El Govern priorizará los proyectos de renovables pactados con el territorio

BarcelonaEl necesario acelerón que necesita Catalunya en implantación de energías renovables requerirá más diálogo y negociación previa entre promotores y propietarios de los terrenos donde se quieren ubicar parques eólicos y fotovoltaicos. También los ayuntamientos tendrán más voz que hasta ahora para que los proyectos salgan adelante, y tanto entes públicos como locales tendrán que tener la oportunidad de participar, si quieren, en un proyecto que se plantee en su municipio o comarca. Todo esto es lo que fija el decreto de renovables que el Govern ya tiene terminado –una modificación respecto al que está vigente– y que prevé aprobar el próximo martes.

Ante la conflictividad que había supuesto el decreto en muchas comarcas por el alud de proyectos recibidos –la Generalitat tiene 600 pendientes encima de la mesa– el nuevo texto busca vías para forzar que las empresas tengan que llegar a acuerdos en el territorio si quieren acelerar la tramitación y evitar que los procesos se dilaten. Para que se empiece la tramitación de un proyecto de más de 5 MW de potencia y salga a información pública hará falta que el promotor acredite que podrá disponer del 50% de la superficie que necesita sin que sus propietarios le pongan pegas. Este compromiso previo entre las partes (que no se concreta más en el texto) quiere evitar lo que había pasado hasta ahora: muchos propietarios desconocían que un proyecto sobre la mesa del Govern les afectaba. 

De paso, si hay un acuerdo previo, el Govern espera reducir el riesgo de que, como administración competente, en última instancia le toque hacer expropiaciones forzosas de terrenos para proyectos que cumplan todos los requisitos (de potencia, ubicación, urbanísticos y medioambientales) pero que no tengan consenso. Los proyectos de renovables se consideran de utilidad pública y, por lo tanto, en nombre de esta consideración que le otorga la ley de rango estatal se pueden producir expropiaciones –que tendría que hacer la conselleria de Acción Climática en nombre del promotor– para que salgan adelante. El proceso es más enrevesado –menos ventajoso– para la empresa y también puede suponer que el afectado acabe cobrando menos dinero.

Participación de los ayuntamientos

La participación de ayuntamientos y entes locales es otro de los puntos centrales del decreto. Todos los proyectos de entre 5 y menos de 50 MW –los de más potencia los tramita directamente el ministerio– tendrán la obligación de demostrar que han publicado una oferta para que el mundo local entre con al menos el 20% de la propiedad. Esta oferta puede ir dirigida a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, del municipio o de los limítrofes de la misma comarca. En el caso de los proyectos más pequeños (los de menos de 5 MW), el nuevo marco legal les asegura prioridad en la tramitación en nombre de una “transición energética distribuida y democrática”.

Uno de los puntos conflictivos de muchos proyectos es su ubicación en terrenos agrícolas. El decreto blinda aquellos que, de acuerdo con la clasificación que incluye el texto, son de más alto valor para el cultivo (terrenos de clase I y II). En los casos de clasificación más baja (III y IV), también limita los proyectos de renovables, que solo podrán ocupar “un 10% de la superficie agrícola de secano del término comarcal” y un máximo del 5% en el supuesto de que sea superficie de regadío.

Catalunya va atrasada en la implantación de las renovables para llegar a los objetivos que marca Europa, y ahora tiene que digerir (analizar) el montón de proyectos que se acumulan en la mesa del departamento de Acción Climática, que pronto tendrá 24 técnicos más para hacer este trabajo. La ponencia previa, que la pasada legislatura era un primer filtro de proyectos y que se ha traducido en 600 proyectos presentados, queda, con el nuevo decreto, eliminada, y ahora todas las propuestas de futuros parques eólicos y fotovoltaicos tendrán que cumplir con los nuevos requisitos si quieren salir adelante.

Solo los 9 proyectos (todos fotovoltaicos) que ya están tramitados y en información pública no tendrán que regirse por las nuevas condiciones. Los nueve proyectos son la excepción entre los 436 que se han presentado hasta ahora, a pesar de que solo 179 se consideran viables. También se han presentado 163 proyectos eólicos, 53 de los cuales son no viables.