Frente común antiinmersión para exigir el 25% de las clases en castellano

Una decena de entidades se ofrecen a recoger y tramitar las peticiones de las familias para ejecutar la sentencia

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Una clase de una escuela sin alumnas, en una imagen de archivo. — Una clase de una escuela sin alumnos, en una imagen de archivo. ACN

BarcelonaFrente común de las entidades antiinmersión para que las medidas cautelares que obligan a fijar un 25% de horas lectivas en castellano en una clase de una escuela de Canet de Mar se reproduzcan en el resto de centros de Catalunya, en todas las líneas y etapas educativas. Una decena de organizaciones, entre las cuales Societat Civil Catalana (SCC), S’ha Acabat y Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB), han presentado este jueves la campaña Escuela de Todos - Escola de Tothom para canalizar y tramitar las peticiones de aquellas familias que quieran denunciar o judicializar la situación del modelo educativo catalán para que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo, que rechazó el recurso de casación del Govern. El objetivo, sin embargo, es presionar a la Generalitat para que equipare el castellano al catalán como lengua vehicular de educación, según entienden las entidades que hay que hacer a partir de las órdenes de los tribunales.

“Nadie pide solo dar clases en castellano, sino en las dos lenguas, y trabajaremos por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)”, ha afirmado este jueves la presidenta de la AEB, Ana Losada. “Se tienen que acabar los Canet de Mar. Queremos dejar de ser padres héroes o activistas y queremos una escuela de todos los catalanes, castellanoparlantes y catalanoparlantes”, ha añadido.

La decisión judicial que obliga al aula de Canet de Mar a hacer un 25% de las horas en castellano después de la petición de una sola familia ha generado una enorme polémica a pesar de que ya ha habido unas ochenta sentencias similares a la de esta escuela y hay una decena más de procedimientos abiertos en los tribunales. Según los portavoces de las entidades, esta última resolución es un punto de inflexión y un “revulsivo” que ha servido para visibilizar “una vulneración de los derechos de los alumnos que hace 30 años que se arrastra”. Según Losada, desde entonces, unas sesenta de familias han pedido a la AEB el formulario para iniciar los trámites para judicializar los casos y 13 familias ya han pedido el bilingüismo en la administración.

Las entidades denuncian que la Generalitat, algunos partidos políticos y el propio Síndic de Greuges están llamando a la desobediencia. “La situación es de gravedad máxima”, asegura el presidente de la entidad unionista Impulso Ciudadano, José Domingo, que critica que el president de la Generalitat haya convocado este jueves una cumbre extraordinaria por la lengua únicamente centrada en el catalán. “Las instituciones han decidido que una resolución judicial no se cumplirá y que el modelo de inmersión no se toca. Si tenemos que ir escuela por escuela para que se haga justicia y se haga lo que quieren la mayoría de catalanes, lo haremos”, ha dicho Domingo.

Respuesta gubernamental "sectaria"

La plataforma facilitará formularios a las familias o alumnos mayores de edad que quieran pedir que la Generalitat aplique el 25% de horas lectivas en castellano para articular las peticiones en un demanda de ejecución de la sentencia al TSJC. Según los portavoces, el objetivo no es colapsar los tribunales de denuncias similares a las de la familia de Canet de Mar. De hecho, dicen que antes de emprender ninguna ofensiva judicial para “evitar que España reciba un toque de atención por parte de la Unión Europea para incumplir las resoluciones judiciales”, esperarán los dos meses que da la justicia a la Generalitat para hacer ejecutar la resolución o para que el gobierno español exija el cumplimiento a través del TSJC.

Fernando Sánchez-Costa, de SCC, cree que la negativa del Govern a cumplir la sentencia del Supremo es “sectaria” porque la demanda de las familias es “de sentido común, de justicia y corresponde a la realidad sociolingüística de los alumnos y de la mayoría de catalanes”. “Nos sentimos con toda la fuerza para iniciar esta revuelta. Tendemos la mano al president para hablar de esta cuestión, pero hay una premisa: se tienen que cumplir las sentencias”, añade. La plataforma pide encontrarse con el Govern, los partidos políticos y los sindicatos y ha habilitado una web para captar fondos.