La empresa cobradora de Endesa, a juicio por estafa y coacciones

BarcelonaLa empresa cobradora de Endesa, DPS Consulting, tendrá que responder ante la justicia por sus métodos a la hora de reclamar facturas impagadas. La denuncia de una clienta fue admitida a trámite en diciembre de 2020 y ahora, una vez finalizada la investigación del caso, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) junto con Arrels Advocats (que defienden a la clienta) se han presentado como acusación y piden penas de hasta dos años de prisión para tres miembros de este bufete de impagos: la trabajadora que hizo la llamada y dos directivos. Los acusan de un delito de estafa en grado de tentativa, coacciones y usurpación de funciones públicas, porque la cobradora se hizo pasar por una funcionaria de los juzgados y amenazó con embargar las cuentas de la clienta de Endesa –considerada como vulnerable– si no pagaba las facturas pendientes.

Los hechos se remontan a 2020, cuando Yolanda recibió la llamada de una trabajadora de DPS Consulting (también conocida como Pares-Seixas Advocats) haciéndose pasar por una funcionaria de la administración de justicia. En el audio informa a la clienta de que si no paga las deudas antes de dos semanas le embargarán las cuentas. Durante la investigación del caso, la trabajadora aportó pruebas "clave" según la APE, como por ejemplo el guion que le facilitaba la empresa para llamar a los clientes y reclamar las deudas.

A continuación reproducimos la grabación de la llamada que recibió Yolanda y que hizo pública la APE:

Según explica la APE, durante la investigación la trabajadora también dejó claro que los empleados de este bufete de impagos están sujetos a un sistema de bonificación y penalización en función del cumplimiento de los objetivos económicos establecidos. "Queda patente que este tipo de engaño telefónico constituye una práctica deliberada del gabinete, orquestada por su directiva", argumenta la asociación, que también apunta que se reclamaban incluso cantidades de deudas prescritas.

Endesa también denunció a la trabajadora

Cuando se destapó el caso, a finales de 2020, fuentes de Endesa explicaron al ARA que ellos también llevaron el caso a la Fiscalía porque consideraron que los métodos denunciados no "se adecúan a las prácticas y el código deontológico" de la compañía. También abrieron una auditoría interna. Aún así, la compañía –que no cortó el suministro a Yolanda, porque era una persona vulnerable– continuó trabajando con DPS, puesto que considera que la empresa "ya depuró responsabilidades". Además, la eléctrica asegura que la auditoría interna concluyó que no se podía demostrar que los directivos de DPS fomentaran estas prácticas. Ahora, sin embargo, Endesa remarca que seguirá atenta al proceso judicial para tomar nuevas decisiones en caso de que fuera necesario.

Por su parte, la APE mantiene que "el caso de Yolanda no es aislado" sino que forma parte de las estrategias habituales de las compañías cobradoras para reclamar las deudas, un "acoso", dicen, que se mantiene aunque la ley contra la pobreza energética protege a las familias vulnerables de sufrir cortes a pesar de los impagos.