Muere una pareja asfixiada mientras se calentaba en una barraca en Montcada i Reixac

Montcada y Reixac / BarcelonaHan tenido una muerte tan silenciosa como invisible fue su vida para las administraciones públicas. Jéssica –el apellido no ha trascendido– y Munir Bakhatafdil murieron el domingo asfixiados por el humo de un fuego que habían encendido para calentarse en una barraca del gran asentamiento que hay cerca del cauce del río Besòs, en el término municipal de Montcada i Reixac. A la pareja la encontró ya sin vida el hermano del hombre, que dio el aviso a la policía ante la incredulidad del resto de vecinos, que como no había signos exteriores no se habían dado cuenta de la tragedia, la última de una larga lista de víctimas de la pobreza. En esta desgracia hay víctimas ausentes, los hijos, tutelados por la DGAIA "por desamparo y no por indicadores de pobreza": el hijo común, de dos años y medio y que vive con una tía paterna, y dos menores más, de una relación anterior de la mujer, que han quedado huérfanos. Ninguno de los muertos estaba empadronado en este municipio vallesano.

Nadie recuerda cuándo llegaron Bakhatafdil, de 42 años, y Jéssica, de 40, a este asentamiento. Entre cinco y seis años, se aventura a decir un trastornado Rachid Bakhatafdil, hermano del hombre, que relata como la pareja llegó al poblado cuando los echaron de un piso que okupaban en Santa Coloma de Gramenet, la ciudad originaria de la mujer y donde vive el hijo común. “Era la primera noche que pasaban en la nueva barraca”, explica. Bakhatafdil estaba muy ilusionado de poder mudarse, aunque fuera sin salir de esta zona inhóspita y paupérrima, porque el cambio suponía pasar de la chapa al ladrillo. "Vino a España a buscar suerte y ya ves qué suerte ha encontrado”, maldecía el hermano.

Una vecina que se llama Maria y que prefiere no identificarse con el apellido, se deshace en elogios hacia el hombre, a quien describe como “buena persona, charlatana y muy trabajador”. Durante meses, relata, estuvo poniendo ladrillos en la nueva casa, dentro de un recinto cerrado con uralitas y material recogido de aquí y de allá. “Pensaba que así tendría más lugar para guardar la chatarra, que ahora tenía que guardar en la furgoneta”, afirma la joven Maria. El domingo nefasto, la pareja habría hecho fuego en un bidón y, como todo estaba muy bien cerrado para evitar que se escapara el calor, se habrían asfixiado por el humo, según las primeras hipótesis de la investigación. 

Ninguna administración tiene constancia de cuánta gente vive en este asentamiento informal, que la misma alcaldesa de Montcada, Laura Campos, ha calificado de una “favela en el área metropolitana”. Levantado desde hace más de 30 años, ha ido creciendo en las dos orillas del Besòs, en paralelo a la carretera de la Roca, la BV-5001, hasta llegar a medio millar de parcelas a lo largo de un kilómetro. Como no hay censo, también se desconoce cuántas de las barracas son utilizadas como espacio de recreo familiar de fines de semana o de almacenes, desguace y huertos, y cuántas de residencia –infravivienda en el lenguaje administrativo–, como la de la pareja muerta. “Aquí no han venido nunca los servicios sociales, solo la policía a avisarnos para que no hagamos fuegos muy altos. Esto es la frontera”, se queja Maria.

La familia Bakhatafdil –que ahora intentará repatriar el cuerpo del hombre a Marruecos– lamenta que nadie se haya puesto en contacto con ellos después de las dos muertes y corrobora que las dos víctimas no habían reclamado ninguna ayuda social porque no confiaban que se las dieran. “Hoy nos ha tocado a nosotros, mañana a cualquier otro”, se queja Leila Bakhatafdil, sobrina de las víctimas, muy enfadada por “la demagogia” de las administraciones que “ahora se mueven por las dos muertes”.

Descoordinación de administraciones

El dramático incidente ha vuelto a evidenciar no solo este déficit de vivienda y la pobreza más extrema, sino la falta de coordinación institucional, que hace que, los unos por los otros, no se actúe. “No rehuimos nuestra responsabilidad, pero pedimos ayuda”, ha explicado la alcaldesa Campos, puesto que el abordaje social y medioambiental en este campamento es inasumible para el Ayuntamiento. “Solo la gestión de los residuos producto del escombro de todas las barracas costaría unos tres millones de euros”, dice con relación a la estimación de un proyecto conjunto con el Consorcio del Besòs, y advierte que el asentamiento es “una olla a presión” que necesita el compromiso de todas las administraciones para hacer de la parte baja del Besòs un área parecida a la del delta del Llobregat. “Estamos cansados de ser la puerta trasera de Barcelona”.

En el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat no tenían tampoco identificada a la pareja en los tres canales activos para detectar a las personas sin hogar, y recuerdan que, en todo caso, la ley de servicios sociales señala la competencia municipal en esta cuestión. Solo se hacía un seguimiento de las tutelas infantiles, pero la pareja, dicen, no había mostrado ninguna voluntad de recuperar a sus hijos. En las próximas semanas, el Govern prevé aprobar el Plan Nacional del Sinhogarismo, una larga demanda municipal –liderada por Barcelona– para dotar a Catalunya de una única estrategia para involucrar a todas las administraciones –de locales a supramunicipales hasta la Generalitat– y simplificar los circuitos de detección además de tener una fotografía real de las personas en infraviviendas.

El caso de Montcada es, para la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social, una señal más de que hay que afrontar una pobreza cada vez más cronificada en Catalunya. "Estas tragedias se están volviendo recurrentes, y se está empezando a normalizar que en nuestra sociedad sucedan hechos como estos", subrayan en un comunicado en el que recuerdan la muerte de cuatro personas de una misma familia en el incendio del local donde vivían en la plaza Tetuan de Barcelona.

"Solo han hecho falta 10 días para empezar el 2022 con otra tragedia causada por la falta de acceso a una vivienda digna”, insisten las entidades, que viven de cerca el día a día de las personas vulnerables y las dificultades de acceso a una vivienda en condiciones. "¿Cuántos muertos más tiene que haber para que se reaccione con urgencia?", interpelan las administraciones, a las cuales piden abordar las causas de fondo: la infravivienda, la pobreza energética, la precariedad laboral, la economía sumergida o la irregularidad administrativa.