Malestar entre los científicos por la ley de la ciencia que se aprueba hoy en el Senado

BarcelonaUna enmienda al texto de la ley de la ciencia española que este martes se tiene que aprobar en el Senado amenaza con difuminar el espíritu competitivo en el que se basa el sistema de ciencia, tecnología e innovación internacional y que ha sido el dominante en España en los últimos años. La enmienda, promovida por los sindicatos, obligaría –en caso de ser aprobada– la contratación indefinida de jóvenes investigadores, a pesar de que se incorporen a puestos de trabajo con duración limitada por las características del proyecto al cual optan. La enmienda ha provocado la crítica de los centros de investigación y las unidades de investigación acreditadas con los sellos de excelencia Severo Ochoa y Maria de Maeztu, que, en conjunto, representan más de 100.000 investigadores de primer nivel. En una carta dirigida a los grupos parlamentarios del Senado piden que se elimine la enmienda porque “puede perjudicar la carrera profesional de los investigadores más jóvenes” a la vez que pone en riesgo el sistema de competición científica en el que se basa la ciencia internacional.

El texto original que entró en el Senado preveía que los proyectos de investigación con financiación internacional, especialmente los europeos, podían contratar investigadores por el tiempo de duración establecido en el proyecto. Es decir, si el proyecto tenía una duración de 4 años, se podía hacer un contrato por el mismo tiempo. En cambio, ahora la enmienda obliga a hacer contrataciones indefinidas, lo cual va en contra de los criterios mayoritarios en los centros de investigación líderes de todo el mundo. “Se podría entender si fueran plazas estructurales”, explica Luís Serrano, director del Centro de Regulación Genómica (CRG) y uno de los impulsores de la carta a los grupos parlamentarios, que ya reúne a 40 de los 57 centros y unidades de investigación que hay España. 

La enmienda, ratificada este lunes por el ministerio de Ciencia en una nota informativa, “generará más conflictividad”, puesto que obligará a los centros “a tener una bolsa de falsos contratados indefinidos”, lamenta Josep Samitier, director del IBEC y presidente de ACER, organización que agrupa a los centros catalanes. Serrano destaca que la ley, si no se modifica la enmienda, eliminará los contratos falsos temporales, cosa positiva en términos de lucha contra la precariedad laboral pero que “crea los falsos indefinidos”. El problema no son los costes de despido, insiste, sino que los centros de excelencia se encontrarán haciendo despidos “constantemente” que serán “fácilmente impugnables” y obligarán a fórmulas “tipo ERTE”. Los costes de despido, además, los tendrá que asumir el mismo centro, de forma que verá menguado su presupuesto y la flexibilidad de contratación según las necesidades de perfiles investigadores. “Un centro como el CRG perdería una cantidad de financiación enorme que no compensaría a nadie”, dice Serrano. Lo mismo pasaría con todos los centros que basan un alto porcentaje de su presupuesto anual en proyectos europeos.