Catalunya se prepara para aplicar el toque de queda sin el estado de alarma

BarcelonaCada vez queda menos para que se acabe el estado de alarma actual, que se agota el 9 de mayo. Por eso el Govern se prepara para blindar las restricciones que quiere mantener, que entonces tendrán que ir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) si afectan a los derechos fundamentales. Una de las medidas que necesitan el aval judicial es el toque de queda –que precisamente se aplica desde que empezó el estado de alarma actual, el 25 de octubre–. La Generalitat ha asegurado que se plantea aplicarlo sin el estado de alarma y estudia modificar un decreto ley para intentar que el confinamiento nocturno reciba el visto bueno del TSJC.

Como explicó el ARA, el caso es que sin el amparo del estado de alarma no está garantizado que los jueces validen las restricciones. El Govern tendrá que argumentarlas y el TSJC tomará una decisión. Conscientes de que la continuidad del toque de queda puede peligrar de aquí a pocos días, la consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha avanzado este martes que el consejo ejecutivo de la semana que viene podría aprobar una modificación del decreto ley 27/2020. Es el decreto ley que se redactó en verano, cuando la juez de guardia de Lleida tumbó el confinamiento domiciliario en el Segrià, para reforzar la ley de salud pública catalana.

En verano se aprobó que en pandemia se puedan limitar las actividades o los desplazamientos de personas. Ahora la intención del Govern es que este decreto ley también sirva para blindar el toque de queda. Budó ha asegurado que el confinamiento nocturno es “drástico” pero “necesario” porque las UCI se mantienen con medio millar de ingresados por covid: “Estamos previendo la manera de dotarnos del marco normativo para hacer frente a la gestión de la pandemia sin el estado de alarma”. Budó ha defendido este “paraguas legal” para tener más herramientas para justificar las medidas ante el TSJC, pero ha admitido que “cambiarán” los tiempos de la gestión de las restricciones porque hará falta el aval judicial.