El empresario investigado en el caso Bomberos ya fue condenado por un caso similar

BarcelonaLa causa por supuesta contratación irregular en los Bomberos no es el primer procedimiento judicial por corrupción que afronta la empresa sevillana Iturri, ya condenada en un caso de comisiones a cambio de adjudicaciones al Ayuntamiento de Telde (Islas Canarias) y también investigada en otro caso de presunta corrupción en Palma hace diez años. Tampoco es la primera vez en los juzgados para el actual gerente de Iturri en Catalunya, que ya fue condenado por esta causa en Palma. Según una sentencia a la que ha tenido acceso el ARA, aceptó seis meses de prisión por haber pagado 120.300 euros al exresponsable de Emergencias del gobierno balear de Jaume Matas (PP), Joan Pol, por unos trabajos de asesoramiento.

Al gerente de Iturri, E.J.D., lo investigaron por irregularidades en la adjudicación del proyecto para construir el parque de bomberos de Palma, dentro de la llamada causa Bomsai. Iturri era una de las compañías que subcontrató la Unión Temporal de empresas (UTE), adjudicataria del proyecto. A pesar de todo, el exresponsable de Emergencias del gobierno balear de Jaume Matas (PP), Joan Pol, cobró 120.300 euros para asesorar a Iturri, unos trabajos que como funcionario tenía expresamente prohibidos por ley. Para disimular este trabajo, el gerente de Iturri –que también es el delegado de la empresa en las Islas– admitió que había emitido tres facturas falsas a una empresa propiedad de Pol, simulando que eran por obras.

Esta es una de las pocas derivadas del caso Bomsai que llegó a juzgarse, puesto que la parte principal de la investigación sobre presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones se acabó archivando. El año 2018 Pol admitió haber cobrado por asesorar a Iturri a pesar de tenerlo prohibido como funcionario, y aceptó pagar una multa de 3.600 euros por un delito de negociaciones prohibidas a un funcionario. El juez también condenó al ahora gerente de Iturri en Catalunya a seis meses de prisión y 3.600 euros de multa por falsedad documental.

En la sentencia, el juez asegura que Pol “se puso en contacto” con el gerente de Iturri ahora también investigado por el caso Bomberos para “proporcionarle información técnica y asesoramiento para que lo aplicara en la construcción del parque de bomberos de Palma, por el que Iturri había sido subcontratado a través de la empresa adjudicataria”. Como “remuneración por los servicios prestados”, Pol recibió 120.300 euros que cobró a través de tres facturas falsas que hacían referencia “supuestamente” a unas obras que su empresa habría hecho a las oficinas de Iturri en Montcada i Reixac y que nunca se realizaron.

Sospechas de comisiones

Como la investigación por la presunta trama de sobornos del caso Bomsai se archivó, la Fiscalía acabó descartando que el pago de Iturri a Pol fuera una comisión ilegal para agradecerle la adjudicación de algún proyecto. Pero la Audiencia de Palma no lo tenía tan claro. En una resolución durante la tramitación del caso consultada por este diario, el magistrado Diego Jesús Gómez-Reino Delgado asegura que no se puede “descartar que estos pagos por servicios de asesoría pudieran tener relación con la contratación administrativa” que tramitaba Pol, teniendo en cuenta que el pago se produjo justo cuando se adjudicó el proyecto del parque de bomberos.

“Si se simula la realidad de una contratación es porque algo inconfesable se quiere esconder”, concluye el magistrado –que es el presidente de la Audiencia de Palma– en referencia a las facturas falsas por 120.000 euros de Iturri que cobró Pol.

Para llegar a esta conclusión, el juez tiene en cuenta la existencia de “comunicaciones previas” entre Pol, el gerente de Iturri y una de las empresas adjudicatarias del proyecto del parque de bomberos justamente durante la tramitación del concurso para adjudicarlo y el hecho de que tanto Pol como el gerente de Iturri admitieron haber falsificado las facturas para encubrir el pago de trabajos como asesor. Pero la Fiscalía descartó acusar a Pol y el gerente de Iturri por los delitos de soborno y prevaricación y la causa solo se juzgó –y condenó– por los otros dos delitos.