Pobreza infantil

Cataluña 'busca' familias pobres para que cobren más ayudas

Un grupo de expertos apuesta por crear una prestación complementaria para pagar la vivienda como estrategia contra la pobreza infantil

Unos adolescentes jugando en la pista de una escuela de Barcelona, en una imagen de archivo.
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BarcelonaLa Generalitat busca familias con hijos que tengan derecho a cobrar una prestación por niño y que, por diversas razones, no la reciban. Es una de las medidas que plantea el Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), que hace unos meses recibió el encargo de la consejería de Derechos Sociales de encontrar fórmulas para reducir la tasa de pobreza infantil, situada en el 34% y que, en palabras de la consejera Mònica Martínez Bravo, es "persistente y superior" a la media de la Unión Europea (20%), e incluso de España (29,2%). De hecho, sólo la supera Bulgaria (35%).

Un tercio de los menores catalanes están en riesgo o en exclusión social y, de éstos, un 14% "son los más vulnerables de los vulnerables", ya que sufren carencias de primera necesidad. Pero el abanico de ayudas y prestaciones en función de la renta se ha demostrado ineficaz para acabar con esta lacra, por lo que los expertos entienden que hay que recurrir a la escuela u otras fuentes para identificar la pobreza y poder combatirla. Esta situación es evidente en el CAPI, el complemento de ayuda para la infancia del estatal ingreso mínimo vital, que en Catalunya cobran sólo el 11% de las familias que encajan en los criterios de elegibilidad, mientras que en España la cifra es del 72%. La consellera ha vuelto a insistir este lunes en que su voluntad es aumentar la cobertura al menos hasta el 40%, es decir, cuadruplicar el valor actual.

El CAPI, al ser una prestación estatal, se calcula a partir de criterios de renta estatal, y como Cataluña es más rica que la media, al final sale perjudicada porque el umbral de pobreza queda demasiado bajo. En este punto, los expertos del CETIS señalan que hay que revisar los umbrales de la prestaciones sociales para hacer un sistema más ágil y automatizado, de modo que las familias vulnerables no tengan que estar batallando con la burocracia y sufriendo por si cumplen o no los requisitos.

En esta línea, los expertos apuestan por hacer un replanteamiento sobre quién puede recibir las prestaciones y aconsejan mirar más allá de los ingresos y rentas de las familias, porque ya se ha constatado que el precio disparado de la vivienda está empobreciendo a las familias. La situación es más grave si se vive de alquiler y en zonas superpobladas, donde el mercado está más tensionado y, por tanto, hay familias que deben destinar hasta el 60% del sueldo a pagar el techo, un porcentaje muy superior al tercio aconsejado. Así, una de las recomendaciones es tener en cuenta este coste de la vivienda y, como se hace con el CAPI, crear un complemento de vivienda que cubra también a las familias que quedan fuera de la renta garantizada o el IMV por tener unos ingresos superiores.

Ayuda por nacimiento

Cataluña, como España, forma parte de la minoría de países de la UE en la que se ha prescindido de las prestaciones de infancia universal y se limitan a las que están focalizadas en función de rentas económicas. Según los expertos, estas prestaciones se demuestran poco eficaces para acabar con la pobreza extrema. En parte, este fracaso se debe a la complejidad burocrática, una barrera en la que el departamento está trabajando con la gestión tecnológica y con el reforzamiento de personal en las oficinas de prestaciones para agilizar los pagos y al mismo tiempo evitar errores que lleven a los pagos indebidos.

También existen otros factores que dificultan el cobro de prestaciones. Por un lado, el desconocimiento de qué ayudas hay y, por otro, la "vergüenza" por recibirlas, indican los expertos. Por eso, se propone la creación de una nueva ayuda universal para el primer o segundo año de vida de la criatura. De esta forma, los especialistas del CETIS consideran que las familias vulnerables tendrán un primer contacto directo con la administración. A partir de ahí, se mantendría el vínculo con las familias más vulnerables que tuvieran derecho a recibir otras prestaciones. Esta "estrategia" tiene un doble beneficio: para las familias beneficiarias y también para las administraciones públicas, que podrían reducir la burocracia.

La consellera ha hecho una buena valoración de las recomendaciones de los expertos, y ha subrayado que el informe coincide con la reforma de la renta garantizada que está en el Parlament y la puesta en marcha de la ventanilla única de prestaciones, prevista para el próximo año.

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