Solo un 14% de los jueces tienen el nivel básico de catalán

BarcelonaLa primera radiografía sobre el uso del catalán en la administración de justicia muestra un panorama desolador. El castellano continúa siendo la lengua madre de la justicia, a pesar de los esfuerzos de la Generalitat por revertir la situación. El indicador que hasta ahora se usaba para medir el uso del catalán –el número de sentencias dictadas en esta lengua– ha llegado a mínimos históricos: de cada 100 sentencias que se hacen públicas, no llegan ni a 7 las redactadas en catalán. Pero es que el resto de valores que la conselleria ha revisado por primera vez este año evidencian que la opción del catalán ni siquiera se respeta cuando son los mismos usuarios quienes la piden: según los resultados, 376.627 usuarios que han solicitado recibir las notificaciones en catalán se han encontrado con que se les continuaban comunicando en castellano, el 81% del total. "Y esto no ayuda a sentir una justicia cercana", ha asegurado la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, que ha asegurado que si no se respeta la opción lingüística, se está vulnerando los derechos de defensa de la ciudadanía.

El bajo uso del catalán en los juzgados se explica en buena parte por el desconocimiento de la lengua que tienen jueces y magistrados: tan solo un 14% tiene el nivel C1, que es el que obtienen los estudiantes cuando acaban la educación secundaria obligatoria (ESO). En el caso de los fiscales, solo un 9% tiene este nivel acreditado. El grado de conocimiento de la lengua sube por encima del 25% en el caso de los letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) y de los funcionarios judiciales. Justo es decir, sin embargo, que la mayoría de los profesionales no especifican su nivel.

Es cierto que la mayoría de los jueces y fiscales que ejercen en Catalunya son de otros puntos del Estado, pero la formación en catalán tampoco es superior entre los abogados, un perfil profesional con gran tradición en Catalunya. Según la radiografía del departamento de Justicia, la mayoría de asignaturas que se ofrecen en la carrera de derecho en muchas universidades son en castellano, excepto en la Rovira i Virgili, la Universitat de Girona, la de Lleida y la UOC. El catalán se utiliza en el 41% de las horas lectivas de los grados y solo en el 31% en el caso de los másteres. En 2021 solo 38 personas hicieron la prueba de acceso a la abogacía (a la cual se presentan miles de aspirantes) en catalán. Esto también explica por qué los abogados solo presentan un 6,2% de las demandas en catalán.

Recogida de quejas vía QR

Ante este panorama, la conselleria de Justicia pondrá en marcha una batería de medidas para reforzar el uso del catalán en los tribunales a través del Pacto Nacional por la Justicia, que se aprobará en julio. Entre ellas, está la creación de un código QR a través del cual la ciudadanía podrá dejar constancia de las vulneraciones de sus derechos lingüísticos desde el móvil, y una campaña con el lema "Usar el catalán no cambia la sentencia. Haz justicia al catalán", que se suman a otras medidas del último año, como por ejemplo las becas para incentivar la presencia de jueces catalanes.

Para fomentar la formación en catalán entre jueces y fiscales también se negociará con la Escuela Judicial que la obtención del certificado C1 de catalán sea un mérito. "Eso no es una utopía, de hecho, de no hacerse sería un agravio comparativo porque en Valencia ya existe", ha recordado Ciuró. De hecho, la Generalitat siempre ha reclamado que el conocimiento del catalán no sea un mérito, sino un requisito de acceso a la carrera judicial.

La caída del uso del catalán en la justicia contrasta con la presencia que la lengua tiene en otros ámbitos judiciales, como las prisiones o la justicia juvenil. Tres cuartas partes de los profesionales del ámbito penitenciario y del ámbito de la justicia juvenil hablan en catalán entre ellos, a pesar de que cuando se dirigen a los presos y los jóvenes ajusticiados lo hacen mayoritariamente en castellano (el porcentaje de uso del catalán no supera el 30%). En cambio, el catalán es la lengua predominante en los talleres formativos y de alfabetización de las prisiones y los centros de justicia juvenil.