Ayudas a extutelados de la DGAIA: Antifraude apunta a posibles "incumplimientos contractuales" y la Fiscalía continuará investigando

BarcelonaLa Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha cerrado la investigación de uno de los dos expedientes que tenía abiertos por posibles irregularidades de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en las ayudas de vivienda que recibían los jóvenes extutelados. Según fuentes jurídicas, la investigación no ha podido acreditar que hubiera fraude, pero sí concluye que podría haber incumplimientos contractuales. Como ya explicó el ARA, el caso está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y ahora Antifraude le ha remitido sus conclusiones. El ministerio público continuará investigando si se cumplieron las cláusulas de los contratos firmados con las empresas encargadas de la gestión de las prestaciones.

En cuanto al caso en que Antifraude ya ha entregado su informe al fiscal, la investigación se abrió por la sospecha de que algunas ayudas económicas a jóvenes extutelados se daban sin control, incluso se habrían concedido a personas que ya no vivían en Cataluña. El informe de Antifraude concluye que no se han podido detectar aspectos delictivos o de fraude.

Por ello, Antifraude ha enviado sus conclusiones al ministerio público y este comprobará si ha habido deficiencias en el cumplimiento de los contratos de la DGAIA con las entidades colaboradoras, y si la administración había fallado a la hora de hacer seguimiento y supervisión. La investigación de la Fiscalía deberá concluir si hay solo irregularidades administrativas y disfunciones del organismo público, o si puede llegar a haber delitos. Si fuera así, entonces sería cuando lo llevaría a un juzgado para que lo investigara a fondo.

El procedimiento será similar con el segundo expediente que Antifraude mantiene abierto, que a la vez también está en manos de la Fiscalía. Como el primero, también afecta a una fundación de Girona gestionada por una UTE formada por la Fundació Mercè Fontanilles y la Fundació Resilis. En este caso se investiga la posible existencia de plazas de alojamiento fantasma,es decir, plazas por las que las entidades cobraban de la Generalitat por acoger a jóvenes que en realidad no acogían. En este segundo caso Antifraude todavía no ha llegado a ninguna conclusión y aún tiene por analizar una gran cantidad de documentación.

Investigación desde el 2025

El caso estalló en enero de 2025 con la denuncia de un trabajador del tercer sector que había detectado irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda que afectaban a jóvenes extutelados. En un caso, por ejemplo, un joven recibía ambas prestaciones, cuando hacía meses que vivía y trabajaba en Valencia. Incluso, desde la fundación que se encargaba de la gestión de las ayudas se había cambiado al joven de piso aludiendo que estaba buscando trabajo, cuando, en realidad, hacía meses que trabajaba fuera de Cataluña.

Más adelante, tres trabajadoras denunciaron que una entidad, a pesar de tener plazas vacías en los pisos para acoger jóvenes, cobraba a la Generalitat como si las viviendas estuvieran llenas.

Además, en junio del año pasado la Sindicatura de Cuentas hizo un informe que concluyó que el departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas entre 2016 y 2024. De estos 167 millones, 4,7 millones estaban relacionados con el caso denunciado porque eran pagos indebidos a los jóvenes extutelados.

Por otra parte, un juzgado de Barcelona archivó en abril pasado una querella del colectivo jurídico Acció Cassandra contra cuatro exconsejeros de la Generalitat y altos cargos por presunta malversación en la DGAIA. La querella rechazada por el juzgado se dirigía contra los exconsejeros del área social Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano. También contra el exsecretario Josep Ginesta y tres exdirectores de la DGAIA, entre otros. Invocaba delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos. Ante el archivo, la entidad anunció que presentaría recurso.