Justicia

La Fiscalía pide 18 meses de prisión para tres científicos que arrojaron pintura a la fachada de la Delegación del gobierno español en Barcelona

Los activistas serán juzgados este jueves por la protesta climática que tuvo lugar en abril de 2023

Dos de los científicos vinculados a Rebelión Científica durante la acción de protesta ante la Delegación del Gobierno en Barcelona en abril de 2023.
ARA
15/07/2026
2 min

Tres científicos vinculados a Rebelión Científica serán juzgados este jueves en Barcelona por su participación en una acción de protesta no violenta ante la Delegación del gobierno español en la capital catalana. Los hechos tuvieron lugar el 13 de abril de 2023, cuando los tres activistas arrojaron pintura biodegradable contra la fachada del edificio para denunciar la respuesta insuficiente de los gobiernos ante la crisis climática y la persecución judicial de otros activistas por el clima. Ahora, tres años más tarde, la Fiscalía pide 18 meses de prisión para cada uno y 8.100 euros de multa en concepto de responsabilidad por los "daños ocasionados".

Rebelión Científica, por su parte, denuncia que en un momento en que "las consecuencias de la crisis climática son cada vez más visibles resulta preocupante que los que se sientan en el banquillo de los acusados sean justamente los científicos que actuaron para dar un grito de alarma sobre esta emergencia". También Amnistía Internacional ha trasladado a la Fiscalía su preocupación por la petición de penas de prisión y alerta de una posible vulneración del derecho a protesta pacífica. Cabe señalar que ninguno de los tres académicos acusados tiene antecedentes penales ni condenas previas de ningún tipo.

Rebelión Científica es un grupo de investigadores de todo el mundo que se unen para denunciar las consecuencias de la emergencia climática. Las formas de protesta son siempre acciones de desobediencia civil no-violenta, como la acción que llevaron a cabo en Barcelona en 2023, cuando, usando un extintor, rociaron con un líquido rojo la puerta principal y la valla de la Delegación del gobierno español, ubicada en la Dreta de l'Eixample, en Barcelona. Según la acusación, la acción supuso unos daños valorados en 4.132,15 euros en concepto de limpieza y restauración. Para los activistas la pena solicitada es desproporcionada, ya que la pintura utilizada para la acción era biodegradable, elaborada a partir de remolacha, y deja una mancha que se puede quitar con agua. El grupo considera que la causa que se verá este jueves en Barcelona forma parte de una campaña de presión de las instituciones para reprimir las protestas climáticas.

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