Sociedad 06/07/2021

Luz verde a la ley del "solo sí es sí"

El consejo de ministros aprueba este martes la norma de libertad sexual con la modificación del concepto de consentimiento

Núria Rius Montaner
3 min
Centenares de personas en una manifestación en Vitoria en contra de la sentencia de la Mandada.

Cinco años después de la violación múltiple de la Manada en los Sanfermines de 2016 y de multitudinarias manifestaciones con los lemas "Hermana, yo sí te creo" y "Solo sí es sí", España elimina la diferencia entre abuso y violación y modifica, finalmente, la definición de consentimiento. Se recoge en el proyecto de ley de libertad sexual, conocida popularmente como la ley del solo sí es sí, que este martes prevé aprobar el consejo de ministros. "La ley recoge precisamente el clamor del movimiento feminista", defiende el ministerio de Igualdad español.

A diferencia del último anteproyecto de marzo del año pasado, la nueva norma cambia la definición de consentimiento y opta por un modelo en positivo, es decir, lo que se entiende por "solo sí es sí". "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, atendidas las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", recoge el proyecto de ley, de acuerdo con el Convenio de Estambul. De este modo, cuando entre en vigor las víctimas no tendrán que acreditar si han ofrecido resistencia o si ha habido violencia, porque cualquier acto sexual sin consentimiento será una agresión, explica el ministerio. Este ha sido uno de los aspectos más problemáticos de la nueva norma, no solo por las discrepancias dentro del mismo gobierno –entre el ministerio de Justicia y el de Igualdad– sino también por las duras críticas del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó, a diferencia del Consejo Fiscal, la redacción y la supresión del abuso sexual. Unos dardos que finalmente la ley ha esquivado.

Otro cambio, ya sabido, es la desaparición en el Código Penal del concepto de abuso sexual, que tan polémico fue con la sentencia de la Manada: cualquier acto sexual sin consentimiento será una agresión, explica el ministerio de Igualdad. De este modo, se cambia la tipificación de las diferentes violencias sexuales, incluyendo por primera vez como delito leve el acoso en la calle.

Modificación del Código Penal

Después de la unificación entre agresión y abuso sexual, el gobierno español ha optado por una fórmula que implica un "abanico más amplio y progresivo" de las penas para dar "una respuesta más amplia a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales". La ley recogerá agravantes específicos según cómo se cometa el delito: si es una "agresión grupal, una violencia grave o un daño grave" hacia la víctima, sobre todo "si la víctima es vulnerable o si se han utilizado armas o elementos peligrosos". "Es también una ley que refuerza el compromiso con la erradicación de todas las formas de explotación sexual", explican desde Igualdad en referencia al endurecimiento de la norma contra el proxenetismo. Incorporará la tercería locativa, es decir, el castigo a terceros que alquilen lugares donde se produce la explotación sexual.

Más protección

A diferencia del anteproyecto del mes de marzo de 2020, la norma incluye ahora "medidas procesales de acompañamiento a las víctimas", incluyendo la posibilidad de evitar el contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales en los juzgados para evitar la revictimización. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición a pesar de que no interpongan una denuncia. Si las víctimas son mayores de 16 años tendrán acceso a "centros de crisis 24 horas" y se incorpora una "atención especializada a los niños". "Es una ley centrada en la protección y reparación a las víctimas, una deuda que tenemos con ellas como estado", defiende Igualdad.

"Se trata de una ley feminista con enfoque de derechos humanos que protegerá a todas las mujeres, niñas y niños independientemente de su situación administrativa, etnia o nacionalidad". La ley llega después de más de un año de rifirrafes entre los dos miembros del gobierno de coalición y, sobre todo, entre las dos carteras implicadas, la de Igualdad –en manos de Irene Montero (Unidas Podemos)– y la de Justicia –con Juan Carlos Campo (PSOE) al frente–. A pesar de que este martes a mediodía Montero no saldrá en rueda de prensa para explicar la nueva norma, la ley seguirá su proceso de tramitación en el Congreso y se añade, así, a la otra norma que la ministra de Podemos también ha batallado hasta ahora, la conocida como ley trans.

stats