La Fundación Bofill reclama más control y más responsabilidad en las escuelas concertadas

BarcelonaCatalunya es uno de los siete sistemas educativos de la OCDE con más peso de la educación concertada: estas escuelas, de titularidad privada, pero con financiación pública, escolarizan a un tercio del alumnado del país (y la mitad de Barcelona), pero a pesar de su importancia en el sistema educativo, se regulan por el mismo decreto de hace casi 30 años. "Es inexplicable, es una chapuza. El modelo está caducado y cuesta entender por qué nadie ha entrado a revisarlo", dice el director de la Fundación Jaume Bofill, Ismael Palacín. El anterior gobierno anunció un nuevo decreto de conciertos, pero ha quedado en un cajón y Bofill ha aprovechado los limbos actuales para denunciar que el modelo vigente genera desigualdades y para reclamar que la nueva regulación exija más corresponsabilidad, más control financiero y más transparencia.

"Catalunya llega tarde, pero tiene margen de mejora", apunta Clara Fontdevila, una de las autoras del informe La concertada a debate, presentado este jueves. Según el estudio, las escuelas públicas matriculan el doble de alumnos extranjeros que las concertadas, el 60% más de alumnos con necesidades educativas de apoyo y cuatro veces más de alumnado de nivel socioeconómico bajo. A la pública también van el 84% de alumnos con beca comedor, a pesar de que escolariza el 66% del total de alumnos: el estudio constata que habría que escolarizar a unos 17.000 alumnos con beca comedor en la concertada para tener una distribución equilibrada entre los dos modelos.

Pero según Bofill, el debate no tiene que ser "concertada sí o no", porque se da por hecho que "es el sistema que tendremos en los próximos 10 o 20 años". El debate, dicen, se tiene que centrar en cómo se gestiona este modelo, que ahora es "anómalo y disfuncional": "se actúa como si no existieran los copagos, hay una dinámica de competitividad entre familias y entre centros y hay una selección encubierta del alumnado". Un "sálvese quien pueda", ha resumido Palacín. Y, a pesar de que han reconocido que dentro del sector de la concertada hay muchas diferencias, con centros inclusivos que hacen grandes esfuerzos económicos para atender la diversidad y "otros elitistas que se niegan a corresponsabilizarse", en general el sector "resulta beneficiado" por la normativa actual, porque permite cobrar cuotas sin el control de la administración y permite escoger de manera encubierta a los alumnos que escolariza, dice el informe. "El concierto no es una subvención, es un contrato entre un centro y la administración para prestar un servicio público. Los actores tienen que responder a este contrato", recuerda Adrián Zancajo, otro de los autores del estudio.

En Bofill valoran que el departamento de Educación haya aprobado el decreto de admisión como un "primer paso" para repartir de manera más equilibrada a los alumnos desfavorecidos, pero avisan que la nueva normativa se despliega con lentitud y de manera "errática". Por eso piden ir más allá y plantean más medidas: la más importante, un nuevo decreto de conciertos que condicione la subvención a la corresponsabilidad de las escuelas concertadas en la lucha contra la segregación, la eliminación de cuotas y las necesidades de escolarización de la zona. Pero también proponen más cambios de titularidad de la red pública a la concertada e, incluso, de la concertada a la privada, así como crear una plataforma única y centralizada para gestionar las cuotas y una auditoría para controlar los ingresos y gastos.

Cobro de cuotas

En relación con las cuotas, el informe concluye que el sistema es "inaudito" y que las cifras que se cobran a las familias, de entre 500 y 930 euros al mes, "no se corresponden" con el infrafinanciamiento del sector. De hecho, para Meritxell Ruiz, secretaria general de la Fundación Escuela Cristiana de Catalunya (FECC), que aglutina el 70% de centros concertados, el problema principal de este estudio es que obvia precisamente uno de los aspectos que generan más desigualdad en el sector educativo: "Lo que segrega es que una familia tenga que pagar y esto no se puede resolver hasta que no se resuelva la falta de financiación", dice Ruiz. Hace años que las patronales de la escuela concertada denuncian que el Govern les paga unos 2.750 euros por alumno cada año, cuando en realidad la plaza escolar cuesta 4.660 hasta sexto de primaria y 5.211 en secundaria, según dijo el Síndic de Greuges.

Según Ruiz, el problema no es "del modelo de financiación" (el concierto educativo), sino "la aplicación de este modelo". "El principal factor de segregación es el infrafinanciamiento de la escuela concertada, que la administración no pague a las escuelas lo que nos toca. Un modelo de concierto bien financiado no generaría desigualdades", asegura. Ruiz, además, niega los datos sobre las cuotas que recoge el informe: asegura que el 70% de escuelas concertadas cobran menos de 300 euros (contando solo la escolarización), que ninguno de los centros que pertenecen a su asociación cobra 500 euros al mes y que, de media, se cobran unos 100 euros mensuales.