Las nuevas pulseras de control de órdenes de alejamiento tendrán más batería y no se podrá extraer la SIM

BarcelonaLas nuevas pulseras de localización para controlar órdenes de alejamiento por violencia sexual y machista tendrán más batería y no se podrá extraer la tarjeta SIM de los móviles asociados a ella y que llevan tanto a víctimas como agresores. A principios de mayo terminará el contacto con la UTE de Vodafone y Securitas que actualmente se encarga del seguimiento de estos dispositivos, y este martes el Consejo de Ministros ha autorizado contratar un nuevo servicio. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que en los nuevos dispositivos la batería durará más tiempo y que irán ligados al tobillo, como ya ocurre con todos los que dependen de las cárceles catalanas.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de 36 meses y de entrada tiene un presupuesto de 71 millones de euros. La cifra podría llegar hasta los 111 millones en caso de que se activaran las dos prórrogas anuales que se pueden realizar. En este nuevo contrato también se incrementará el número de dispositivos en stock, lo que permitirá cambiar en "un tiempo récord, de máximo 24 horas", quienes presenten alguna disfunción.

El nuevo contrato llega unos meses después de hacerse público el error en el sistema de control de órdenes de alejamiento que dejó inaccesibles los datos de localización de multitud de investigados y condenados y que, tal y como alertó la Fiscalía, provocó una "gran cantidad de sobreseimientos provisionales o sentencias absolutorias". Redondo recordó que esta situación se dio en el momento de transición entre el contrato anterior, de Telefónica, y el actual, de Vodafone y Securitas. En el momento de transición entre las dos plataformas, ha dicho Redondo, "se hallaron diferentes disfunciones en cuanto a la itinerancia de datos". La ministra también ha recordado que la plataforma gestiona todos los días 30 millones de geolocalizaciones. En cuanto a las causas que terminaron archivadas o en absolución por culpa de este error, Redondo ha dicho que pidieron a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que les reportaran estos casos. "Hoy todavía esperamos estas sentencias. Creo que es importante tener en cuenta que ya han pasado unos meses", ha dicho.

Con todo, Redondo ha asegurado que tras la incidencia activaron dos investigaciones, una interna y otra a través de una auditoría, y que las conclusiones servirán para incorporar mejoras en el próximo contrato. "Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un gobierno responsable", añadió.