El gobierno español da 20 días a Sílvia Orriols para que explique cómo gestiona el padrón de Ripoll
La delegación del ejecutivo central en Cataluña quiere comprobar si se cumple la normativa estatal
BarcelonaEl delegado del gobierno español en Cataluña, Carles Prieto, ha pedido al Ayuntamiento de Ripoll que en un plazo de 20 días hábiles entregue un informe sobre la gestión del padrón del municipio, ante las denuncias de trabas a la hora de acceder a los trámites que deben realizar las personas inmigrantes.
El Ayuntamiento de Ripoll, gobernando por la alcaldesa de extrema derecha Sílvia Orriols, está dificultando el empadronamiento de personas inmigrantes, lo que limita el acceso de menores recién llegados a la escuela o servicios médicos, según han denunciado los afectados a El Periódico. Al menos una decena de migrantes recién llegados en los últimos meses en la capital de la comarca del Ripollès se encuentran en estas circunstancias, y otros ni siquiera han podido iniciar el trámite y viven sin los derechos más básicos o directamente se han ido a otros municipios , según el rotativo.
A raíz de esta información, Prieto ha pedido a Sílvia Orriols, del partido Aliança Catalana, que en 20 días hábiles le remita un informe sobre la forma en que el consistorio ejerce sus competencias en materia de empadronamiento de habitantes. El ejecutivo central quiere comprobar que el consistorio cumple la normativa estatal vigente a la hora de tramitar los expedientes y de cumplir los plazos.
Entidades sociales por los derechos humanos llevan años denunciando la práctica habitual de muchos consistorios catalanes de intentar evitar el empadronamiento de personas sin permiso de residencia, lo que contradice la ley de régimen local de 1985 que indica la obligación de registrarse independientemente de la situación legal del demandante o las condiciones estructurales de la vivienda. Incluso en casos en que no exista un domicilio fijo, pero se pueda acreditar la vecindad a la población, se habilita lo que se conoce como empadronamiento social, en la que la dirección de inscripción es una dependencia municipal, como hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona.
Precisamente estos esfuerzos por conseguir figurar en el padrón municipal abocan a los migrantes en una situación irregular al tener que pagar grandes cantidades de dinero al propietario de la vivienda o, incluso, a personas que dejan empadronar en su casa sin vivir en ella. Esto comporta que el colectivo más vulnerable y necesidad caiga en redes y mafias que terminan estafándolos, en muchos casos hasta miles de euros.