El gobierno español ha reubicado a 173 menores no acompañados de Ceuta en otras comunidades autónomas

Madrid / BarcelonaLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado este martes que el gobierno español tiene censados a 3.019 menores no acompañados en Ceuta desde la entrada masiva los días 30 y 31 de julio. Tras el consejo de ministros, la también portavoz del ejecutivo de Pedro Sánchez ha concretado que estos 3.000 niños están "filiados y atendidos", es decir, que se encuentran en los espacios habilitados para menores y, por lo tanto, separados de los adultos. De estos, 89 han sido reubicados en la Península en aplicación del derecho de reagrupación familiar –con familiares directos o con familia extensa–, y 173 más han sido reubicados en diferentes comunidades autónomas de acuerdo con el artículo 35 de la ley de extranjería.

Ahora bien, el gobierno español no concreta a qué comunidades autónomas se han trasladado estos más de 200 menores –sumando los que han sido reagrupados y los que han sido reubicados–. Saiz, en respuesta a los periodistas, se ha limitado a decir que han sido trasladados a prácticamente todas las comunidades, "incluso aquellas que han salido diciendo que no aceptarían niños y niñas por los acuerdos de la extrema derecha con el PP".

El gobierno español también ha detallado que se han enviado a Marruecos 35 expedientes de menores que llegaron durante la crisis a Ceuta para una posible reagrupación familiar en el país de origen. Con todo, Saiz ha subrayado que en el pasado les remitieron 650 expedientes de este tipo y nunca recibieron una respuesta.

Durante estos meses, la atención a los menores no acompañados llegados a Ceuta también se ha convertido en un elemento de confrontación política. La oposición ha rechazado frontalmente los traslados y su llegada a otros territorios, en algunos casos vinculados a los acuerdos entre el PP y Vox, a pesar de tener el mismo color que el gobierno de Ceuta, que pedía el traslado de estos chicos y adolescentes.

"¿Por qué vemos a un invasor y no a un niño?"

Esta politización ha contribuido a desplazar el foco de las necesidades de los menores y de las condiciones en las que han sido atendidos hacia la disputa política sobre quién debe atenderlos. "Hemos pasado del «queremos acoger» al «que no vengan, no queremos ni uno»", lamenta Maria Creixell, de la Coordinadora Obrim Fronteres, que explica que la principal preocupación de las personas que trabajan en Ceuta es la situación de desamparo y las condiciones materiales en las que se han encontrado la mayoría de estos menores durante semanas. Paula Escoleta, psicóloga de la asociación Psicomigra, añade la atención a la salud mental de estos niños. "Existe el riesgo de que el sufrimiento psicológico aparezca como una consecuencia natural de migrar, pero el daño psicosocial no es la migración en sí, sino la exposición a las violencias anteriores, durante y después del camino migratorio", advierte.

Las expertas avisan del riesgo que supone "homogeneizar el grupo", ya que atrás quedan realidades tan diversas como la guerra, el hambre, las situaciones climáticas o las situaciones de violencia o carencias sociales que han podido sufrir en su país de origen y de las cuales quieren huir. Escoleta recuerda que el trayecto deja una huella profunda: "La frontera la llevan en la piel, en la cara y en el origen. Si en la infancia, que es cuando se forja la personalidad, creces absorbiendo un contexto hostil, desarrollarás dificultades para confiar en los demás". La psicóloga insiste en que síntomas como la ansiedad, la hipervigilancia o la tristeza no son necesariamente patológicos, sino "una respuesta lógica a una situación extraordinaria", y apuesta por trabajar la resiliencia y la reparación del daño de criaturas que han demostrado una gran fortaleza para sobrevivir.

Tanto desde la Coordinadora Obrim Fronteres como desde Psicomigra se hace un llamamiento urgente a combatir la criminalización y el discurso de odio que se han instalado en el debate público. "Se les pide una actitud excelente cuando llegan, mientras se les continúa exponiendo a violencias. Se les trata como criminales cuando lo único que buscan es formar parte de nuestro día a día y tener un futuro digno", sostiene Creixell. Por su parte, Escoleta hace un llamamiento a la responsabilidad política y social para desmontar las narrativas racistas: "Antes que extranjeros son niños, y la lógica debería ser cubrir las mismas necesidades que cualquier otro niño o niña: protección, comida y techo". "¿Por qué cuando vemos a un menor extranjero no acompañado, vemos a un invasor y no vemos a un niño? Como sociedad tenemos que revisarnos y preguntarnos por qué nos está asustando o por qué odiamos a un infante".

Quejas de entidades sobre los retornos

Saiz también ha explicado que, desde el 10 de agosto, el gobierno español ha retornado a Marruecos 11.866 personas, la mayoría de las cuales han rehecho el camino a casa voluntariamente y unas 500 han sido expulsadas. De hecho, el gobierno español continúa el proceso de triaje de los inmigrantes que todavía están en la ciudad autónoma. La ministra también ha dicho que actualmente hay 4.400 adultos que han completado la fase de triaje y que se han habilitado 7.477 plazas temporales para inmigrantes. En este sentido, Saiz ha precisado que esta semana se ha producido "un punto de inflexión" con los desalojos de las playas de El Trampolín y de El Guano, que se han producido "con éxito y sin incidencias". Las personas desalojadas han vuelto mayoritariamente a Marruecos o están ocupando las más de 7.400 plazas temporales de atención humanitaria habilitadas por el ejecutivo español.

Ahora bien, ocho entidades como Amnistía Internacional, Red Acoge y Oxfam Intermón han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo sobre presuntas vulneraciones de los derechos de los inmigrantes, sobre todo en lo que se refiere a su acceso al asilo. En un comunicado conjunto, han denunciado irregularidades en los procedimientos de triaje, protección internacional, devolución y retorno, y han planteado "serias dudas" sobre el cumplimiento de las obligaciones de España en cuanto a los "retornos presuntamente voluntarios" de los últimos días. En solo una semana, lo han hecho 2.500 personas.

Las organizaciones afirman que se han detectado problemas para formalizar las solicitudes y para acceder a mecanismos de notificación, como las publicaciones oficiales, cuyos plazos son extremadamente breves para presentar recursos. Así pues, también señalan que los inmigrantes tienen dificultades para acceder de manera inmediata a la justicia gratuita. Ante esta situación, han pedido que se suspenda inmediatamente cualquier devolución de personas que hayan manifestado la voluntad de pedir asilo o sobre las cuales haya dudas sobre si se han registrado correctamente. A esto se añaden casos de maltrato a inmigrantes por parte de militares, también documentados por las entidades a través de diversos testimonios.