Junts pide que Barcelona incluya las multas por incivismo en los informes de arraigo

BarcelonaJuntos por Barcelona ha puesto este miércoles sobre la mesa sus condiciones para aprobar la ordenanza de convivencia de la capital catalana. El líder de los junteros en el consistorio, Jordi Martí Galbis, ha planteado una docena de medidas sin las que, ha avisado, su grupo no apoyará la reforma de la ordenanza, uno de los grandes proyectos del gobierno de Jaume Collboni, que todavía debe pasar por el pleno. Entre sus demandas, Junts plantea que se persiga la captación de personas por la calle para que consuman cannabis y también que las sanciones por incivismo consten en los informes de arraigo.

Sobre este último punto, los junteros reclaman que la nueva ordenanza incorpore la previsión de hacer constar en los correspondientes informes de arraigo "tanto las colaboraciones positivas en materia de convivencia como los antecedentes incívicos". Un requisito que consideran que debe contribuir a "garantizar una información fiel y rigurosa a las autoridades competentes en materia de extranjería". Es decir, que el Estado tenga en cuenta a la hora de dar permisos de residencia si esa persona ha sido multada por alguna conducta incívica.

Es una medida que el Ayuntamiento ya había aplicado en el pasado, hasta que en 2016 el primer gobierno de Ada Colau lo cambió. Haciéndose suya una de las 67 propuestas que el Consejo Municipal de Inmigración formuló en 2014, el entonces teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, anunció que el Ayuntamiento dejaría de tener en cuenta si el inmigrante que solicita un certificado de arraigo había sido multado. Una decisión que se justificó diciendo que penalizaba a colectivos como los manteros y las prostitutas, y se les empujaba así a tener que continuar con este tipo de actividades.

Ahora el gobierno de Jaume Collboni tendrá que decidir si quiere revertir aquella medida a cambio de los votos de Junts, que también ha planteado otras alegaciones. Entre ellas, está la prohibición de que desde el gobierno municipal se tengan conductas que "minimicen, relativicen, justifiquen o blanqueen" conductas incívicas tipificadas en la ordenanza. Martí ha puesto como ejemplo el hecho de que concejales del gobierno de Ada Colau participaran en manifestaciones de apoyo a los manteros.

Además, Junts también reclama que los multados por hacer pintadas tengan que contribuir a limpiarlas; elaborar un convenio con TMB para que la ordenanza se aplique también dentro del transporte público; que el catalán tenga un "papel central destacado" en cualquier campaña de comunicación sobre la ordenanza, y que se alargue hasta los dos años el plazo temporal para que se considere que existe reincidencia en las conductas incívicas, así como que se aumenten las sanciones en el caso de infracciones como los grafitis, la venta ambulante ilegal y los botellones.

El recuerdo del 30%

La negociación recuerda irremediablemente la que se vivió con la reforma de la reserva del 30% de vivienda protegida. Entonces, Junts compareció también en rueda de prensa para presentar un paquete de medidas sin las que aseguró que no apoyaría la reforma. Por último, la negativa del gobierno municipal a rebajar el IBI un 4%, provocó que Junts rompiera las negociaciones y hiciera decaer una de las principales banderas de Collboni para este mandato.

Cuando se le ha preguntado si es posible reanudar aquella negociación, Martí ha dicho que Junts está dispuesto a hablar del 30% siempre que el gobierno municipal "rectifique" y asuma las propuestas de su grupo. "Si el gobierno quiere abrir el cajón y sacar esta carpeta, estaremos siempre dispuestos a hablar de ello", ha dicho.