Cuatro de cada diez viviendas proyectadas en el litoral no se harán
El Govern limita futuras urbanizaciones en 30 municipios entre Malgrat de Mar y Alcanar
BarcelonaPrimero fue en el Pirineo, después en la Costa Brava –donde quedaron paradas 15.000 viviendas mientras se permite que una cifra similar continúe adelante–, y ahora ya se sabe cómo queda el futuro de las urbanizaciones y nuevas promociones que sobrevuelan el resto del litoral catalán. El veredicto del Govern es que se detenga la construcción de 46.800 viviendas nuevas en 30 municipios de la costa entre Malgrat de Mar (Maresme) y Alcanar (Montsià), con la exclusión del área metropolitana de Barcelona, que se somete a una regulación diferenciada. La decisión se traduce en evitar el 44% de las más de 100.000 viviendas que se proyectaban para los años próximos. El resto podrán salir adelante, según lo que ha aprobado inicialmente este jueves la Comisión de Urbanismo.
Sitges, con 474 nuevas viviendas paradas, o el Vendrell, donde se han detenido más de 7.800 y casi todos los sectores previstos de crecimiento, figuran en la lista de los municipios más afectados por el nuevo PDU. También hay Vilanova i la Geltrú, Creixell, Cambrils, Mont-roig del Camp, Amposta o Alcanar. En total, la Generalitat ha liberado 1.878 hectáreas donde no se podrá construir, sea porque se trataba de urbanizaciones inconexas o bien zonas con valor paisajístico, terrenos con bastante pendiente o zonas cerca de ramblas que se han considerado inundables.
En la mayoría de los casos, se trata de proyectos que se tenían que empezar o bien habían hecho algún trámite inicial, según ha explicado el director general de Ordenación de Territorio y Urbanismo, Agustí Serra. Lo que ya está construido en los sectores afectados, sin embargo, no se echará atrás. "Lo que queremos es enmendar el urbanismo desatado durante décadas anteriores", ha defendido el responsable del Govern, que ha insistido que se ha buscado un consenso con los municipios afectados. La aprobación inicial, sin embargo, abre ahora el periodo de información pública para que se puedan hacer alegaciones de cara a la aprobación final de la nueva planificación a principios del año que viene.
Serra ha explicado que lo que se frena, en buena parte, son nuevas urbanizaciones previstas en sectores de estos 30 municipios que no tenían al día la normativa, que hoy tiene en cuenta más criterios de "sostenibilidad" y de crecimiento compacto. De hecho, ha admitido que en Cataluña hay más de 1.700 urbanizaciones y la mitad no están legalizadas, ha lamentado el responsable de Urbanismo, asegurando que es un modelo "a extinguir" porque "no es sostenible".
"Estamos muy satisfechos con cómo queda la planificación, nuestro plan general era muy extensivo y lo que se plantea es reducir el suelo residencial y preservar un corredor paisajístico muy importante entre el Pla de Mar y el macizo de Bonastre", ha explicado la regidora de Urbanismo de El Vendrell, Núria Rovira. El plan del municipio, hecho en 2000, preveía 1.000 hectáreas urbanizables y unos 24.000 nuevas viviendas que, con la modificación, se reducen en un 40%, ha explicado. "Se demuestra que era un plan insostenible y no era bueno ni para Vendrell ni para Catalunya", ha concluido.
Lo que se escapa del PDU
La aprobación de la reordenación urbanística en la Costa Brava el 2019, sin embargo, no paró todos los conflictos abiertos con futuras promociones. Como pasará en este caso, los proyectos que ya estén en una fase más avanzada de la tramitación o que tengan en marcha la construcción difícilmente quedarán parados por el nuevo PDU. De hecho, uno de los casos en que las obras siguen adelante y hay una fuerte oposición de entidades ecologistas es en la costa de Begur, donde el proyecto de Jardins Sa Riera prevé 52 chalés de lujo en lo que hasta hace poco era un pinar junto al mar.
Tal como ya pasó con el caso de la Costa Brava, el Govern no descarta que algunos promotores puedan recurrir (incluso en los tribunales) la detención de los proyectos que tenían proyectados o en trámite en los ayuntamientos. El Govern, sin embargo, ha defendido que quiere "poner orden y coherencia" al urbanismo en una de las zonas (el litoral) más presionadas del país.