Raúl Moreno: "La inmensa mayoría de las personas que duermen en la calle han sido desahuciadas"

Santa Coloma de GramenetHace poco más de dos meses que Raúl Moreno (Barcelona, 1978) está al frente del departamento de Derechos Sociales. El ARA le entrevista por primera vez desde que ha asumido el cargo de consejero en la residencia de personas mayores Ramon Berenguer, en Santa Coloma de Gramenet.

¿Por qué nos ha citado en esta residencia?

— Hace unas pocas semanas que se ha terminado la renovación de todo el aire acondicionado. La Generalitat ha destinado dos millones y medio de euros dentro del Plan Clima, porque el cambio climático hace que debamos asegurar que las personas vivan con seguridad y con confort. Hemos puesto en marcha un plan para poner aire en 50 residencias de Cataluña con una inversión de 58 millones de euros. Para el resto de centros privados, que no son de la Generalitat, habilitamos un crédito del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de 50 millones de euros para que antes del 2031 estén climatizadas.

Por otro lado, el sector reclama más plazas y más manos.

— Nos comprometimos en estos cuatro años a crear 6.000 nuevas plazas concertadas y a finales de este año ya habremos cumplido este objetivo. En dos años y medio hemos hecho todo aquello que queríamos hacer en cuatro años. Es la provisión más grande que se ha hecho nunca de plazas residenciales en Cataluña. El presidente Illa lo que dijo es que, evidentemente, si tenemos 15.000 personas en lista de espera, necesitamos ampliar, y también por el envejecimiento de la población, hay que llegar a las 20.000 plazas en el año 2030.

Pero hay catalanes que mueren antes de conseguir la plaza. ¿Es asumible el volumen de personas que necesitarán atención en los próximos años?

— Sí, es asumible. Vamos tan rápido como podemos, pero para concertar plazas las residencias deben estar construidas y aquí necesitamos la colaboración del sector, que se ha mostrado dispuesto para poder hacerlo. La lista de espera es de 15.000 personas, nosotros planteamos 20.000 plazas sumando estas 6.000 que ya hemos hecho. Por tanto, sí que se prevé un cierto incremento para responder al envejecimiento de la población. Intentamos recuperar el tiempo perdido y conseguir el máximo de plazas posibles.

A día de hoy, ¿cuál es la lista de espera para la prestación por dependencia?

— Nos encontramos una lista con unas 63.000 personas y 400 días de espera para recibir una prestación entre que la pedían y que la recibían. Y esto es intolerable para un país como Cataluña: había que rehacer todo el circuito. Las valoraciones las estamos haciendo telemáticas con 148 contrataciones y esto nos permite reducir los plazos. Además, en el año 2027 se incorporarán los centros de atención primaria (CAP) para poder hacer la petición. El objetivo es pasar de los 400 días a los 60 a finales de 2027. Ya hemos visto que es viable con una prueba piloto en Vic.

¿Cómo ha cambiado la atención a la infancia vulnerable con la nueva DGPIA?

— Hemos intentado incluir una visión mucho más preventiva, no solo en situaciones de emergencia o desamparo. Nos permite intentar reducir los casos de institucionalización y, por tanto, que los menores, siempre que se pueda trabajar en ello, puedan quedarse con la familia; lo cual es mejor también para el desarrollo del menor. Los informes de la Sindicatura de Cuentas y de la Sindicatura de Agravios señalaban errores anteriores a este Gobierno, pero igualmente nosotros queríamos saber qué es lo que pasó para poder hacer estas modificaciones.

¿Eran necesarias estas modificaciones?

— El sistema no es infalible, pero no es un mal sistema. Está protegiendo a alrededor de 6.000 jóvenes en el conjunto del país. Por tanto, funciona. Los jóvenes tienen su vida y toman sus propias decisiones. Estamos hablando de jóvenes que, desde el punto de vista de su situación social o familiar, vienen con experiencias muy complicadas. Es un sistema que funciona gracias también a sus profesionales y al conjunto de modificaciones que estamos haciendo. Siempre es mejorable y es lo que intentamos hacer.

Ante la crisis humanitaria que todavía se vive en Ceuta, ¿puede decirnos cuándo llegarán los primeros niños para la acogida?

— El gobierno de España está instalando una serie de servicios para poder sacar a estos niños de la calle, algo que es fundamental para filiarlos. Dentro de este proceso hay una parte que es poder contactar con la familia y el país de origen para ver si es posible el retorno. Nosotros lo que hemos dicho es que desde el Gobierno seremos solidarios. Cataluña es la comunidad autónoma que más jóvenes migrantes solos acoge históricamente. Y esto se debe tener en cuenta. Creo que el resto de comunidades deben hacer un esfuerzo también para adaptar los servicios de acogida a esta realidad. Así, aquellos que ya han hecho esfuerzos podrán colaborar de una manera determinada y aquellos que todavía no los han hecho se tendrán que poner las pilas. No debemos decidir si debemos acoger o no debemos acoger. Tenemos la obligación moral, pero sobre todo legal, de acoger a los jóvenes migrantes solos que están en situación de desamparo.

Esta crisis ha amplificado los discursos de odio. ¿Cómo cree que se deben combatir?

— Desde todos los ámbitos, porque es un discurso absolutamente divisorio, que busca señalar al diferente, y no porque sea inmigrante, sino también porque es pobre. Es un discurso que utilizan Vox y el PP para intentar criminalizar en una situación muy complicada. Con esta negativa a buscar soluciones lo que hacen es perpetuar el problema en Ceuta. Y mientras políticamente a ellos les puede ser rentable, tenemos una situación muy complicada desde el punto de vista de los derechos humanos que afecta a adultos, pero fundamentalmente a niños, y que no nos deberíamos permitir como sociedad.

¿Qué pasará si una comunidad se niega a acoger a estos niños?

— La competencia de la protección de los menores es de las comunidades autónomas. Pueden negarse, pero tendrán represalias desde el punto de vista judicial. Yo les preguntaría si están dispuestos a vulnerar la ley.

Consejero, ¿cuántas personas viven en situación de sinhogarismo en Cataluña?

— Alrededor de unas 8.000 personas. En Barcelona hay 2.000 que duermen en la calle y 2.500 más que están durmiendo en dispositivos. También hay en Lérida, Gerona, en las grandes capitales y en pequeñas ciudades que antes no tenían fenómenos de sinhogarismo y que ahora sí. La inmensa mayoría son personas que duermen en la calle por cuestiones de vivienda, que han sido desahuciadas, que ya no pueden pagar su vivienda. Casi la mitad de estas personas que han acabado en la calle trabajan, tienen un sueldo, pero les es insuficiente para poder alquilar, incluso una habitación en Barcelona. Además, el sinhogarismo puede llevar asociados problemas de salud mental o de adicciones. Son situaciones de máxima fragilidad.

La cifra crece, pero faltan recursos de alojamiento de emergencia.

— Sí. Es que la crisis de la vivienda también tiene repercusión en las viviendas de emergencia social que podemos poner en marcha. Es el problema central de desigualdad de nuestro país en estos momentos. Lo sufre todo el mundo, las personas que están en la calle, las personas desahuciadas o aquellas personas que están trabajando y que ven muy difícil acceder a una vivienda por los precios que tienen. Nosotros acompañamos a aquellas personas en el momento que son desahuciadas e intentamos dar recursos temporales.

Pero hacen falta más.

— Sí, antes de que acabe el año destinaremos 10 millones de euros para que sean los ayuntamientos quienes los construyan, ya que nosotros no tenemos competencias en este sentido. Estamos trabajando para poder tener un parque social que nos permita competir también con otras ciudades europeas y bajar los precios del alquiler.

Finalmente, consejero, el departamento ya gestiona el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía. ¿Cómo lo valora?

— Lo hemos puesto más fácil y ahora se puede pedir por internet. Desde el 1 de octubre llevamos 3.000 solicitudes. Hay muchas personas que piensan que tenemos prestaciones que no van con ellas, pero probablemente sí que tienen derecho a ellas. Ahora mismo, la renta garantizada de ciudadanía llega al 23% de las personas en situación de pobreza grave. Imagínese la capacidad que tenemos para crecer. Nuestro objetivo es tener todas las prestaciones integradas en una única ventanilla y ser proactivos para informar a los ciudadanos para que puedan, en un único lugar, saber a qué ayudas tienen derecho.