Los 'comuns' se desmarcan de Podemos y votan 'no' a tramitar la ley abolicionista del PSOE

MADRIDEl Congreso de los Diputados ha avalado la toma en consideración, es decir, que se pueda debatir y tramitar la ley abolicionista presentada por el PSOE. Los socialistas habían presentado esta norma después del tira y afloja alrededor de la ley del solo sí es sí, que acabó dejando aparcados todos los artículos vinculados a la prostitución. Con 232 votos a favor, entre ellos los del PP, 38 en contra y 69 abstenciones, la proposición de ley que tiene por objetivo "prohibir el proxenetismo en todas sus formas" inicia su trámite. A pesar de que la mayoría de la cámara baja española ha permitido que la norma pueda empezar su trámite parlamentario, el debate no se ha escapado de la división que genera, en particular en la izquierda.

Una vez más, donde más se ha mostrado la divergencia de opiniones es dentro de Unidas Podemos. Mientras que Podemos ha votado a favor (ya ha anticipado que presentará enmiendas), los comuns han votado no a la tramitación de la ley, desmarcándose así del voto de Podemos. Este martes por la mañana fuentes de la formación lila anticipaban que se daría libertad de voto al ala catalana, a pesar de que asumían que el hecho de "que no haya unidad de voto en el grupo parlamentario no es lo más óptimo". La decisión, sin embargo, la ha liderado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haciendo un guiño a la parte catalana y consciente de que este debate siempre ha generado división dentro de Unidas Podemos porque los comunes tienen una posición pro derechos y, en cambio, Podemos abraza la postura abolicionista. De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, secunda una posición abolicionista, ligada a medidas de reinserción laboral.

Fuentes de los comuns apuntan que la ley planteada por el PSOE se ha hecho "de espaldas a las mujeres que ejercen la prostitución". También critican la "perspectiva punitivista". "No queremos criminalizar ni estigmatizar a ninguna mujer, las queremos escuchar", añaden las mismas fuentes. Además, esta formación cree que la ley socialista no incluye "medidas sociales para acabar con la prostitución" como por ejemplo otras salidas laborales o protección y apoyo económico. A la postura de los comuns se suma la de ERC, la CUP o Cs. Los últimos lo han tildado de "pegote legislativo". Por su parte, la diputada republicana Pilar Valluguera ha recriminado un discurso "demagogo". "La prohibición de la abolición no es tan fácil como modificar el Código Penal. Aquí hay prohibicionismo punitivista del de toda la vida", ha dicho Valluguera. EH Bildu y el PNV se han abstenido para "favorecer el debate".

Más penas para los dueños de los burdeles y multas a clientes

"El proxenetismo es incompatible con la democracia", ha aseverado la diputada socialista Adriana Lastra, desde la tribuna del hemiciclo. Lastra, que ha defendido la normativa, ha recordado que según datos del ministerio del Interior hay unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente en España. El PSOE, que siempre ha hecho bandera de ser el partido que acabará con la prostitución, ha presentado una ley que va más allá de los artículos que en su momento recogía la ley del solo sí es sí sobre la prostitución. Por un lado, la proposición de ley recupera y endurece –aumenta las penas de prisión– la tercería locativa (sancionar a los propietarios de los inmuebles donde se produzca una situación de explotación sexual). Los socialistas proponen que, además de sancionar los propietarios de los inmuebles donde se ejerza la prostitución, también se pudiera multar los casos en los que las mujeres –propietarias del piso– aseguran que ejercen la prostitución por voluntad propia. "Destinar un inmueble [...] a promover la prostitución de otra persona, a pesar de tener su consentimiento", recoge la proposición de ley. Algunos colectivos de trabajadoras sexuales del Estado ya apuntaron en su momento que esto "criminaliza" a aquellas mujeres que "se organizan, trabajan y viven en el mismo lugar".

En cuanto al proxenetismo, introduce penas de prisión de entre uno a tres años y multas de 12 a 24 meses para aquellas personas que "promuevan, favorezcan o faciliten" la prostitución de otra persona "pese a tener su consentimiento". El texto también equipara a las prostitutas con las víctimas de cualquier delito, de forma que les da los derechos y las prestaciones previstas en el estatuto de la víctima de delitos. La proposición del PSOE también plantea castigar a los clientes de la prostitución. "Las personas que recurran a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración", recoge el texto, que plantea multas de 12 a 24 meses de prisión, aproximándose así al modelo francés.