Martorell se echa atrás y sólo multará a quien coja más de 25 litros de agua de las fuentes municipales
La oposición y el Síndic de Greuges confían en que la presión social sirva para disuadir a otras alcaldías que intenten recortar derechos
BarcelonaRectificación del gobierno del Ayuntamiento de Martorell. El pasado noviembre el ejecutivo formado por Junts y el PSC aprobó la prohibición de llenar garrafas con agua de las fuentes públicas del municipio para evitar que los vecinos que no tienen este servicio en casa cogieran de ellos para uso doméstico. Ahora, tras las críticas de entidades sociales y la oposición, así como de la intervención de la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, el gobierno liderado por el juntero Xavier Fonollosa ha decidido rebajar la medida: el Ayuntamiento solo multará a quien coja más de 25 litros de agua de las fuentes municipales.
El gobierno municipal llevará al pleno del mes de febrero una modificación de la ordenanza que prohibía llenar garrafas de agua en las fuentes públicas. El texto original ha estado en exposición pública 30 días hábiles, durante los cuales una veintena de entidades —entre ellas Cáritas, Raíces Fundación, ECAS, Fundación Ficat y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Barcelona— han presentado alegaciones solicitando la retirada de la medida al considerar que vulnera un derecho humano el uso de las fuentes públicas.
Un aviso para otros municipios
La concejala y portavoz de Movem Martorell, Laura Ruiz, se felicitó por el "retroceso" del alcalde, aunque considera que los 25 litros por persona permitidos se quedan cortos en los mínimos de entre 50 y 100 litros que considera la OMS como óptimos para cubrir las necesidades básicas de las personas. La formación se había planteado la denuncia en los juzgados contra una ordenanza que tilda de "aberración", pero lamenta que incluso con la rectificación se siga "criminalizando a los vecinos que no tienen nada". Además, Ruiz valora que "la demostración de fuerza" de la acción coordinada de grandes entidades sociales referentes en la defensa de los derechos humanos haya logrado modificar una ordenanza "desproporcionada" y confía en que "la victoria humilde" sirva también para disuadir a otros alcaldes que quieran ganar apoyos acercándose a posturas que tradicionalmente defiende la extrema derecha.
En la misma línea se ha manifestado Jordi Sánchez, director del área de Derechos Sociales del Síndic de Greuges, para quien el caso de Martorell debe ser también un "aviso" para otros ayuntamientos que intenten limitar derechos. Ante la polémica ordenanza, la institución intervino para reclamar información al consistorio.
El texto que se aprobó originalmente en noviembre con los votos favorables de los partidos del gobierno municipal, Junts y el PSC, prohibía de forma explícita llenar con agua de las fuentes públicas "garrafas, botellas o cualquier utensilio que permita su almacenamiento" y lo justificaba como una ofensiva contra residentes que vive. La ordenanza fijaba multas de hasta 750 euros, cantidad que se mantiene en el nuevo redactado de la ordenanza cívica.