Amnistía Internacional denuncia una doble vara de medir en la gestión de los refugiados
El informe anual de la entidad también recoge la impunidad en la gestión del covid de las residencias y el mantenimiento de la 'ley mordaza'
BarcelonaEl gobierno español ha sido capaz de articular una respuesta ágil para acoger los miles de refugiados de la guerra de Ucrania o de Afganistán, pero es incapaz de gestionar del mismo modo la crisis migratoria en la frontera sur. Es la principal conclusión del informe sobre derechos humanos del 2021 de Amnistia Internacional, que denuncia la doble vara de medir de las políticas de asilo del Estado. El documento también recoge la impunidad en la que han quedado las muertes en las residencias durante la crisis del coronavirus y denuncia que se continúe aplicando la controvertida ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza, para frenar los derechos de reunión y manifestación.
Según Amnistía Internacional, el conflicto de Ucrania ha evidenciado, no tan solo en España sino en la mayoría de Europa, la existencia de refugiados de primera y segunda clase. El informe destaca que el Estado ha sido capaz de dar una respuesta "ágil" a las personas que han llegado huyendo de la guerra de Ucrania y de Afganistán. Por ejemplo, después de que los talibanes llegaran al poder, evacuó a 2.026 personas del país y, "por primera vez", permitió que afganos pidieran asilo en la embajada de España en Pakistán. En cambio, la entidad contrapone esta política de gestión de la crisis migratoria con "el hacinamiento y la precariedad" de los centros que reciben a los inmigrantes que llegan a la frontera sur y a las islas Canarias, y lo atribuye a la "mala gestión" del gobierno español.
“No podemos un día acoger con los brazos abiertos a los que escapan de la guerra y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a las personas que saltan la valla en Melilla. No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea, y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio. Las autoridades españolas tienen que tomar una decisión sobre sí quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras, o si solo lo harán cuando los interese”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
El informe asegura que las condiciones con las que se atiende a las personas que llegan en patera a las Canarias o que saltan en Ceuta y Melilla les "causa un sufrimiento innecesario" añadido, especialmente en el caso de los menores extranjeros no acompañados. En septiembre un millar de menas todavía estaban pendientes de que las autoridades españolas evaluaran su situación, destaca la entidad, que subraya dos episodios críticos en la gestión de la inmigración en Ceuta: la devolución "ilegal" a Marruecos de 2.700 personas de las 8.000 que entraron en mayo saltando los puntos de control ceutí, y el intento de regreso forzado de 55 menores no acompañados a Marruecos en agosto, que un juzgado acabó suspendiendo.
"Impunidad" por las muertes en las residencias
Amnistía también es especialmente crítica con la gestión que el gobierno español hizo de las muertes en las residencias de personas mayores durante la crisis del coronavirus, y recuerda que en 2021 no prosperó ninguna de las investigaciones impulsadas por los familiares que buscaban que las autoridades asumieran responsabilidades por las defunciones. "El año 2021 es el año de la impunidad: ni una sola persona ha sido declarada culpable por la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias, y, aun así, ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados ha apoyado de momento la apertura de una comisión por la verdad", lamenta Beltrán.
El informe destaca la "presión sin precedentes" que sufrió el sistema sanitario y también denuncia las consecuencias de "la otra pandemia": la falta de acceso a la atención sanitaria de las personas con enfermedades crónicas o de salud mental, especialmente en el caso de las mujeres migrantes.
En cuanto a la expresión de los derechos fundamentales, el informe condena que no se haya modificado la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza y que basándose en esta normativa se hayan sancionado manifestantes que ejercían su derecho en la libertad de expresión. También denuncia el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél o el hecho de que varias personas hayan sufrido lesiones debido al uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos d'Esquadra, entre ellos la joven que perdió un ojo en Barcelona en una protesta por el encarcelamiento del rapero, un caso que está judicializado .