De los 2.545 alumnos catalanes de 15 años que debían participar en las pruebas PISA, 591 fueron excluidos, y finalmente solo hicieron la prueba 1.954, una desviación que, según la Generalitat, provocó “un problema de representatividad estadística”. PISA permite determinadas exenciones cuando una discapacidad física, cognitiva, conductual o emocional o un dominio insuficiente de la lengua imposibilitan hacer la prueba de manera adecuada.No obstante, estas circunstancias no implican automáticamente quedar fuera, ya que cada alumno debe ser valorado individualmente según la gravedad de su diagnóstico. En los casos leves, o cuando se pueda evaluar con los apoyos adecuados, el alumno debe participar en las pruebas. Esta incidencia técnica hizo que la muestra de los alumnos fuera “válida pero no representativa”, explicó Fernández la semana pasada.Los resultados obtenidos por los alumnos catalanes sí aparecerán en el informe estatal de septiembre, acompañados de una advertencia técnica, pero no se podrán utilizar para extraer conclusiones comparables sobre la evolución de Cataluña ni respecto al resto de comunidades, de modo que su principal objetivo y función quedará invalidado.
El Gobierno no ha aclarado el origen del error de las pruebas PISA
La consejera de Educación asume la "gravedad de la incidencia" y asegura que se depurarán responsabilidades
BarcelonaA pesar de tener constancia desde marzo, el Gobierno todavía no sabe cómo se ha producido el error que ha invalidado la inclusión de los resultados de Cataluña en las pruebas internacionales PISA y que, por tanto, imposibilita comparar el nivel de los alumnos catalanes con el de otros territorios y con años anteriores. En una comparecencia parlamentaria, la consejera de Educación, Esther Niubó, ha admitido este lunes la "gravedad" de la situación, pero ha defendido que el ejecutivo puso en marcha hace cuatro meses un proceso interno para recoger información y reconstruir los hechos con el objetivo de aclarar el origen de la incidencia que hizo que la Generalitat descartara un 23% de los estudiantes, a pesar de que la OCDE marca que este porcentaje no puede superar el 5%. El informe todavía no se ha elaborado y, por tanto, Niubó ha dicho que todavía no tienen conclusiones sobre por qué no se detectó a tiempo la elevada tasa de estudiantes exentos de hacer los exámenes.
La consejera de Educación sí que ha querido señalar que, a día de hoy, la hipótesis principal es la coincidencia en el tiempo entre esta evaluación internacional (que se hizo entre el 31 de marzo y el 16 de mayo) y las pruebas de fin de etapa de la ESO (el 10 y el 11 de abril). Según la consejera, ambas pruebas tienen criterios de exención del alumnado diferentes y esto "permite plantear que se pudiera haber generado confusión en los centros sobre los criterios que se debían utilizar". "Los mismos 51 centros educativos que fueron la muestra en PISA también tuvieron que aplicar, con muy poca diferencia de tiempo, dos evaluaciones sometidas a marcos diferentes", ha planteado. En este sentido, la consejera ha enviado un mensaje a los centros participantes de las pruebas: "Este departamento no ha culpado a ningún director o directora de ningún centro que hizo la prueba". De hecho, ha afirmado que esta confusión "todavía no es una conclusión acreditada" y, en caso de confirmarse, tampoco "eximiría del error" a la administración.
Por ello, la consellera ha recordado que el viernes se creó la nueva Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación para comprobar las exenciones y evitar que se repita esta situación. Además, ha lamentado que hechos como estos "estropean la reputación del departamento", por lo que "se actuará en consecuencia" y, "si hay responsabilidades, se depurarán a fondo". Niubó también ha señalado que la investigación deberá analizar el funcionamiento de los circuitos entre el departamento –a través del Consejo Superior de Evaluación–, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la empresa encargada de la ejecución de las pruebas. Por otra parte, ha situado la aplicación de las pruebas en un período de transición institucional entre el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo y la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, pero ha remarcado que este contexto "en ningún caso puede servir de excusa".
A pesar de que el problema no afecta las respuestas del alumnado, ni el nivel o los resultados de las pruebas, sino la representatividad de la muestra, la consellera ha indicado que los criterios de la OCDE establecen que las exenciones se deben valorar individualmente y que "disponer de un informe de necesidades educativas específicas de apoyo educativo no implica, automáticamente, quedar fuera de la prueba".
La reacción de la oposición
Todos los grupos presentes en la comisión de Educación del Parlament han pedido responsabilidades a la consellera y han criticado la gestión del departamento. Junts, la CUP, el PP y Vox han reclamado la dimisión de la consellera, mientras que Aliança Catalana ha pedido la disolución del Govern y la convocatoria de elecciones anticipadas. En cuanto a los socios de investidura del Govern, la diputada de ERC Irene Aragonès ha exigido que las responsabilidades políticas no recaigan sobre los docentes y las direcciones de los centros tras lo que considera "un fracaso institucional", y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, ha pedido una auditoría independiente porque cree que no es suficiente con solo admitir el error ante la actual "crisis educativa".
Ante las quejas y los reproches de prácticamente todos los grupos parlamentarios, Niubó ha defendido que el escándalo habría sido no actuar en marzo –cuando la Generalitat tuvo conocimiento del incumplimiento de los parámetros metodológicos de exención del alumnado–, momento a partir del cual se ordenó la apertura de diligencias informativas. "Asumimos la gravedad de esta incidencia y actuamos con transparencia, rigor y responsabilidad compareciendo inmediatamente al Parlament. Reforzaremos los controles para que esto no vuelva a pasar", ha asegurado. La consellera ha recordado que el año pasado ya hubo un revuelo importante cuando un error deliberado de uno de los trabajadores del departamento obligó a repetir todo el proceso de adjudicación de plazas de docentes y profesores para el curso siguiente y retrasó los resultados. "No rehuiré una evidencia incómoda", ha afirmado la consellera, que ha aclarado que el departamento es responsable de algunos de los procesos administrativos más grandes del Govern.
Después de la comisión ha sido el turno de los sindicatos. Desde el Parlament, la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, ha lamentado haber conocido el error a través de los medios de comunicación y ha acusado al Govern de actuar de "manera muy poco transparente". También ha ironizado con el hecho de que los problemas que sufre la educación catalana se deben a fallos técnicos, para después afirmar que detrás de estos errores técnicos siempre hay decisiones políticas, como por ejemplo no comunicarlo durante cuatro meses, ha espetado. Para la secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, también falta voluntad política para "arreglar la emergencia educativa" y ha lanzado una advertencia: "Si esto no se puede hablar en una mesa de negociación, se tendrá que hablar en las calles". Ambas han recordado que hay una manifestación educativa convocada para el 8 de septiembre.
Illa y Paneque hacen piña con Niubó
Desde el Govern, sin embargo, cierran filas con la consellera. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que "no se trata de colgarle la medalla a nadie" por el error en el informe PISA, sino de aclarar los hechos para "evitar que se vuelvan a repetir". Así lo ha considerado en una atención a los medios desde el Templo de la Literatura de Hanói, en Vietnam, donde está de visita institucional. Además, antes de la comparecencia, ha reiterado su apoyo a Niubó.
La portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, también ha defendido a la consellera en declaraciones a TV3. "Hay que explicar exactamente qué ha pasado y cómo se puede evitar que vuelva a pasar. Espero estas explicaciones y todo lo que los grupos parlamentarios pongan sobre la mesa. Antes de pedir dimisiones, querría que los grupos esperaran las explicaciones. Esto es lo que espera la ciudadanía de nosotros", ha argumentado.