Lourdes Reyzábal: "Algunos menores retornados a las autoridades marroquíes relatan haber sufrido violencia"

BarcelonaLourdes Reyzábal es la presidenta de la Fundación Raíces, que desde hace años trabaja en la defensa de los derechos de los menores migrantes. También en Ceuta, donde este martes el gobierno español ha elevado hasta 70.000 el número de personas que cruzaron la frontera desde Marruecos. A pesar del retorno de la mayoría, todavía hay un millar de niños y adolescentes en acogida.

¿Cuál es la situación a la que se enfrentan estos menores?

— Están atrapados entre la ferocidad de las fronteras europeas y españolas, que son una picadora de sus derechos, y la instrumentalización de Marruecos y otros países de origen que menosprecian su protección. España y Marruecos son países obligados a entenderse, pero una vez más, estos niños han sido utilizados como arma arrojadiza y expuestos al total desamparo y a la vulneración de derechos. Una vez se encuentran en nuestro territorio, hay que priorizar la protección a la infancia, garantizar sus derechos y evitar que ningún niño que huye de países en conflicto u otras formas de violencia pueda ser retornado.

¿Qué diferencias y qué similitudes ven respecto a la crisis migratoria de Ceuta del 2021?

— De nuevo, los estados usan personas como moneda de cambio con finalidades económicas y políticas, especialmente menores en situación de vulnerabilidad. Si todas las instituciones dieran el valor que tiene a la protección de la infancia no habría dudas sobre la cooperación interterritorial, pero tristemente Europa ha trasladado una falta de solidaridad con la ciudad de Ceuta y con toda España. Es obligación de todas las administraciones de la UE asegurar la protección de todos los niños, más allá de la ciudad o el país al que hayan llegado, porque son miembros de las Naciones Unidas y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

¿Qué errores se están repitiendo?

— La falta de previsión, la situación de desprotección y el abandono de miles de niños; la falta de garantías en el acceso al proceso de asilo y las vulneraciones de derechos en los supuestos retornos voluntarios y la repatriación de menores. También la falta de solidaridad interterritorial entre comunidades autónomas, la instrumentalización política y los discursos de odio.

¿Ceuta está en condiciones de garantizar la protección y la atención que necesitan estos menores?

— Cientos de menores se encuentran en este momento fuera del sistema de acogida, durmiendo literalmente en las calles o escondidos. El área de menores de la ciudad autónoma no puede garantizar, por sí misma, la protección de todos los menores que han llegado y, por lo tanto, muchos se están quedando en una situación de absoluto desamparo y expuestos a ser víctimas de cualquier forma de violencia o explotación. En Ceuta confluyen múltiples realidades que exigen atención urgente, como bebés y niños pequeños, adolescentes de zonas fronterizas y subsaharianos y madres con hijos pequeños. Los hay que arrastran meses de tránsito y violencia, que pueden solicitar protección internacional. Muchos de los jóvenes que provienen de Marruecos son los que hace unos meses alzaban la voz contra un régimen que menosprecia sus derechos y les frustra cualquier proyecto de futuro.

¿La mayoría de estos niños quiere continuar su proyecto migratorio o quieren volver con sus familias?

— Nuestra experiencia nos dice que, en general, querrán quedarse en España para encontrar protección y construir un futuro mejor. Y no se debe buscar el retorno si existe un riesgo razonable para sus derechos. Si hay deseo de volver y las familias están localizadas, el menor debe entrar al sistema de protección hasta la reunificación y esta nunca puede consistir en la mera entrega a las autoridades marroquíes por riesgo de desprotección o violencia. Aun así, nos consta que algunos menores que han sido retornados han relatado haber sufrido violencia. Según nos han informado otras organizaciones, algunos han sido repatriados en contra de su voluntad y sin que se respete el procedimiento legalmente. Habrá que estudiar, caso a caso, poniendo en el centro de la actuación administrativa el interés superior de cada niño. Y siempre debe prevalecer la presunción de minoría de edad.

El debate político se está centrando en el reparto de los menores entre las comunidades autónomas y los colores políticos. ¿Le preocupa que la confrontación política de 2024, con los menores de Canarias, se vuelva a repetir?

— La confrontación existe desde el momento en que la Administración, a través de las ciudades y las comunidades autónomas, no está ofreciendo la atención inmediata de urgencia a estos niños y niñas. El gobierno español debe utilizar el marco de cooperación interterritorial para reducir la presión sobre los territorios fronterizos y garantizar, conjuntamente con las comunidades autónomas, la protección de todos los niños y niñas en situación de desamparo. Mientras esto no sea posible, debe dotar a la ciudad autónoma de los recursos necesarios para que se pueda garantizar esta protección.

¿Le preocupa que esta nueva crisis pueda alimentar los mensajes antiinmigración y racistas?

— España y Europa deben salir de los parámetros geopolíticos y del discurso de la avalancha migratoria, que estigmatiza a las personas, las culpa y desvía el foco de quienes son la verdadera causa de esta situación terrible. Debemos poner todos los esfuerzos en la gestión del drama humanitario, con mucha más corresponsabilidad y diligencia, y situar en el centro de todas nuestras actuaciones el respeto escrupuloso de los derechos humanos. Los intereses económicos, geopolíticos y políticos, a uno y otro lado de nuestras fronteras, durante los últimos cuarenta años, han conseguido que una gran parte de nuestra sociedad crea y defienda que las políticas de extranjería y el control de fronteras deben situarse por delante del respeto a los derechos humanos y, especialmente, al derecho a la vida, incluso en el caso de las personas más vulnerables.

¿Qué es lo que más les preocupa ahora mismo y qué medidas urgentes deberían adoptarse para evitar que esta situación se cronifique?

— Nos preocupa la situación de abandono y desprotección en la que se encuentran los niños y niñas y los posibles solicitantes de protección internacional, y el hecho de que se hayan empezado a hacer devoluciones sumarias a Marruecos sin garantías, como en 2021. El Tribunal Constitucional exige una evaluación individualizada y el Supremo sentenció en 2024 que los procedimientos de rechazo en frontera y devolución no están legalmente previstos para menores. De hecho, condenó a la delegación de Gobierno por hacerlo.