Los 161 municipios donde se quiere aplicar el toque de queda triplican el umbral de riesgo
La Generalitat analiza si tendrá que devolver las multas impuestas durante el estado de alarma por el incumplimiento de las medidas
BarcelonaSanta Cristina d'Aro, Altafulla y Caldes d'Estrac también tendrán toque de queda nocturno si finalmente, como confía el Govern, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avala el confinamiento nocturno entre la 01.00 y las 06.00 h durante al menos una semana. La inclusión a última hora, cuando se está a la espera de la resolución judicial, se debe de hecho de que son tres municipios que quedaban rodeados por otros que ya estaban afectados por las restricciones. Así serán 161 municipios de más de 5.000 habitantes que presentan una incidencia muy alta de covid los que tendrán las restricciones para evitar que la libertad horaria provoque un efecto llama, pese a la desesperación de los ayuntamientos afectados. De hecho, la situación es "crítica", insisten las autoridades, hasta el punto que si se siguieran los indicadores máximos del ministerio de Sanidad "toda Catalunya estaría cerrada", ha dicho en rueda de prensa el conseller de Salud, Josep Maria Argimon.
Argimon ha explicado que el Govern ha puesto como límite los 400 casos positivos por 100.000 habitantes en siete días, mientras que Sanidad rebaja el índice a 125, es decir, tres veces menos. La situación es especialmente grave entre la población joven que todavía no se ha vacunado o que está en mitad de la pauta, porque son los que se están contagiando más y presentan una incidencia hasta doce veces más elevada que este mínimo. Con este panorama, las previsiones del Govern son que la medida –si finalmente se aplica– se renovará cada semana y, con toda seguridad, habrá que prorrogarla. En esta revisión semanal se irán incluyendo o quitando municipios según queden por encima o per debajo del umbral.
En una comparecencia conjunta de Argimon, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, han justificado la voluntad de recuperar el toque de queda como una herramienta "necesaria" ante una situación epidemiológica que se agrava y para atender las peticiones de los ayuntamientos y de los profesionales sanitarios, que han visto cómo el estallido de casos positivos entre la población más joven todavía no vacunada ha vuelto a colapsar los centros de primaria y a llenar los hospitales. En las últimas 24 horas ha habido 20 ingresos más en la UCI y se espera que el fin de semana se llegue a los 300.
El conseller Elena ha justificado que se fije los 400 casos y no los 125 casos como punto para aplicar restricciones porque se quiere mandar un mensaje de "contención" a la ciudadanía, cansada ya de limitaciones y de pandemia después de un año y medio conviviendo con el covid, y un aviso también a los jueces que "no se está pidiendo [el toque de queda] por pedir", sino que, por el contrario, la situación "crítica" requiere evitar las aglomeraciones de personas en la vía pública. En este sentido, el Govern ha admitido haber esperado a pedir el toque de queda a que el TSJ del País Valenciano lo aprobase y haber superado el máximo porque entiende la inconformidad y el cansancio de la sociedad.
Argimon ha asegurado que la presión asistencial en los centros sanitarios ya ha obligado a suspender los permisos a trabajadores, y para que las plantillas puedan ejercer su "derecho al descanso y a las vacaciones" y no se les tenga que denegar, como ya pasó el año pasado, Plaja ha apelado a la autorresponsabilidad para poder frenar el adelanto del covid. El conseller ha apuntado que hay indicios de que se está produciendo una "frenada" de nuevos casos, pero ha matizado que los datos todavía son muy altos y se están diagnosticando más positivos que nunca. Además, ha reprochado la "falsa sensación de seguridad" que reina en las calles entre mucha gente y que contrasta con el elevado número de enfermos que están ahora mismo graves o críticos.
La duda de las multas
Después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el primer estado de alarma que impuso el gobierno español en marzo del 2020, la Generalitat ha pedido a sus servicios jurídicos que examinen qué se tiene que hacer con las más de 23.000 multas tramitadas por el incumplimiento de las restricciones vigentes. Si finalmente se resuelve que las cantidades pagadas se tienen que devolver a los afectados, se devolverán, ha asegurado Elena.