Droga en el coche de un estibador, micrófonos en una comisaría y un crimen: la trama corrupta del puerto
Este lunes ha arrancado el juicio contra dos agentes de los Mossos por intentar implicar a un trabajador portuario en un caso de drogas
Barcelona"La libertad de todo el mundo que tenga relación con estas personas posiblemente corre peligro". Este escrito apareció hace años en Los sapos del Puerto. Primero fue una página web y después un blog en el que un anónimo denunciaba que algunos estibadores del puerto de Barcelona eran, a la vez, delatores y narcotraficantes que anticipaban a la policía un envío de droga que estaba a punto de llegar para que le detuvieran y detuvieran a un narcotraficante rival, así ellos podían continuar con su tránsito. Uno de los nombres más repetidos en este blog es el de David Caballero, conocido como Bubito. Corría que era uno de los líderes del polvo blanco en el puerto, pero en esta página le acusaban directamente de serlo y colaborar con la policía.
Han pasado décadas de esta publicación, cuyas consecuencias están ahora más presentes que nunca. Bubito –asesinado de un disparo en Montgat en noviembre del año pasado– y el resto de nombres que aparecen como sapos afirmaron siempre que detrás de la página estaba Carlos L., un estibador del puerto. Al cabo de un tiempo, el 15 de junio del 2016, fue detenido cuando salía de un gimnasio de la zona alta de Barcelona. En el maletero de su coche encontraron dos bolsas con más de 772 gramos de cocaína, 96 gramos de hachís, una pistola semiautomática, un hacha y una navaja.
Durante tres años, Carlos L. tuvo que defenderse de las acusaciones, hasta que en el 2019 el caso dio un vuelco radical: lo que era una acusación contra un estibador se convirtió en una trama en la que estaban implicados dos mossos –un cabo y un agente– y dos mecánicos, con la figura de. Este lunes ha empezado el juicio en la Audiencia de Barcelona por colocar la droga en el coche de Carlos L. y haberlo intentado implicar en un caso de narcotráfico. Se han pedido penas que superan los quince años de cárcel para los cuatro investigados. La sesión ha comenzado con las cuestiones previas, en la que la defensa de los mossos acusados han pedido la nulidad de las actuaciones por cómo se han realizado las escuchas telefónicas y han denunciado una investigación prospectiva. El tribunal ha decidido dirimir esta sesión al término del juicio. Los acusados también declararán los últimos días de pleito.
Este caso no fue, sin embargo, el primer intento de intentar acusar al estibador de un delito. En 2015 Carlos L. fue denunciado por amenazas a un compañero que también decían que formaba parte de los sapos. Por último, quedó absuelto. Con todo, durante el juicio en la Ciudad de la Justicia hubo un rifirrafe entre el acusado y Bubito. Incluso llegaron a las manos y esto les llevó de nuevo a juicio. En ese segundo procedimiento, mientras declaraba, Carlos L. denunció las presuntas actividades irregulares del grupo de estibadores liderado por Bubito. Y fue más allá: dijo que formaban una "organización criminal". Desde entonces, el entorno de este trabajador asegura que Bubito pretendió "deshacerse de cualquier manera" y que le montó la trampa.
Una relación que venía de lejos
El hecho de que el hallazgo de droga en el coche de Carlos L. fuera una trampa es un extremo que los Mossos investigaron a fondo y que la Fiscalía asume en su escrito de acusación. Para ejecutar la trampa, según el ministerio fiscal, entraron en juego los dos mecánicos –para poner la droga en el coche– y los agentes de los Mossos, ambos destinados en la comisaría de Sant Martí. Según el mismo escrito, los agentes buscaron en su base de datos policial información personal sobre Carlos L., como la matrícula de su vehículo, y la facilitaron a los dos mecánicos, uno de ellos ex trabajador de Desokupa.
Los cuatro implicados se conocían de un gimnasio, pero uno de los dos mossos (el que no tiene rango de cabo) también había trabajado en la policía portuaria y conocía a muchos estibadores. Después, empezaron los seguimientos para conocer las rutinas de Carlos L. y decidieron que mientras estaba el gimnasio, junto a la plaza Francesc Macià de Barcelona, era un buen momento para colocar la droga y el arma. Sus conocimientos de mecánica les permitieron colocar la partida sin forzar ninguna puerta.
La Fiscalía continúa su escrito diciendo que el siguiente paso del entramado –que fue clave para involucrar a los agentes– fue una llamada a la comisaría de Sant Martí con el objetivo de delatar a Carlos L. Un tal "Alberto" (que identifican como uno de los mecánicos) pidió hablar con un tal Trini. Este segundo es el apodo de un agente de la comisaría, conocido por tener informantes en el mundo de las drogas. Alberto denunció que había un coche, un Volkswagen Golf, con droga y armas en el interior en la zona de Francesc Macià. Esta chivatazo hizo sospechar a Trini –sus informadores no acostumbraban a decirle por ese nombre.
Además, los hechos habían ocurrido en la otra punta de la ciudad, pero la llamada fue en la sede donde trabajaban los dos agentes investigados. Entonces, el cabo estaba de servicio y gestionó la incidencia: acudió una patrulla de la comisaría de Les Corts (la más cercana al gimnasio), pero también él mismo se acercó a otro vehículo desde Sant Martí. Allí encontraron la droga, el arma y detuvieron a Carlos L. Fue una detención exprés: ni siquiera miraron las cámaras de a pie ni requirieron otro tipo de pruebas. Ahora, ambos mossos se enfrentan a hasta dieciocho años de cárcel y los mecánicos a dieciséis, según la petición de la Fiscalía. Se les imputan delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, detención ilegal y, en el caso de los agentes, revelación de secretos.
Argumento de las defensas
Para llegar a estas acusaciones ha sido necesaria una larga investigación de los agentes de Asuntos Internos de los Mossos en la que las escuchas telefónicas han sido clave. Los investigadores colocaron micrófonos en el despacho del cabo de la comisaría de Sant Martí. Incluso pusieron un geolocalizador en el coche policial que utilizaban, según ha podido confirmar el ARA. Y, para ponerlos nerviosos, dejaron un informe con fotografías de ambos mecánicos encima de su mesa: intentaban que hablaran del caso. Las escuchas, según fuentes cercanas a la causa, incluso hicieron sospechar a los investigadores que el contacto entre los mossos y los mecánicos no fue exclusivamente por el caso Carlos L., sino que incluso se sobreentendía que hablaban de vender geolocalizadores de la policía.
Con todo, la defensa de los mossos investigados critica que las escuchas telefónicas no estaban suficientemente justificadas para que la instructora las aprobara. Creen que antes de pinchar todos aquellos aparatos la policía tenía pocos indicios contra sus clientes y, por tanto, pedirán la nulidad de las actuaciones. Otro elemento que critican es que la investigación fue prospectiva, puesto que si bien la figura de Bubito ha planeado por toda la instrucción, nunca se la ha llegado a investigar formalmente por estos hechos.
Hay que tener en cuenta que a éste estibador le asesinaron el año pasado después de dejar al hijo pequeño en la escuela. Un hombre le dio un disparo por la espalda mientras desayunaba en un bar y todavía se investiga si fue una venganza ordenada por otro narcotraficante del puerto. Desde la defensa de los acusados concluyen que las pesquisas policiales se centraron en los agentes y no profundizaron en las dinámicas internas del puerto que condujeron a intentar poner a Carlos L. en prisión.
La web como origen
Para intentar encontrar el detonante del conflicto hay que remontarse de nuevo a Los Sapos del Puerto. Además de describir la peligrosidad de ciertas personas vinculadas al tráfico de drogas en el puerto, en la web incluso se apuntaba que los sapos pararon una "trampa" al empresario todopoderoso José Mestre, que en 2010 fue detenido por colaborar con una banda colombiana que introdujo 187 kilogramos de cocaína en el puerto. Aunque la policía ubicó la dirección de la web en una cárcel de Bogotá, las sospechas de los sapos se dirigieron hacia Carlos L.
Algunas fuentes consultadas por este diario también apuntan a que, en cierto momento, Carlos L. se negó a entrar en el negocio de la cocaína. "Y decir que no a veces es más peligroso que decir que sí", apunta una voz conocedora de los movimientos del puerto de Barcelona. Desde entonces, Carlos L. no es lo mismo. Siempre se siente vigilado, sospecha de todos, incluso del entorno más cercano, y se siente angustiado, solo. Ha sido sometido a tratamiento psiquiátrico y neuropsicológico, diagnosticándole depresión recurrente y trastorno de ansiedad. Su abogada, Eulàlia Puig del despacho Fils, añade que, aparte de la colocación de la droga y la pistola y las amenazas, también intentaron involucrarle en un caso de pornografía infantil sin éxito.
El caso se juzgará estas semanas en unas sesiones donde no solo se hablará de un intento de incriminar a un estibador, sino también del negocio de la droga en el puerto de Barcelona y del presunto papel corrupto de algunos policías.