La empresa del caso Bomberos ha sido investigada dos veces por pago de comisiones a cargos del PP
Uno de los casos, en las Canarias, acabó con condena, mientras que el otro, en Palma, se archivó
BarcelonaLa investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación del mantenimiento y reparación de la flota de vehículos de los Bomberos de la Generalitat tiene en el centro a la empresa Iturri, una compañía sevillana especializada en servicios para los cuerpos de emergencias. Sus contratos con las administraciones ya han estado en otras ocasiones bajo la lupa de la justicia. En el caso de la Generalitat, de momento la jueza no ha detectado ninguna trama de comisiones ilegales, pero en los últimos años a Iturri ya la han investigado dos veces por pagar comisiones a cargos del PP a cambio de asegurarse la adjudicación de varios contratos.
Uno de los casos, con epicentro en el ayuntamiento canario de Telde, acabó con condena, mientras que el otro -que se investigó durante años en el juzgado de instrucción número 1 de Palma- se acabó archivando en 2017. Durante siete años el juzgado mallorquín estuvo revisando la adjudicación de distintos contratos de la dirección general de Emergencias del gobierno isleño en la etapa de Jaume Matas (PP), entre ellos uno en Iturri. Finalmente, la propia Fiscalía Anticorrupción -que al principio había impulsado la causa- descartó que se hubiera malversado dinero público y pidió cerrar el caso, por lo que el juez lo archivó. Sin embargo, el fiscal sí señaló algunas irregularidades administrativas en la tramitación de los contratos.
A diferencia del caso de Palma, la trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Telde que salpicaba a Iturri acabó condenada. El caso arrancó en verano de 2006 cuando una empresaria denunció que desde el consistorio le habían ofrecido adjudicarle una obra a cambio de una comisión del 20%. En el centro de la trama estaba la concejala de Contratación -que murió antes de que el caso se juzgara- y su marido, también concejal.
Según la sentencia consultada por el ARA, los concejales del PP condenados decidieron “organizar un sistema” para apropiarse de dinero cuando entraron a gobernar en el Ayuntamiento de Telde en 2003 “con la falsa excusa de financiar al Partido Popular de Telde”, aunque eran ellos quienes se quedaban el dinero. Los condenados exigían una comisión a las empresas que quisieran obtener una adjudicación y para “asegurar” que les pagaban les presionaban “agilizando o frenando los trámites administrativos” para que estas empresas cobraran las facturas que tenían pendientes con el consistorio por otros proyectos.
En el caso de Iturri, la sentencia asegura que el delegado de la empresa en Canarias llegó a un acuerdo con uno de los funcionarios implicados en la trama para asegurarse adjudicaciones a cambio de una comisión “que oscilaba entre el 6 y el 8% del importe de las obras concedidas”. La investigación llegó a certificar la existencia de "al menos un pago”. Durante el juicio, la mayoría de acusados admitieron los hechos y la sentencia se dictó de conformidad.
Aunque los acusados se quedaron directamente el dinero de las comisiones y no lo derivaron al partido, la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria condenó al PP como responsable civil subsidiario. El partido recurrió al Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia.
Un contrato para mascarillas
Hace año y medio un juzgado de Madrid abrió otra investigación a dos responsables de la Guardia Civil para favorecer, presuntamente, a Iturri en la adjudicación de un contrato de un millón y medio de euros por la compra de mascarillas durante la pandemia. La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que estos guardias civiles avisaron a la compañía de que debía rebajar el precio de las mascarillas si quería llevarse el concurso. A cambio, se habría quedado dinero. La investigación deriva de la llamada operación Grapa, otra causa que en el 2017 salpicó a Iturri por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de vestuario de la Policía Nacional.
Más atrás todavía se remonta otra causa, que acabó inhabilitando durante siete años por prevaricación a un exconcejal del PSOE del Ayuntamiento de Sevilla acusado de irregularidades en otra adjudicación a Iturri en el 2007. En este caso no se detectaron comisiones, sino que el juez concluyó que el concejal se había saltado parte del procedimiento y adjudicado arbitrariamente a Iturri un contrato para el equipamiento de ocho vehículos de bomberos.