Emergencia social

"Los vecinos están satisfechos": choque entre Albiol y la oposición badalonesa por el desalojo del B9

La oposición municipal reprocha al alcalde "la dejadez de funciones" en la atención a las personas expulsadas, que han empezado a estar reubicadas por entidades

ARA
24/12/2025

BarcelonaLa oposición en el Ayuntamiento de Badalona ha aprovechado la convocatoria de un pleno extraordinario este miércoles para cargar contra Albiol por su gestión del desalojo. El tema no constaba a la orden del día, pero desde el PSC a ERC, Badalona En Comú Podem y Guanyem Badalona han exigido explicaciones al alcalde ante la "crisis humanitaria" a la que se enfrenta la ciudad. Y, sin embargo, el alcalde ha respondido que "el tema está casi resuelto por no decir resuelto". Y ha añadido: "Los vecinos están, en términos muy generales, satisfechos con la acción de su gobierno".

Dolors Sabater, de Guanyem, ha calificado de "gravísimo" que el gobierno del PP echara a las 400 personas del B9 sin ofrecerles ninguna alternativa residencial en pleno invierno; Aïda Llauradó (En Comú Podem), les ha culpado de haber "generado el caos", "señalado y discriminado a personas migradas" y atizado "discursos de odio", y el republicano Àlex Montornès ha calificado de vergonzosa la actitud respecto a los migrantes expulsados ​​y ha apelado al año na el espíritu. "La solución no es detener alojamientos en parroquias o decir quemar albergues", remachó.

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Lo que más ha hecho saltar a Albiol, sin embargo, ha sido la intervención del representante del PSC, Christian Carneado, que ha querido agradecer a la Generalitat –también socialista– haber actuado ante la "dejadez de funciones" y la "falta de humanidad" del gobierno municipal, y recordó que así lo está investigando la Fiscalía. "Deberíamos hacer una reflexión y pedir perdón", le ha dicho a Albiol. El alcalde, que ha aceptado hablar porque el tema es "de actualidad", ha respondido que "las cosas han empezado a resolverse bien cuando ha habido colaboración institucional. Y lo dejo aquí", ha dicho, y ha sugerido que el Govern no se había prestado hasta ahora.

Dicho esto, el popular se ha afianzado en la defensa de su actuación con el B9. "No ha sido acción contra la inmigración irregular y contra los inmigrantes. Badalona tiene inmigrantes y son bienvenidos si vienen a trabajar. Ha sido una acción contra un empleo ilegal", ha dicho. "Me da igual que los ocupas sean negros o sean blancos, sean guapos o sean feos. Esta es nuestra línea de trabajo y la seguiremos llevando a cabo", sentenció.

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Los Comunes y Podemos denuncian a Albiol

El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, también ha denunciado al alcalde de Badalona por el desalojo del antiguo Instituto B9 de Badalona. Según ha explicado a Catalunya Ràdio, Asens acusa a Albiol de denegar servicios públicos por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. "Albiol se cree que Badalona es Estados Unidos y que puede actuar como Trump, pero no puede estar por encima de la ley", ha dicho este miércoles.

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De este modo, el eurodiputado ha recordado que la resolución judicial que autorizaba el desalojo le condicionaba a proporcionar una alternativa, lo que no ha cumplido el Ayuntamiento de Badalona. De hecho, Albiol ha dicho en reiteradas ocasiones que el consistorio "no ofrecería alojamiento ni recursos residenciales". Este martes la Fiscalía ya pidió a la juez que autorizó el desalojo que pidiera explicaciones al Ayuntamiento sobre qué medidas ha tomado para proteger a las personas vulnerables que han sido desalojadas.

Asens, pues, afirma que Albiol denegó su ayuda a los migrantes "de forma selectiva" debido a su origen y condición social, lo que se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios. El de Comuns recuerda, además, que la incitación al odio no requiere expresiones explícitas para ser cometida. También defiende que hay "indicios de desobediencia reiterada" para no dar al consistorio badalonés "cumplimiento efectivo" a la resolución judicial que amparó el desalojo.

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Podemos también ha denunciado a la Fiscalía que durante el desalojo no se organizó un dispositivo "real y suficiente" de acogida residencial. En un comunicado, el partido recuerda que el desalojo fue autorizado por una juez "con condiciones expresas" como el principio de proporcionalidad, la aplicación del protocolo municipal de atención a personas sin hogar y la prestación de atención social efectiva, incluida la oferta de recursos residenciales. Podemos considera que estas condiciones no se han cumplido y cree que pueden haberse cometido delitos de omisión del deber de socorro, de prevaricación administrativa y contra la integridad moral.

Ante esta situación, el Gobierno también movió ficha este martes. El departamento de Derechos Sociales firmó un convenio con las entidades para dar techo a todos aquellos que desde el sábado se han instalado debajo del puente de la C-31. También para la decena que habían ocupado el antiguo albergue municipal de Can Bufí Vell, cerrado desde hace casi dos años. El acuerdo garantiza alojamiento para los próximos dos meses en diferentes emplazamientos de Catalunya y supone también renunciar a la acogida en la parroquia de la Virgen de Montserrat, el espacio que el domingo no pudo abrirse por el bloqueo de unas pocas decenas de vecinos.

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"En este punto hemos tenido una postura muy pragmática. Necesitábamos dar un recurso a estas personas y [...] no las pondremos en un lugar donde su seguridad pueda corre ningún riesgo", lo ha justificado en Catalunya Ràdio Martínez Bravo, que ha cuestionado a la "humanidad" del gobierno badalonés a la hora de hacer B.