Sólo el 23% de los jóvenes extutelados recibe prestación económica

BarcelonaPoco antes de cumplir los 18 años, Nico (un seudónimo) pidió la prestación para la emancipación a la que los jóvenes extutelados tienen derecho cuando hacen la mayoría de edad para facilitarles el aterrizaje en la edad adulta, teniendo en cuenta que la mayoría no tienen el apoyo emocional ni económico de las familias. El trámite se prolongó más de un año, hasta el punto de que, sin otra fuente de ingresos, tuvo que aparcar los estudios y ponerse a trabajar.

El de este chico no es un caso extremo sino la realidad que se encuentra la mayor parte del colectivo. La mitad de los chicos no piden ni siquiera percibir la prestación, sea porque "desconocen su existencia" o porque "no cumplen los requisitos". El caso es que en el 2024 sólo el 23% de los que cumplieron los 18 años recibían la ayuda económica, que hoy supone 778,46 euros mensuales como máximo, según revela un informe que el Síndic de Greuges ha hecho público este viernes sobre cómo funcionan los programas de apoyo al colectivo. El 80% restante, por tanto, queda descubierto del acompañamiento, lo que desmiente el imaginario popular que los chicos viven de las ayudas públicas. Además, sólo un 20% de los extutelados viven en una vivienda compartida sufragada por la Generalitat.

En una rueda de prensa, la síndica Esther Giménez-Salinas y la adjunta por infancia, Aïda Rodríguez, han coincidido en reclamar una mayor flexibilización en los criterios para responder a la especial vulnerabilidad e inestabilidad que tiene el colectivo cuando deja de estar bajo la custodia de la administración. También apuntaron que es necesaria más celeridad a la hora de tramitar las altas y las bajas de las ayudas cuando el joven encuentre un trabajo para evitar que posteriormente tenga que hacer frente a cantidades muy elevadas en la tributación fiscal o sume pagos indebidos de más de 10.000 euros, como los reclamados por la Generalitat. La síndica ha insistido en la necesidad de que se condone la deuda, una solución que también ha apuntado la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez-Bravo.

Esta tardanza en recibir las ayudas obliga a los chicos a congelar sus planes vitales y, como en el caso del Nico, deben buscarse un trabajo y una vivienda apenas hechos los 18 años, mientras que la media de emancipación de los jóvenes catalanes se sitúa en torno a los 30 años. La media de resolución para recibir esta prestación (un máximo de 778,49 euros mensuales) es de algo más de 10 meses, según los datos de la síndica, pero uno de cada cuatro debe esperar más de 12 meses. Todas estas trabas y dificultades "impactan en las oportunidades de formación y en la cobertura de las necesidades básicas" de estos jóvenes, ha advertido Giménez-Salinas.

Irregularidades y errores

Tras hablar y recibir quejas de profesionales, la síndica constata irregularidades y errores en el sistema, básicamente porque no hay personal suficiente para gestionar el volumen de jóvenes extutelados, que en una década se han multiplicado por cinco. La síndica apunta a que no ha habido un incremento de plantillas, lo que ha supuesto la sobrecarga de los profesionales, que en promedio deben hacerse cargo de unos 80 expedientes.

El incremento de chicos extutelados hizo decidir en el 2023 al anterior Govern a externalizar los pagos de las prestaciones en un servicio adjudicado conjuntamente a Resilis y la Fundación Mercès Fontanilles, que se encarga del seguimiento y valoración de estas ayudas. Aunque Giménez-Salinas apunta que a partir de entonces los plazos en el trámite se han reducido, reprocha que, por el contrario, existe una "descoordinación" entre servicios y se ha dejado de comprobar durante demasiado tiempo si los chicos cumplen los requisitos para continuar formando parte de un programa de acompañamiento o no se ha detectado que algunos de los chicos no abonan vacías asignadas a un joven que ya no vive porque ha encontrado un trabajo temporal fuera del municipio, pero que, según la síndica, sí está bajo la supervisión y acompañamiento de la entidad.

En sintonía con la voluntad del departamento de Derechos Sociales de transformar la antigua DGAIA en la DGPPIA, la síndica ha apostado por enfatizar la prevención para evitar la retirada de las tutelas de los menores y la separación de las familias, pero ha alertado de que los profesionales del sector le han hecho llegar su preocupación de que, con el nuevo modelo que se quiere imponer a finales de año, los equipos psicoeducativos que acompañan a estos chicos una vez han hecho la mayoría de edad.