El Govern frena 70.000 viviendas en el litoral y revisará 40.000 más
La moratoria de un año servirá para evaluar si los proyectos de 30 municipios son sostenibles
BarcelonaChalés o bloques de apartamentos a pie de playa, urbanizaciones dispersas e inconexas o casas en medio de espacios naturales. La costa está llena, y no se puede deshacer lo que ya está hecho, pero sí intentar proteger lo que queda del litoral. Con este objetivo, el Govern ha aprobado un plan director urbanístico (PDU) para revisar la sostenibilidad del planeamiento de 41 municipios, desde Malgrat de Mar hasta Alcanar. Es la continuación del plan de protección de la Costa Brava, que ya vetó la edificación de 15.000 viviendas, si bien también dio luz verde a la misma cantidad de nuevos inmuebles. Para poder hacer la revisión, la Generalitat suspenderá durante un máximo de un año las licencias para proyectos que podrían suponer la edificación de 70.000 viviendas en 30 municipios. También evaluará 40.000 más de otras zonas. La suspensión, sin embargo, no afectará a los proyectos de urbanización o construcción que ya estén en marcha.
Los técnicos de Territorio detallarán a los ayuntamientos los parámetros de integración paisajística que tendrán que cumplir todas las edificaciones aisladas que se construyan en la zona afectada a partir de ahora. Pero en 30 de los municipios serán los mismos especialistas del departamento quien evaluarán la planificación urbanística de 335 sectores donde se podrían llegar a construir hasta 110.000 viviendas. Una vez revisados los planes se decidirá si se permite la edificación tal como estaba prevista, si se modifican algunos requisitos o bien si hay que desclasificar del todo estos suelos e impedir que se construya en ellos para garantizar su protección.
La revisión solo excluye el Alt Pirineu y la Costa Brava, porque ya se habían evaluado –en la primera zona se tumbó la edificación de 8.500 viviendas, y en la segunda de 15.000– y la zona de Barcelona y el área metropolitana, que por sus características especiales será objeto de una revisión diferente aparte.
Cinco criterios
En total se revisan unas 5.000 hectáreas del litoral del Maresme, el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre y el Montsià. A la hora de evaluar la planificación de estos espacios se tendrán en cuenta cinco criterios: que respeten la estrategia de crecimiento del municipio; que se sitúen a continuación del casco urbano y en un espacio sin pendiente; si afectan al sistema de espacios naturales protegidos e impactan en la biodiversidad; si se sitúan en una zona de riesgo natural –por peligro de inundación, por ejemplo– o por la proximidad a una presa, y si cumplen con la ley de costas. Por último, también se analizará el impacto que las futuras construcciones podrían suponer en la preservación del paisaje.
El objetivo es evitar que se reproduzca el modelo de urbanizaciones aisladas de los municipios, mal comunicadas o sin conexión con los servicios básicos, que acabaron repartidas por buena parte del litoral, haciéndolo más vulnerable al cambio climático, a las lluvias torrenciales, las inundaciones y los fenómenos extremos. Según el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Agustí Serra, "este modelo todavía sería posible porque muchos municipios no tienen su planeamiento adaptado a las leyes más actuales, que hacen hincapié en la sostenibilidad y en la reducción del consumo de suelo y los crecimientos compactos".
Según el comunicado del Govern, los 30 municipios donde la revisión se hará con más lupa "no están adaptados al planeamiento territorial moderno" y 19 ni siquiera se han adaptado a la ley de urbanismo del año 2002, de forma que se basan todavía en "criterios antiguos" de construcción y ordenación del espacio. Justo es decir que entre estos municipios está la ciudad de Tarragona, cuyo nuevo plan de ordenación urbanística municipal (POUM) está en los tribunales. El departamento considera que una vez este planeamiento se valide, la ciudad podrá ser excluida de la revisión exhaustiva, porque ya cumplirá muchos de los requisitos que ahora se piden.
De momento, el paso que ha dado hoy el Govern es ponerse manos a la obra con la revisión. Ahora el avance del plan se pondrá a consulta de la ciudadanía y de los ayuntamientos afectados, a quienes también se dará audiencia. La intención es incluir las aportaciones en el documento definitivo que se llevará para su aprobación inicial a la Comisión de Territorio de Catalunya la primavera que viene. Después se abrirá un periodo de alegaciones formales y se someterá a aprobación de nuevo el texto definitivo.