La Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue las irregularidades en las ayudas de la DGAIA

BarcelonaLa Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación sobre el escándalo de la extinta dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El objetivo, según ha avanzado El Nacional y confirman fuentes del ministerio público al ARA, es esclarecer si el organismo dependiente del departamento de Derechos Sociales incurrió en una "posible responsabilidad contable" por las irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados. Todo ello, después de que la Sindicatura de Cuentas detectara más de 167 millones pagados indebidamente en el conjunto de prestaciones entre 2016 y 2022. De éstos, 4,7 millones correspondían a los indebidos a jóvenes extutelados, que el Gobierno ha aprobado condonar este martes, una decisión pactada entre PSC, ERC y Comuns.

En su informe, que hizo público en el mes de junio y que hizo llegar al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura concluyó que estos pagos indebidos no respondían "sólo a errores administrativos", sino a problemas "estructurales de transparencia y gobernanza", y advertía que los responsables de las irregularidades "podían ser perseguidos". Los importes perseguibles, eso sí, serían únicamente los pagos vinculados a expedientes prescritos, al tratarse de cuantías que ya no pueden recuperarse y que, por tanto, podrían suponer un perjuicio económico para la administración.

Derechos Sociales, que mantiene que 156 de los 167 millones ya han sido reclamados a los beneficiarios de estas ayudas, decidió el pasado mayo reformular la DGAIA a raíz del escándalo y creó un nuevo organismo, la nueva dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia (DGPPIA), con mayores herramientas de control en la gestión pero también menos poderes. La DGPPIA, en este sentido, ya no contará con las competencias económicas que la DGAIA tenía hasta ahora: contratar las plazas de acogida en los centros de acogida de los menores y tramitar las prestaciones que reciben los jóvenes extutelados. A partir de ahora estas funciones las desarrollará una nueva subdirección general.

La síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, también ha advertido en un informe presentado la semana pasada que la externalización para realizar los pagos a los jóvenes ex-tutelados ha supuesto un descontrol, con retrasos en las altas y bajas de las prestaciones económicas y en la gestión de las plazas de acogida que han desembocado en una vulneración de derechos del colectivo.

De momento, el departamento de Derechos Sociales no ha hecho ninguna valoración sobre la decisión de la Fiscalía, pero la consejera portavoz, Sílvia Paneque, ha defendido que el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre las irregularidades "es la fotografía de un momento concreto, que no es la actual y ha enterado a Marez. la remodelación de la DGAIA y la unificación de todas las prestaciones bajo una sola unidad administrativa, revocando la externalización de las que se pagan a los chicos extutelados.