Cataluña rechaza la distribución obligatoria de menores migrantes sólo pactada por Canarias y el Estado
La Generalitat rechaza el reparto impuesto porque no se tiene en cuenta que ya atiende a más de 6.600
BarcelonaLos gobiernos canario y español han pactado una reforma urgente de la ley de extranjería para distribuir los menores inmigrantes no acompañados llegados tanto al archipiélago como a Ceuta y Melilla. El objetivo es aliviar los centros de acogida de estos tres territorios, que actualmente están sobresaturados, y repartir a estas criaturas por el resto de comunidades en función de sus poblaciones y sus PIB. A diferencia de ahora, la distribución estará incluida en una ley y se activará cuando los territorios declaren estar en “emergencia migratoria”, lo que significará que los centros de acogida estén por encima del 150% de su capacidad; una situación que, en estos momentos, ya se cumple en los tres puntos de la frontera sur.
Ante el fracaso del modelo de reparto voluntario, Canarias han presionado para que la distribución sea obligatoria y la atención de los menores no recaiga sólo en los territorios a los que llegan por cuestiones geográficas, ya que ni las islas ni las plazas africanas acostumbran a ser el destino final de los itinerarios migratorios. A partir de 3.000 menores en acogida se pueden empezar las derivaciones y, por tanto, con los 5.500 que existen actualmente en sus centros, las 16 comunidades deberían asumir unas 2.500 criaturas. ¿Cómo se haría? Teniendo en cuenta su población y su riqueza, criterios que las autonomías ya pactaron en el 2022, pero que es una fórmula que no ha terminado de funcionar.
Siguiendo esta regla, a Catalunya le correspondería atender a 191 menores y recibiría una compensación estatal por hacerse cargo, según ha avanzado El País. En el último reparto acordado del año 2023, fueron 33. La Generalitat, que rebaja esta cifra a un centenar, ha vuelto a mostrar su disconformidad con el acuerdo porque no tiene en cuenta "el esfuerzo real de 'acogida' y insistió en que el pacto debe incluir una financiación proporcional al número de acogidas reales. “Queremos acoger y lo estamos haciendo; de hecho, ahora mismo somos el territorio que más acoge sin ser puerta de entrada”, indican fuentes del departamento de Derechos Sociales, que señalan que ahora hay en el sistema de protección catalán 6.627 jóvenes migrantes solos, de los cuales 4.200 ya son mayores de edad legalmente.
Una vez estos menores llegan a la mayoría de edad, la Generalitat se hace cargo hasta que cumplen 23 años (como ocurre con el resto de criaturas extuteladas, indistintamente de la nacionalidad). Ahora bien, la Generalitat reclama un "reparto más justo", una "financiación proporcional" y también transparencia con los flujos migratorios, ya que hasta Cataluña han llegado durante el primer trimestre de este año 891 menores no acompañados desde Andalucía o Canarias, fuera de la distribución oficial.
Diferencias técnicas
En una rueda de prensa, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han mostrado sintonía, aunque ambas partes presentan diferencias técnicas sobre el procedimiento a seguir a la hora de promover la reforma legislativa del artículo 35 de la ley de extranjería. Por un lado, el ejecutivo español apuesta por hacerla a través de una proposición de ley, confiando en el aval de todos los grupos del Congreso, salvo el de Vox. Para los canarios, esta solución es demasiado lenta y pretenden que la modificación se realice vía un real decreto que entraría en vigor al día siguiente de la aprobación del consejo de ministros.
La voluntad de los gobiernos canario y estatal es que la iniciativa esté en vigor después del verano. Antes de su aprobación, será debatida en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, aunque Torres ya ha advertido de que la ley habilitará al gobierno central a imponer el reparto de los menores y proceder a su traslado si no hubiera acuerdo. “Es de sentido común y justicia. Habrá una negociación política porque no iremos a un decreto ley que fracasará. Debemos detener la sangría en este momento para evitar que el problema se siga agravando con el paso del tiempo”, ha indicado el presidente canario.