La Fiscalía intenta evitar que 28 agentes vayan a juicio por el 1-O en Girona y Aiguaviva

GironaNovedades en la causa que investiga la actuación policial durante el 1-O en Girona y Aiguaviva. Después de que la semana pasada el juez ordenara procesar a 27 agentes de la Policía Nacional y un guardia civil por haber causado lesiones a votantes, ahora la Fiscalía ha presentado un recurso para intentar impedir que los agentes se sienten en el banquillo de los acusados. En el escrito, al cual ha tenido acceso este diario, piden que se archive la investigación porque consideran que los delitos de lesiones graves han prescrito y propone que se exima a los agentes de un comportamiento delictivo, teniendo en cuenta que cumplían órdenes judiciales.

En este sentido, el recurso recurre al artículo 20 del apartado 7 del Código Penal, que prevé un eximente en el supuesto de que una persona actúe “en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, un oficio o un cargo”. Así, recuerda que los policías actuaron para cumplir las órdenes del Tribunal Constitucional y la sentencia del 27 de septiembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Además, el fiscal pide que se declare nula la resolución del juez que ordenaba procesar a los agentes porque considera que no está lo bastante argumentada. Por eso pide que se dicte una nueva resolución “ajustada al derecho”. 

El portavoz del colectivo Dret de Defensa de Girona, Albert Carreras, ha admitido que no “le ha sorprendido” el recurso de la Fiscalía porque desde el principio de la instrucción ha tenido la misma actitud, “intentar exculpar los agentes”, pero “ningún interés por averiguar qué pasó realmente”. “Más de 200 denuncias de particulares, además de la querella de los ayuntamientos de Girona, Aiguaviva y Sant Julià de Ramis, y todo esto es obviado por el ministerio fiscal. Su actuación tendría que ser sorprendente y digna de revisión porque no corresponde a las funciones propias que tendría que tener el fiscal”, ha reprochado.

Sin responsables políticos ni orgánicos

El colectivo Dret de Defensa, que representa a los más de 200 denunciantes y a los tres ayuntamientos, también ha presentado un recurso, junto con Òmnium Cultural, personada como acusación popular. En sus escritos, las dos entidades discrepan de los delitos que finalmente atribuye el juez a los agentes. El magistrado las rebaja a lesiones leves, mientras que tanto el colectivo de abogados como Òmnium consideran que son graves y que también habría que incorporar otros delitos contra la integridad moral y torturas, como planteaban en sus querellas respectivas.

Además, critican que, a pesar de que las diversas peticiones del juzgado al ministerio de Interior, este último no ha aportado información sobre “los organigramas, los jefes de núcleo o la identificación de los cargos orgánicos y políticos que dieron las órdenes”, subraya Carreras. De hecho, la resolución judicial descarta apuntar a la cadena de mando y concluye que solo se pueden depurar responsabilidades por la actuación individual de cada agente.

Por eso, en su recurso también lamentan que el juez “se limite a imputar hechos concretos (lesiones) a agentes concretos” cuando consideran que “no fue una decisión individual de cada uno de los agentes”: “ hubo una orden directa de los superiores que les hace corresponsables del resultado producido”, recuerdan en el escrito, citando entre otras jurisprudencia de la misma Audiencia de Girona. 

En este sentido, vuelven a pedir que se investigue a los responsables de Interior, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que dieron testimonio en el juicio del Procés en el Tribunal Supremo y que “planificaron, ordenaron y supervisaron los gravísimos actos” que constituyeron la operación policial del 1-O. Citan, por ejemplo, al secretario de estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; al delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo; al teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos; y al jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote.

Además de los afectados y de la Fiscalía, también ha presentado recurso la Generalitat, que actúa como acusación popular y que se alía con las demandas de los ayuntamientos y las víctimas. Así, en su escrito argumenta que los hechos investigados podrían ser constitutivos “de un delito de desórdenes públicos y/o un delito contra la integridad moral por parte de autoridades y funcionarios públicos”, y considera que el auto no se ajusta a derecho porque todavía no se ha acabado la fase de investigación, puesto que hay pendientes de resolver varios recursos presentados.