Judicialización

Estrangulamientos, golpes y empujones "gratuitos" a votantes: piden investigar a 37 policías más por el 1-O en Barcelona

Un informe pericial encargado por Òmnium, la ANC e Irídia identifica 468 acciones policiales presuntamente desproporcionadas

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Las cargas policiales durante el 1-O Al
 Institut Jaume Balmes, al Ensanche de Barcelona.

BarcelonaUn policía dando una patada por detrás a un votante del 1-O en la Escola Infant Jesús de Barcelona, los agentes que golpearon en grupo a un hombre en la Escola Àgora, otro agente tirando de la bufanda a una votante en la Escola Pau Claris hasta casi estrangularla. El que tiró escaleras abajo a otra ciudadana en este mismo centro o el que le pisó la mano a una mujer y la cogió por el cuello en la Escola Víctor Català. Son solo algunos de los 37 nuevos policías a los que las entidades Òmnium, Irídia y la ANC han pedido investigar al juez que lleva la causa por las cargas de la jornada del referéndum en Barcelona, una macrocausa que ya suma 56 policías investigados y que, si se aceptan estas nuevas imputaciones, llegaría a los noventa.

Las tres entidades, que representan a la mayoría de las víctimas de las cargas del 1-O en Barcelona, han presentado un extenso informe pericial al juez de más de medio millar de páginas, han incorporado nuevos vídeos y han hecho una investigación exhaustiva de los ya existentes. El visionado ha servido para identificar a estos agentes como los responsables de "agresiones injustificadas" y "gratuitas". En el documento se identifican 468 "acciones policiales desproporcionadas" en 16 escuelas de Barcelona durante el referéndum de 2017. Además, las entidades también reclaman que la investigación se prorrogue seis meses más. De hecho, la última prórroga de la investigación fijó el fin para este sábado, 29 de enero, pero este nuevo escrito podría alterar el calendario.

Trece de los 37 agentes a los que se pide imputar ya están investigados por otras actuaciones el 1-O, pero 24 todavía no forman parte de la causa, en la mayoría de los casos porque no se los había podido identificar hasta ahora. Las tres entidades insisten en denunciar que están "supliendo el papel" que consideran que tendría que hacer la Fiscalía. "La pericial es fruto de un esfuerzo titánico, como el que llevamos haciendo toda la instrucción porque el peso y la carga de esta investigación han recaído en las acusaciones particulares y populares, ante la absoluta inacción e, incluso, obstrucción de la Fiscalía y de la propia Policía Nacional", ha denunciado la abogada Anaïs Franquesa.

Las acusaciones ven "imprescindible" que citen a declarar como investigados a los nuevos policías identificados, entre los cuales hay cuatro jefes de grupo, los mandos a pie de calle con más responsabilidad el 1-O. Uno de ellos es el policía que llevaba el indicativo CAMEL 50 y que era el responsable de las unidades en la Escola Ramon Llull, donde Roger Español perdió el ojo por el impacto de una pelota de goma. Según las acusaciones, este mando no solo "presenció un conjunto de actuaciones violentas innecesarias y desproporcionadas" y no hizo nada para pararlas, sino que, además, los peritos han conseguido identificarlo como uno de los policías que agredió en grupo a un votante.

Más de cuatro años de investigación

La causa por las cargas del 1-O en Barcelona es la que suma más policías investigados, junto con la que se sigue en Girona, con una treintena de agentes procesados. La investigación del juzgado de instrucción 7 de Barcelona se encuentra en la recta final. La Fiscalía pidió archivarla invocando la condena del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, pero la Audiencia de Barcelona tumbó la petición y calificó la justificación del ministerio público de “sorpresiva", porque entendían que “de ninguna forma” se puede vincular la sentencia del Procés a la investigación por las cargas.

Dos meses más tarde, uno de los ocho jefes de núcleo de la Policía Nacional que dirigió el dispositivo en diferentes puntos de votación de la capital catalana declaró ante este juzgado y admitió que tenía autoridad para ordenar a sus subordinados que pararan las cargas. Pero no lo hizo porque, según su criterio, la actuación de los agentes fue proporcionada.

Las acusaciones personadas en esta causa siempre han pedido al juez poder subir un escalón más y aclarar la cadena de órdenes. El secretario de Estado de Seguridad del momento, Juan Antonio Nieto, y el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador policial del 1-O, declararon como testigos. Las acusaciones señalaron también al máximo responsable de los antidisturbios de la Policía, José Miguel Ruiz Iguzquiza, que ese día comandaba a la sombra el operativo usando el alias de Marte, el dios romano de la guerra. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, lo exculpó y ciñió el caso a los mandos a pie de calle.

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