La derecha intenta torpedear la ley de la eutanasia

BarcelonaPrimer fue Vox quien intentó que la nueva ley de la eutanasia no viera la luz, y ahora es el PP quien intenta recortar los principales puntos. Las formaciones de la derecha quieren torpedear la nueva regulación, que hace casi tres meses que entró en vigor, después de décadas de lucha ciudadana. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por una cincuentena de diputados del PP en el Congreso, que consideran que seis puntos de la ley vulneran la Constitución.

De momento los magistrados no anticipan su posicionamiento, pero estudiarán los argumentos del PP. También tienen pendiente emitir una respuesta por el recurso de Vox contra la ley, si bien rechazaron suspender de manera urgente su aplicación, como pedía la formación ultra, que consideraba que la entrada en vigor de la regulación conllevaba un daño irreparable.

El recurso del PP alega que la nueva ley vulnera 17 preceptos de la Constitución, entre los cuales el derecho a la vida y a la dignidad de la persona. La formación liderada por Pablo Casado también argumenta que la normativa choca con los artículos de la carta magna que establecen que todos los españoles son iguales ante la ley y que garantizan la libertad ideológica, religiosa y de culto. Además, consideran que la regulación deja desprotegidas a las personas con algún tipo de discapacidad y denuncian que se ha hecho sin escuchar la opinión de los especialistas, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, los informes de los cuales, opinan los populares, son imprescindibles para reformar el artículo del Código Penal que hasta ahora castigaba la cooperación al suicidio.

Según el gobierno español, que asegura que la ley es "garantista", el texto cuenta con el consenso del gobierno y con el aval de la comunidad médica. En Catalunya, el 92% de los 15.000 profesionales sanitarios que participaron en una encuesta del departamento de Salud sobre la norma se mostraron a favor. A pesar de que la ley reserva la posibilidad de que un médico haga uso de la objeción de conciencia si no está de acuerdo con asistir la muerte de un paciente, solo un 11% de los encuestados afirmaban que ejercerían esta potestad.

España es el sexto país del mundo que legaliza la muerte asistida, después de que lo hicieran Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Con la nueva ley, un paciente mayor de edad afectado por una enfermedad grave, crónica invalidante o incurable puede pedir que se le aplique la eutanasia tanto en centros hospitalarios como en casa. Su estado tiene que estar asociado a un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable" y tiene que existir la "seguridad", o haber una gran probabilidad, de que no haya posibilidad de cura o de mejora. Las entidades se habían quejado de que la ley fuera tan garantista, porque creen que no da cobertura a todos los casos. Por ejemplo, deja fuera de la posibilidad de morir dignamente a los menores de edad o a los afectados por una enfermedad mental. Además explicaban que una de las debilidades es que tiene cuestiones interpretables.

Ahora el pleno del TC ha dado traslado de la demanda del PP al Congreso, el Senado y el gobierno español para que puedan personarse en el proceso y presentar sus alegaciones defendiendo la normativa. El magistrado Cándido Conde-Pumpido será el encargado de redactar la ponencia de la sentencia.