todavía puede presentar un recurso de casación.

Compensación pagada por los consumidores

El gobierno español decidió cerrar el almacén subterráneo de gas cuando se detectaron, durante la fase de llenado, varios movimientos sísmicos. El objetivo del decreto aprobado por el ejecutivo de Mariano Rajoy era compensar de forma rápida a las compañías afectadas por el proyecto fracasado.

Concretamente, la norma preveía que los consumidores pagaran las compensaciones con un incremento de las facturas de gas. A pesar de la sentencia de inconstitucionalidad yotra sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal las ayudas, las empresas afectadas siguieron cobrando las liquidaciones y los consumidores abonándolas a través de las facturas. Los 210 millones de euros que Escal deberá devolver corresponden a las liquidaciones definitivas de los años 2014, 2016 y 2017.

La plataforma Castor estaba ubicada frente a la costa de Vinaròs, en Castellón, y provocó terremotos en las Terres de l'Ebre y en las comarcas del norte del País Valenciano por las inyecciones de gas en el subsuelo marino.