La Iglesia advierte que las múltiples investigaciones sobre abusos pueden ser una exageración

Las 70 diócesis aprueban por unanimidad la auditoría que realiza el despacho Cremades y no participarán en el proceso del Defensor del Pueblo

BarcelonaLa Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado esta semana una asamblea plenaria en la que ha aprobado por unanimidad la realización de una auditoría sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia por parte del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, un encargo que la comisión ejecutiva de la CEE ya había pedido en febrero y en el que lleva casi dos meses trabajando. "Los obispos han apoyado por unanimidad la firma con el despacho Cremades para hacer una auditoría independiente", ha explicado el obispo auxiliar de Valladolid y portavoz de la CEE, Luis Argüello, que ha recordado que la petición a este bufete –con vinculaciones explícitas con el Opus Dei– tiene que ser un complemento y una mejora al trabajo hecho por todas las oficinas que abordan los casos de abusos sexuales denunciados dentro de la Iglesia, y que incluye las 70 diócesis y las 150 oficinas abiertas por congregaciones religiosas. La investigación de Cremades avanza en paralelo a la que impulsará el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y la que aprobó el Parlament de Catalunya esta semana, que a pesar de hacer mención explícita a los casos eclesiásticos, abordará también los que se han producido en otros ámbitos. Argüello ha remarcado que la Iglesia no formará parte de estas investigaciones, pero que colaborará, y ha dejado claro que tantas investigaciones pueden ser una "exageración", porque pueden perjudicar a las víctimas. "No sé si estamos exagerando la cuestión", ha manifestado el portavoz de la CEE, que ha hecho un llamamiento a la "prudencia".

De hecho, Argüello ha calificado de "insólita" la investigación que ha impulsado el Congreso de Diputados dejando en manos del Defensor del Pueblo esta tarea de analizar los abusos a la iglesia, puesto que la CEE considera que se tendrían que investigar todos los casos de abusos sexuales que afectan los diferentes ámbitos de la sociedad española y no solo los eclesiásticos. "Nos parece que hacer una investigación sobre los abusos solo en la Iglesia, cuando la misma consulta al fiscal general del Estado pone de manifiesto que de los 15.000 casos abiertos solo 69 se refieren en la Iglesia, es una decisión sorprendente", ha dicho el religioso.

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Esta misma semana, la Iglesia portuguesa ha aprobado que se pueda acceder a los archivos eclesiásticos en caso de denuncias de abusos a miembros de la comunidad católica. La cúpula española hará lo mismo, siempre de acuerdo con la legislación: "En la consulta a los archivos se tendrá en cuenta la legislación civil y canónica y la protección de datos. Siempre respetando la legislación, compartiremos los datos en función de los requerimientos de la justicia o las oficinas". Eso sí, Argüello ya ha avisado de que los archivos no aportarán mucha información: "Se sobrevalora lo que se piensa que se puede encontrar en los archivos". A pesar de que no se han actualizado datos –Cremades anunció que habían recibido poco más de una cuarentena de denuncias un mes y medio después de arrancar su trabajo–, el representante de la CEE ha advertido que no se están encontrando nuevos casos y que la mayoría de las personas que se ponen en contacto con el despacho para denunciar el que sufrieron son gente que ya había hecho este paso anteriormente: "Están recibiendo muchos casos de abusos familiares de fuera de la Iglesia. El número de casos nuevos es muy reducido".

En otro orden de cosas, Argüello ha querido remarcar la posición de la Iglesia española en referencia a la "invasión injusta" de Ucrania por parte de Rusia. Ha tildado la guerra de "bárbara" y ha mostrado su "solidaridad" con el pueblo ucraniano, "que se ve obligado a una defensa legítima". Además, ha lamentado que no solo llegan refugiados del este de Europa, sino muchos del África con pateras, a quienes también se tiene que ayudar. Para evitar que sea un problema solo de las Canarias, ha reclamado al gobierno español "establecer corredores de hospitalidad para que las diócesis españolas acojan a algunos de estos jóvenes".