Intenta suicidarse el hombre que hace dos años que espera el aval judicial a su eutanasia

BarcelonaFrancesc Augé, el hombre que hace dos años que espera la eutanasia porque un recurso judicial la detuvo, está hospitalizado después de un intento de suicidio el fin de semana pasado. La Generalitat autorizó la muerte asistida en agosto de 2024, que el paciente pidió tras tres ictus y dos infartos que le han dejado importantes secuelas en el movimiento y el habla. A pesar de tener el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), su petición quedó estancada por un recurso judicial que presentó su padre.

Ahora la familia se quiere retirar del procedimiento, pero no lo ha comunicado al juzgado, y la vía judicial continúa abierta a la espera de una resolución, según ha avanzado SER Catalunya. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también ha concretado que el juzgado contencioso que se hace cargo del caso no ha recibido ningún escrito del demandante que notifique que quiere desistir de la demanda, un movimiento imprescindible para detener el procedimiento que tiene estancada la petición de Francesc, que ahora tiene 56 años.

El caso de Francesc motivó el primer pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el hecho de que terceras personas impidan la eutanasia de un familiar. El recurso escaló hasta el Tribunal Supremo, que con una decisión no unánime resolvió que las personas con una "vinculación particularmente estrecha" con el paciente tienen derecho a interceder judicialmente contra la decisión de una persona que pide la eutanasia. Es decir, no bastaría con ser familiar si no hay una relación cercana. Con esta resolución el tribunal daba respuesta al debate de fondo que también afectaba al caso de Noelia Castillo, que en aquel momento ya había recibido la muerte asistida después de 20 meses de litigio espoleado por Abogados Cristianos.

Acortar los plazos

A raíz de estos hechos el gobierno ha pedido a la justicia más celeridad para resolver los recursos que afecten a eutanasias ya aprobadas. La portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que la Generalitat "ya hizo su trabajo" cuando avaló la muerte asistida en 2024. "Pensamos que es el momento de hacer una reflexión en el ámbito del poder judicial sobre la necesaria celeridad de resolver estos casos", ha dicho la consejera.

También se ha pronunciado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, que ha dicho que confía en que se apruebe en el Congreso una ley que se está tramitando para acortar los plazos judiciales cuando aborden recursos contra una eutanasia ya aprobada, tal como pidió el Supremo después de resolver sobre el caso de Francesc. La ministra ha descrito esta proposición de ley como una norma "para evitar que recursos de terceros puedan bloquear un derecho personalísimo, una situación tremendamente dolorosa".

Esta propuesta legislativa la impulsó el Parlamento y llegó al Congreso después de la muerte de Noelia Castillo, que esperó la eutanasia durante casi dos años a causa de los recursos que presentó su padre asesorado por Abogados Cristianos. Este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado que es una reforma "necesaria" y confía "en que pueda salir adelante".