La Generalitat impulsa la condonación de la deuda de los jóvenes extutelados que recibieron pagos indebidos

BarcelonaLa consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha admitido que el departamento que ella dirige funcionaba hasta 2023 con una gran carencia de recursos, tanto humanos como técnicos, que han propiciado parte de la problemática en relación con las prestaciones económicas que denunció la Sindicatura de Cuentas y que este jueves la síndica Maria Àngels Cabasés ha detallado en el Parlament. "Las prestaciones se gestionaban con un software equivalente a un bloc de notas, el ámbito de las prestaciones se ha diseñado sin suficiente rigor técnico", ha señalado Martínez Bravo, quien ha aprovechado su intervención en la comisión parlamentaria para anunciar que impulsarán la condonación de la deuda a los jóvenes extutelados que recibieron una prestación económica de forma indebida. Un anuncio de la consellera después de que Cabasés presentara 27 conclusiones que derivan de la fiscalización de las cuentas del departamento y que concluyó que se pagaron casi 168 millones indebidamente entre el período 2016-24. Sin embargo, según la consellera, 70 de esos 168 millones ya se han recuperado y la mayoría –hasta un 90%– acabarán devolviéndose.

La responsable de Derechos Sociales ha intentado poner énfasis en demostrar que estos pagos indebidos son algo habitual dentro de la administración, aunque admitir que son cantidades "considerables" que no se pueden "minimizar". Unos minutos antes de la intervención de Martínez Bravo, sin embargo, Cabasés ha asegurado que la administración catalana no ha ejercido "las funciones inspectoras y de supervisión" y esto ha representado un "descascaramiento de la Hacienda de la Generalitat". De hecho, más de 7 millones de estos pagos indebidos ya están prescritos y no pueden recuperarse. Esta situación, según Cabasés, "no responde a errores administrativos" sino a "problemas estructurales", y podría dar lugar a hechos que pueden perseguirse "administrativa y judicialmente" porque hay "indicios de responsabilidad".

Un hecho que ha negado la consellera, que, eso sí, ha admitido que la administración "no ha sido lo suficientemente ágil" en este ámbito. Según Martínez Bravo, la detección que se realizó en el 2023 –con el gobierno de Pere Aragonès– de los pagos indebidos no fue una "señal de descontrol" sino de "buena gestión", porque pocas administraciones tienen capacidad para detectar estos pagos, que son en realidad "desajustes en la cantidad pagada" a las personas beneficiarias que cambian. "El pago indebido en sí no es una irregularidad, la administración tiene cuatro años para resarcirlo. Es problemático si prescribe. Aquí es donde puede haber irregularidades", dijo, y añadió que este verano se detectaron deudas a punto de prescribir y se comunicó a las personas afectadas, lo que supone un "choque", porque a menudo supone un "choque", porque a menudo perjuicio no puede recaer sobre las personas vulnerables".

La responsable de la conselleria ha puesto un ejemplo gráfico de la carencia de personal, que, sumada a la falta de digitalización, deriva en la problemática detectada. En 2023 se puso de manifiesto que existían 26 plazas vacantes en la gestión de la renta garantizada, casi una cuarta parte total de los profesionales. En este sentido, ha explicado que el plan de choque impulsado en 2023 permitió pasar de revisar el 10 por ciento de los expedientes de la renta garantizada al 100 por ciento actual. Ahora todos los expedientes se revisan mes a mes, y Martínez Bravo ha comunicado que se ha reforzado el departamento con la creación de 16 nuevas unidades y la incorporación de 306 profesionales.

Jóvenes extutelados

Uno de los puntos importantes de la comisión –y que Vox ha utilizado tergiversando los datos– es el que afecta a los jóvenes extutelados por parte de la antigua dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La síndica ha puesto de relieve el "conflicto de interés" en la gestión de ayudas a estos extutelados y las entidades que reciben financiación tanto del departamento de Derechos Sociales como del de Empresa y Treball. Así, puso el ejemplo de la UTE que formaron la Fundación Mercè Fontanilles y la Fundación Resilis, que obtuvo un contrato de 5,8 millones de euros. Según la Sindicatura de Cuentas, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 se pagaron 4,7 millones de forma indebida a estos jóvenes. Un caso que avanzó el ARA, conjuntamente en Octuvre, en enero, que explicaba que la falta de supervisión hace que el departamento pague una prestación a jóvenes que ya están trabajando. El ARA también destapó otra irregularidad detectada dentro de la DGAIA: algunas entidades falsificaban ayudas a jóvenes creando plazas fantasmas.

Martínez Bravo ha admitido que los avances en este campo han sido más "lentos" y menos "sustanciales". El departamento está analizando uno a uno todos los expedientes de estos jóvenes, que en la mayoría de los casos recibieron un pago indebido porque "empezaron a trabajar" y la administración realizó el ajuste de la prestación con "meses de retraso". Al tratarse de personas en situación de vulnerabilidad, si se detecta que el joven no ha actuado "de mala fe", el Gobierno quiere que se impulse la condonación de las deudas. Una petición que traslada a los partidos políticos.

Por otra parte, la responsable de Derechos Sociales ha avanzado los resultados preliminares sobre la auditoría en el Servicio de Seguimiento y Valoración de la Prestación Económica a Jóvenes Extutelados (SEVAP) y la UTE de la Fundación Mercè Fontanilles y la Fundación Resilis. Así, ha explicado que la empresa no hizo "lo suficiente" para evitar los pagos indebidos y, si se confirman los "indicios" que se apuntan, el departamento estudiará las "acciones a emprender". También admitió que este control y seguimiento de las ayudas públicas se ha "externalizado" en exceso.

Más allá de la polémica en relación con los jóvenes extutelados, la intervención de la síndica también ha girado en torno a la insuficiencia de prestaciones que existen hoy en día, ya que se necesitarían otros 1.183 millones. "Solo la mitad de las personas que tienen derecho a las principales prestaciones acaban accediendo", ha dicho Cabasés, quien lo justifica por dos razones: el desconocimiento de la existencia de estas prestaciones y las dificultades en su tramitación. Así, apuntó que existen "prestaciones duplicadas que se podrían fusionar o simplificar", "tiempo dilatados" en la gestión de las prestaciones y una disparidad territorial que no tiene en cuenta el coste de la vida. "Percibir una prestación en Barcelona no es lo mismo que percibirla en Lleida", ha ejemplificado Cabasés.

Por su parte, Martínez Bravo ha indicado que llegará el día en que el gobierno de la Generalitat "sea proactivo para contactar con una persona susceptible de recibir una prestación".