Copa policial en Torredembarra
La Guardia Civil detiene la junta de gobierno del Ayuntamiento por presuntos delitos de malversación
TorredembarraLa Guardia Civil detuvo ayer a la junta de gobierno al completo del Ayuntamiento de Torredembarra, con el alcalde Daniel Masagué al frente, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, prevaricación y tráfico de influencias. La Guardia Civil también detuvo a los tenientes de alcalde, Francisca Felguera, Santiago Ardèvol, Elia Rodríguez y Pere Font, de CiU, José Oviedo, del PP, e Ignasi Duran, del Grupo de Independientes de Torredembarra (GIT).
A estas detenciones se sumó la de Blas Niubó, un empresario del municipio. Desde primera hora de la mañana la Guardia Civil registró el Ayuntamiento en busca de pruebas en torno a estos presuntos delitos, unos registros que también se practicaron en el domicilio del alcalde, en el bar Tropik, propiedad del mencionado empresario, y en la sede de la empresa constructora Teyco, en Barcelona, con la que Niubó estaría relacionado. A la hora del cierre de esta edición, los registros continuaban en el consistorio de Torredembarra, de donde aún no había salido el alcalde, Daniel Masagué, que desde primera hora de la mañana participó en las tareas de investigación. La operación, ordenada por el juzgado de instrucción número 1 del Vendrell, está bajo secreto de sumario.
Adjudicaciones irregularesSegún fuentes de la investigación, la trama que ha provocado las detenciones giraría en torno a diversas irregularidades protagonizadas por el alcalde Daniel Masagué en su gestión al frente del gobierno municipal, y que habrían salpicado a toda la junta de gobierno por haberle dado el visto bueno.
Entre estas irregularidades figurarían la adjudicación irregular de la construcción del aparcamiento subterráneo en la calle Filadors a la empresa Teyco, que costó más de un millón de euros y que a pesar de estar en servicio no utiliza casi nadie. También se investiga el alquiler de tres locales para destinarlos uno a la comisaría de la Guardia Urbana, otro a la sede del grupo casteller y, el tercero, para oficinas de entidades, un inmueble que todavía está vacío después de más de dos años de estar bajo la tutela del Ayuntamiento. El alquiler con derecho a compra de los tres inmuebles habría costado al Ayuntamiento de Torredembarra entre dos y tres millones de euros, una cantidad muy por encima de su precio de mercado.
También se acusa al alcalde de haber contratado sin concurso público la consultoría jurídica Efial, cuyos servicios se habrían requerido para tener argumentos jurídicos diferentes de los del secretario municipal, que desde hace tiempo se habría opuesto a las prácticas irregulares del alcalde. El juzgado investiga también el blanqueo de capitales hacia las cuentas de las empresas del alcalde, una panificadora y diversas granjas y cafeterías.
En los últimos años estas supuestas irregularidades han provocado más de veinte denuncias de los partidos de la oposición. La envergadura de la operación generó mucha expectación en Torredembarra, a pesar de que tanto la oposición como muchos funcionarios aseguraban que no les cogía por sorpresa porque el caso era un secreto de dominio público.
Daniel Masagué un alcalde bajo sospecha Daniel Masagué (CiU) es alcalde de Torredembarra desde el 2008, momento en que aprovechó la dimisión de Manuel Jiménez, del PSC, que se había quedado en minoría. Masagué llegó al poder gracias al apoyo de los tres concejales de CiU, tres más de dos formaciones independientes, uno del PP y el de la concejala del PSC L. P., que fue acusada de transfuguismo. Posteriormente, en 2011, revalidó la alcaldía. Massagué es propietario de una panificadora y de varias granjas. En 2012 una sentencia lo desahució del local de una de estas granjas y se le embargó el sueldo para hacer frente a las deudas acumuladas.