El gobierno español se abre a desclasificar documentos del CNI sobre el 17-A
El ministerio de Defensa dice que no tiene "nada que esconder" porque, asegura, el CNI no estuvo implicado
MadridEl consejo de ministros podría desclasificar documentación sobre los atentados del 17-A Éste sería otro de los gestos del PSOE con Junts para acercar posiciones, después de que este martes se detuviera la votación de la senda de estabilidad para negociarla con la formación de Carles Puigdemont. El jueves se reactivan las comisiones de investigación sobre la operación Catalunya y sobre el 17-A, pactadas entre el PSOE y Junts para votar a la presidencia de Francina Armengol, con la aprobación de los planes de trabajo. Y, tal y como ha avanzado el medio The Objective y ha confirmado el ARA, figura la petición de documentación clasificada relacionada con los atentados en Barcelona y Cambrils que, en principio, el ministerio de Defensa no tendría reparos por revelar. "No tenemos nada que esconder", aseguran fuentes cercanas a la ministra Margarita Robles.
En Defensa molesta que se extienda la sombra de sospecha sobre una hipotética participación o pasividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atentados y, especialmente, respecto de la figura del imán de Ripoll, Abdelbaki se-Satty. Por eso, si llega la solicitud al ejecutivo, no tendrá problema en aportar la documentación necesaria porque, aseguran, no hay ninguna que pueda vincular al CNI con aquellos hechos de 2017. El gobierno español ya desclasificó información secreta sobre el espionaje con Pegasus para mostrarla en la comisión sobre secretos oficiales del Congreso, que tiene carácter reservado. En cambio, si ahora se llevara a una comisión de investigación, podría hacerse pública.
Concretamente, la propuesta a votar este jueves en la comisión incluye que se levante el secreto del registro de visitas de Es-Satty a la cárcel de Castellón por parte de miembros de los servicios secretos y la transcripción de las entrevistas mantenidas; el permiso de residencia de larga duración del imán y el expediente de la solicitud de residencia; la circular policial en la que se advierte de la aplicación del reglamento europeo sobre precursores de explosivos; el sumario judicial con vídeos y pruebas de voz de los testigos; la prueba documental fotográfica de la furgoneta blanca que se localizó en Sant Carles de la Ràpita tras la explosión de Alcanar propiedad de Es-Satty, que se encuentra en el depósito de Egara de los Mossos d'Esquadra; los acuerdos de la Junta de Seguridad entre los Mossos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde 2011, y la información que Policía Nacional y Guardia Civil tuvieran sobre posibles amenazas terroristas entre 2016 y 2017. En principio, las fuerzas de la mayoría de la investidura votarán a favor del plan de trabajo.
El Govern ha valorado "satisfactoriamente" que se puedan desclasificar documentos sobre los atentados del 17-A y lo ha enmarcado en el cumplimiento del acuerdo con Junts. "Todo lo que vaya en la vía de esclarecer los hechos nos parecerá positivo, como no puede ser de otra forma", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Silvia Paneque.
La sentencia no lo aclaró
La sentencia del 17-A en ningún momento menciona la relación del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, con la inteligencia española, aunque en el sumario del caso se recogía que el CNI y la Guardia Civil visitaron lo en la cárcel de Castellón, donde cumplía condena por tráfico de drogas. También se describe que no se le expulsó del Estado aunque esa pena, de entrada, lo implicaba. Por otra parte, todavía hoy está pendiente resolver un recurso de la familia del niño que murió en los atentados de la Rambla. Los familiares llevaron el caso a la justicia europea por la "falta de investigación exhaustiva" de los hechos por parte de España.
Sin acuerdo para la operación Cataluña
Este jueves también se reúne la comisión de investigación sobre la operación Catalunya y deben votar también el plan de trabajo y la lista de comparecientes. Fuentes parlamentarias consultadas por el ARA aseguran que es necesario llegar a un acuerdo entre las fuerzas de investidura para no dar una imagen de enquistamiento a la comisión. Juntos quería forzar la comparecencia de jueces, pero el PSOE dejó claro meses atrás que no iba a acceder a esta petición. Las mismas fuentes apuntan a que las negociaciones se alargarán durante el día y auguran que hasta última hora no se alcanzará el entendimiento.