Cambios en las guarderías de Barcelona: más niños de familias pobres y menos de familias acomodadas

BarcelonaHasta el curso 2016-2017, todas las familias que querían llevar a sus hijos a una guardería en Barcelona tenían que pagar 289 euros por niño al mes. Es cierto que había bonificaciones del 80%, el 60% o el 30% a las rentas más bajas, pero el gobierno de Ada Colau decidió dar la vuelta al acceso a los jardines de infancia y hacerlo más equitativo. La vía para hacerlo fue implantar un modelo de tarifación social y establecer un abanico de 10 niveles de precio, que iba de los 50 euros al mes hasta un máximo de 395, según la renta familiar, de forma que el 62% de las familias pasaron a pagar menos y un 27%, más. El impacto de esta decisión ha cambiado la composición de las familias usuarias de la red de guarderías municipales: la presencia de familias con rentas por debajo del umbral de la pobreza (menos de 14.000 euros anuales con dos hijos) ha crecido un 19%, lo que se ha compensado con una bajada del número de niños de familias con rentas superiores a 50.000 euros.

Según el Ayuntamiento, este nuevo sistema de precios públicos "reduce las barreras de acceso y atrae familias con rentas bajas". A través de una evaluación del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, la tarifación social ha conseguido "el efecto buscado": "Que el precio no fuera una barrera de acceso, que se lograra más justicia social y más demanda de las rentas bajas y menos de las rentas altas", han explicado. En concreto, el porcentaje de familias del tramo 1, que es inferior al indicador de suficiencia, ha pasado del 26,9% al 30,3%, y el de familias de los tres tramos más altos de renta, del 32,7% al 26,5%.

A pesar de que en general el nuevo modelo fue bien recibido, una plataforma llamada EBM de Tots i Totes denunció que el aumento del precio afectaba a familias de renta media, a las cuales se había aplicado un aumento que podía llegar a ser de 105 euros (de los 289 euros de antes habían pasado a pagar 395, un 36% más). Detrás está el debate sobre el concepto de clase: una familia con cuatro miembros y unas rentas de 50.000 euros anuales forma parte del tercer tramo más alto y se considera renta alta.

Los cambios en los precios de los jardines de infancia han tenido un impacto en los presupuestos, porque la aportación de las familias se ha reducido del 27,4% al 23,6% del coste del servicio: como ha crecido mucho el número de familias con rentas bajas (la cuota del tramo 1 solo cubre el 6,4% del coste del servicio) y han bajado las inscripciones de las familias más ricas (la cuota del tramo 10 cubre el 50,6% del servicio), los ingresos se han reducido en un 5,9%, que ha asumido el Ayuntamiento.

A pesar de que la voluntad del gobierno municipal, como también la del gobierno catalán, es avanzar hacia la total gratuidad de las guarderías, el regidor de Educación, Pau Gonzàlez, ha asegurado que mientras tanto la tarifación social "es el mejor sistema para recoger la demanda con diversidad social". Sea como fuere, ha dicho, lo que también hace falta es aumentar el número de plazas públicas en la ciudad.

El Govern asumirá el 80% del mantenimiento de las 75 guarderías rurales y creará más

Fuera de Barcelona, los jardines de infancia también tienen problemas de financiación. Precisamente este viernes el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, han presentado un plan para impulsar las guarderías rurales. Una de las medidas que han anunciado es que el Govern financiará a partir de ahora un 80% del coste de mantenimiento de las 75 guarderías rurales que existen en Catalunya y aportará el mismo porcentaje para abrir nuevas. A pesar de que no han concretado ninguna cifra, sí que han asegurado que se harán más para evitar el despoblamiento de las zonas rurales.

Así pues, los ayuntamientos pequeños, que normalmente son los responsables de esta competencia, solo tendrán que aportar 5.000 euros como máximo para abrir un jardín de infancia, independientemente del número de alumnos que tengan. Este cambio puede aligerar muchos pueblos que se quedan sin población joven pero que no tienen el dinero para ofrecer este servicio: cada curso supone unos 30.000 euros de mantenimiento de estas escuelas, una aportación que es complicadísima de asumir para muchos ayuntamientos pequeños (el 68% de los municipios catalanes tienen menos de 2.500 habitantes). Si el ayuntamiento pone 5.000 y el Govern unos 24.000 (este 80%), es probable que el resto lo tengan que pagar las familias, a pesar de que el conseller no lo ha concretado. Actualmente en Catalunya hay 419 escuelas rurales, 75 de las cuales tienen también niños de uno y dos años.