Primeras denuncias por el escándalo de los diagnósticos de cáncer de mama en Andalucía
La Fiscalía ya tiene cuatro demandas sobre la mesa y mujeres afectadas se agrupan para preparar una conjunta
BarcelonaLos errores de comunicación y los retrasos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía van tomando forma de denuncia en distintos intentos para que la justicia aclare qué ha fallado y señale responsabilidades. La Fiscalía Superior de Andalucía tiene ya cuatro denuncias sobre la mesa y espera recibir otras que ya se han anunciado públicamente para unirlas y valorar cómo actuar, según explican al ARA fuentes del ministerio público. Hace dos semanas, el gobierno andaluz admitió errores en los diagnósticos y estimó que habría al menos 2.000 afectadas. Y el goteo de mujeres no se detiene. El escándalo, que ya se ha cobrado el primer responsable político con el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández, supone la mayor crisis política que ha tenido que afrontar Juanma Moreno Bonilla desde que llegó a la presidencia de Andalucía, en el 2019.
Las cuatro denuncias que se han presentado hasta ahora en la Fiscalía las firman Adelante Andalucía, el Defensor del Paciente, Izquierda Unida y otro partido político, que hace referencia a casos en el hospital de Torrecárdenas. Estas denuncias no representan afectadas concretas, sino que piden al ministerio público que investigue los errores en los cribados. La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha asegurado este miércoles que están estudiando "cada denuncia" para esclarecer si existe responsabilidad penal y "si hay autores de estos hechos".
Sí que representará a mujeres y casos concretos la denuncia que prepara la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama). "Estoy recopilando información, tengo casos de muchísimas mujeres. Más de cien, no para de crecer", explica al ARA el abogado Manuel Jiménez Soto, que representa a la asociación.
Amama ha anunciado públicamente su intención de demandar al Servicio Andaluz de Salud, que depende de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por los retrasos en las pruebas diagnósticas. Las siete voluntarias que trabajan en la asociación, todas ellas pacientes de cáncer de mama, no dan abasto para responder teléfonos, explica la secretaria de Amama. Ante el alud de afectadas que se han puesto en contacto, desde la asociación se plantean realizar las denuncias "por bloques" de aproximadamente una cincuentena de mujeres cada uno, de forma que se pueda agilizar el procedimiento mientras su abogado sigue revisando los casos que llegan.
"Quiero pensar que en una semana o diez días habré terminado, pero no dejan de llegar casos. Cuando creo que he terminado, tengo 30 nuevos", reconoce Jiménez Soto. Sus objetivos son tres: "Primero, que digan dónde está el error, porque no quieren decirlo. Segundo, que activen un plan para que no vuelva a ocurrir. Y tercero, que indemnicen a las afectadas". De momento se plantea denunciar a la Junta –"Como no dicen quiénes son los responsables, tengo que empezar por allí", explica– con el objetivo de que la investigación permita acotarlo a la conselleria y sus responsables directos.
Por ahora no hay ninguna denuncia que afecte a un aforado, como sería un cargo del gobierno autonómico, según apuntan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En cambio, indican que es imposible recontar los casos que hayan llegado a los juzgados ordinarios, porque pueden corresponder a distintas ciudades y no existe una base de datos común.
Denuncia por homicidio
También ha anunciado una denuncia el bufete sevillano Sires Abogados. Este mismo miércoles ha presentado en los juzgados una denuncia por homicidio contra el Servicio Andaluz de Salud en representación de la familia de un hombre que en julio falleció con 86 años después de que "no fuera tratado con diligencia debida por la sanidad pública andaluza, que llegó a perder pruebas clave para el seguimiento de la enfermedad". Al hombre, nacido en Garrucha (Almería), le habían realizado el diagnóstico en el 2005 y fue operado en Madrid, donde vivía. Una vez jubilado, en 2011 se trasladó definitivamente a su comunidad natal y desde entonces fue por la sanidad andaluza.
Según denuncia la familia, la asistencia médica que recibió incurrió en "graves omisiones, ya que no se le hizo un diagnóstico diferencial adecuado pese a tener antecedentes oncológicos claros, y no se solicitó valoración por oncología ni comité multidisciplinar, incumpliendo los protocolos asistenciales". El mismo abogado que representa a la familia, José Antonio Sires, también ha anunciado públicamente que presentará en representación de la familia de una mujer de 82 años que falleció en Sevilla otra denuncia contra la Junta de Andalucía, "a la que considera responsable de una muerte que podría haberse evitado con una correcta gestión de los cribados de esta enfermedad".