La Fiscalía pide inhabilitar a Vergés y Argimon para "discriminar" a policías y guardias civiles en la vacunación contra la cóvida

BarcelonaLa Fiscalía acusa a los exaltos cargos del departamento de Salut de "discriminar" a los policías nacionales y guardias civiles destinados a Catalunya por haberlos vacunado contra la cóvida mucho más tarde que los mossos d'esquadra. Los hechos se remontan a marzo del 2021, cuando Alba Vergés era consejera. También están acusados ​​el entonces director general del Instituto Catalán de Salud (ICS), que fue consejero más tarde–; de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

El escrito de acusación, que ha podido consultar el ARA, apunta que el departamento "paralizó" la vacunación a los agentes y no les priorizó por delante de la población general, como sí había hecho con otros cuerpos de emergencia. civiles destinados a Catalunya y del 3,6% entre los policías nacionales, mientras que en el cuerpo de Mossos ya habían recibido la vacuna el 77% de los agentes. al 9 de febrero de 2021, cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó priorizar la vacunación con AstraZeneca a algunos grupos profesionales, entre los que se encontraban los cuerpos policiales. delegados de la Policía Nacional y la Guardia Civil para organizar la vacunación a los agentes. las vacunaciones programadas con AstraZeneca porque se habían detectado casos de trombosis, algunos incluso mortales. Esto hizo que ese mismo día la vacunación a los policías quedara anulada "hasta que se dispusiera de vacunas suficientes"

Unos días después, el 22 de marzo, el propio Consell estableció que podía volver a administrarse esta vacuna y que a partir de entonces la franja de edad que podría recibirla sería la de entre 60 y 65 años. En ese momento, apunta el fiscal, la tasa de vacunación entre los policías nacionales y los guardias civiles ya era muy distinta a la de otros cuerpos de emergencias.

Pese a estos datos, dice la acusación pública, la cúpula de Salut decidió que "se priorizaría, desde entonces, la vacunación a las personas de entre 60 y 65 años, en detrimento de estos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en este margen". El fiscal reprocha que "los acusados ​​eran plenamente conscientes de que con esta decisión se estaban discriminando, de hecho, a los policías de los cuerpos estatales, que se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales o autonómicos ya estaban protegidos".

Esta causa parte de la denuncia de los sindicatos Jupol y Jucil, que son acusación popular y piden una condena de tres años de cárcel y otros 15 de inhabilitación. Al margen de la causa penal que se juzgará en la Audiencia de Barcelona, ​​los sindicatos también abrieron un procedimiento contencioso contra ese plan de vacunación. Su demanda hizo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aceptara la medida cautelar que pedían y ordenara a Salut vacunar a los agentes en un máximo de diez días. El tribunal también condenó por la vía contenciosa al Gobierno por haberlos "discriminado".