Las prisiones, al 95%: más semilibertades para hacer espacio e internos sancionados en la enfermería

BarcelonaEn la prisión de Figueres hay internos durmiendo en la enfermería en lugar de en los módulos habituales porque allí no caben, y en la última semana una decena de internos en Lledoners cumplían sanciones de aislamiento en el módulo de ingresos, donde normalmente solo colocan a los que acaban de llegar a la prisión. Son dos de las situaciones que diferentes trabajadores del sistema penitenciario han explicado a l'ARA, todas con un mismo motivo: cada vez hay más presos y el espacio en las prisiones es el mismo. Hace cinco años había 1.800 presos menos que ahora, y esto significa que la población penitenciaria ha crecido un 23% y el sistema penitenciario se acerca a su límite. Según los datos públicos del departamento de Justicia, ahora mismo las prisiones están al 95%: el 31 de agosto había 9.597 presos y la capacidad total del sistema es de 10.016.

El Gobierno hace tiempo que lo tiene en cuenta y hace ahora un año anunció que crearía dos módulos más dentro del perímetro de Mas d'Enric que se estrenarían en 2028. Todavía no se han empezado a instalar, pero fuentes del departamento de Justicia prevén que podrían acabar quedándose cortos y ya se plantean crear más módulos como estos para conseguir entre 600 y 700 plazas más.

La Generalitat dice que quiere evitar llegar al punto de saturación, pero diversas fuentes consultadas por el ARA aseguran que las consecuencias del aumento de población penitenciaria ya se notan en muchos módulos.

La situación es generalizada en los diferentes centros penitenciarios, y en algunos de los centros abiertos –y en Wad-Ras, donde también hay internos en semilibertad– puede haber incluso más internos que plazas porque algunas modalidades de semilibertad no implican que los internos duerman en el centro, según fuentes penitenciarias.

Con todo, la portavoz de la UGT Prisiones, Montse Balaguer, distingue entre la capacidad del sistema penitenciario en función de cuántas camas y celdas hay y la capacidad teniendo en cuenta el personal disponible para hacerlo funcionar. Mientras la primera cifra supera los 10.000, ella sitúa la segunda en 7.500: "Es el número máximo para el cual se ha desarrollado todo: las cocinas, los psicólogos, los funcionarios de vigilancia, los educadores", asegura.

Más semilibertades

Una educadora penitenciaria valora que el hecho de que cada vez haya más internos también provoca que haya más tensiones entre los presos, y lo atribuye, en parte, a los incidentes y agresiones de este verano. La misma trabajadora, que pide mantener el anonimato, apunta que el hecho de que haya más presos en los patios y zonas comunes hace más complicado para los educadores detectar posibles conflictos. En la misma línea, una psicóloga penitenciaria explica que en su centro han pasado de tratar entre treinta y cuarenta internos por profesional a tener cincuenta cada uno, y como hay dos psicólogos en cada módulo se tienen que ocupar de un centenar de internos cada uno cuando falta algún trabajador.

Estas dos profesionales y otras fuentes vinculadas al sistema penitenciario que también piden mantener el anonimato aseguran que la instrucción generalizada últimamente en las prisiones es tender a "la aperturismo", un término que la consejería llevó por bandera durante el mandato de Gemma Ubasart para reducir la reincidencia priorizando las semilibertades. Los terceros grados y otras modalidades de semilibertad también se potenciaron durante la pandemia de la covid-19 para facilitar los confinamientos y la distancia social.

"Nos piden que hagamos una valoración más generosa, y si es posible que los clasifiquemos de entrada en tercer grado", resume una trabajadora. "Algunas excarcelaciones se están haciendo un poco antes de tiempo", asegura otra. Los profesionales consultados lo describen como una "recomendación insistente" y alertan de que el hecho de tener que evaluar cada vez más internos y con estas directrices implica el riesgo de que no puedan ser "tan exhaustivos como antes".

Con todo, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra y doctor en criminología y derecho Albert González Jiménez recuerda que si detecta un tercer grado prematuro o inadecuado, la Fiscalía puede intervenir con un recurso. González también valora que a veces se hace "un uso excesivo del encarcelamiento" y defiende potenciar las medidas en medio abierto. "No como una solución a la saturación, sino que haber explorado desde antes este medio abierto habría sido una forma de evitar la saturación y otras problemáticas", valora. También apunta la necesidad de estudiar cómo reducir los encarcelamientos preventivos.

Espacio para aislamientos

Las soluciones que se están tomando también se centran en recolocar a los presos, y esto en algunos casos conlleva que duerman en módulos que no les correspondería, como la enfermería, a pesar de estar sanos, o el módulo de ingresos, aun llevando tiempo en prisión. Lo que diversas fuentes señalan como el hecho más problemático es que esta falta de espacio está haciendo también que no haya suficientes plazas para que los internos que son sancionados cumplan las medidas en las áreas donde deberían hacerlo: los departamentos especiales de régimen cerrado (DERT), que están reforzados con más personal. Además, la arquitectura de estos módulos donde viven los internos con el régimen de vida más estricto es diferente a la de los módulos ordinarios, y hay más patios para que los presos en aislamiento puedan salir al exterior un rato cada día, pero sin encontrarse con otros presos.

Las medidas de aislamiento se pueden imponer, por ejemplo, a causa de una pelea o si pillan a un preso con un móvil o con droga. Según explican diferentes trabajadores penitenciarios, allí donde el DERT ha quedado pequeño los internos en aislamiento se están trasladando a otras áreas. En el caso de Lledoners, al módulo de ingresos, explican fuentes cercanas al centro. La portavoz de la UGT, el sindicato mayoritario en el sector, Balaguer explica que constantemente hay internos que deben cumplir un aislamiento y alerta de la posibilidad de que la falta de espacio haga "acelerar" el fin de la sanción o el paso a un régimen de vida más laxo, un hecho que denuncia también comportaría una pérdida de autoridad de los funcionarios.