Clamor para no acatar la sentencia del 25% de las clases en castellano

BarcelonaClamor común de la Generalitat, los sindicatos y asociaciones de profesores y las entidades culturales contra la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de clases en castellano. "El catalán no se toca y la escuela catalana tampoco", ha afirmado este viernes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya declarado firme la resolución que cuestiona el modelo de escuela catalana y de inmersión lingüística. Aragonès ha exigido que se acaben los “ataques a la lengua, a la enseñanza y al país entero", así como la politización de la educación, y ha asegurado que el Govern no permitirá que “se ponga en riesgo la cohesión social”.

“La sentencia nos indigna y pediremos no acatarla y proteger la lengua catalana en nuestros centros educativos”, ha remachado Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario de maestros en la escuela pública, que también ha subrayado que no hay “ninguna ley” o directriz educativa que estipule que se tenga que dar un 25% de las clases en castellano. “Este porcentaje lo han decidido unos jueces que no tienen competencia en materia educativa”, ha denunciado en declaraciones a Tv3. Segura también ha instado al Govern a convocar una cumbre de urgencia para "acordar una estrategia y hacer fuerza unitaria" y ha criticado que haya "faltado valentía" para proteger el catalán en las aulas.

El sindicato Intersindical-CSC también ha denunciado que la sentencia –que inscribe en un marco de reiterada injerencia judicial– responde a "intereses y criterios ideológicos y no pedagógicos, que son los que tendrían que guiar la tarea educativa". "Pedimos al conseller de Educación y a la Generalitat que no cedan a las presiones y que no solo no apliquen esta sentencia que liquidaría la educación en catalán, sino que refuercen todavía más el modelo lingüístico", reivindican en un comunicado. En este sentido, exigen al Govern que apliquen la normativa catalana para garantizar que la lengua vehicular de la educación sea el catalán.

También la presidenta de la Asociación de Maestras Rosa Sensat, Francina Martí, ha lamentado que se esté centrando el debate educativo, pedagógico y lingüístico en porcentajes cuando el objetivo tendría que ser que los alumnos acabaran la escolarización conociendo las dos lenguas oficiales. “La escola en Catalunya es una escuela en catalán y yo creo que nos tenemos que mantener en este espíritu, porque la ley nos ampara, tanto la estatal como la catalana”, ha defendido en una entrevista en Tv3. Además, ha asegurado que el catalán está en retroceso en la escuela. Según datos del departamento de Educación, menos de la mitad de los profesores utilizan habitualmente el catalán para dirigirse a toda la clase y el uso del catalán entre los alumnos ha caído en picado: ha pasado del 68% al 21% en 15 años.

También Òmnium Cultural ha hecho un llamamiento a "defender el modelo de escuela catalana" y ha pedido que "se ignore la sentencia". El aún presidente de la entidad, Jordi Cuixart, ha dicho que no se puede acatar una sentencia que “ataca la escuela, la lengua y la convivencia”. “Protejamos a los maestros y blindemos un consenso básico, ejemplo de cohesión y orgullo de país”, ha tuiteado. Y desde la CUP también han reclamado que no se aplique la sentencia "en defensa de una escuela catalana para todos y todas, contra nadie". “Por el bien común y compartido de la lengua catalana. Por la inclusión y la cohesión. Defendamos nuestras escuelas”, ha tuiteado el diputado Carles Riera. 

Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC) también se han posicionado en contra de la resolución. Su presidenta, Belén Tascón, ha denunciado que la sentencia es "una extralimitación del TSJC" que "no tiene cabida en el actual marco jurídico". "La ejecución tendría que pedirla el stakeholder, que es el ministerio de Educación", ha lamentado en declaraciones a Efe. Como representante de más de 500.000 familias, Tascón ha asegurado que a pesar de que a la federación "hay pluralidad" de opiniones al respecto, "la agobiante mayoría" defiende el modelo de educación con el catalán como lengua vehicular.

Entidades antiimmersión: "El cronómetro se ha puesto en marcha"

De hecho, la federación de familias AMPA Total, promovida por Hablamos Español y Convivència Cívica Catalana, han considerado que la sentencia "es una muy buena noticia" porque "pondrá fin a la inmersión lingüística". A la vez, las 14 entidades antiimmersió que forman Escuela de Todos - Escuela de Tothom, una organización nacida el diciembre pasado para tramitar las peticiones de las familias que quieran que el 25% de la escolarización de sus hijos sea en castellano, han celebrado la resolución judicial. "El cronómetro se ha puesto en marcha", afirman. Según Societat Civil Catalana, la Generalitat tiene que cumplir inmediatamente la sentencia. "En democracia no hay nada ni nadie por encima de las leyes. De otro modo, habrá que aplicar un 155 educativo en Catalunya", han amenazado.

Ahora bien, las entidades también dicen que temen que el Govern presente un recurso para "dilatar" el proceso. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) encabeza la ofensiva y su presidenta, Ana Losada, ha avisado que si la Generalitat no empieza a aplicar el contenido de la sentencia y el gobierno español "no le obliga a hacerlo", interpondrán una demanda colectiva para conseguir que se aplique. "Contamos con el apoyo de 300 familias", ha añadido.