El agua en las Baleares: entre la presión del turismo y la urgencia de poner límites
El nuevo plan hidrológico establecerá por primera vez que los municipios que quieran crecer tendrán que garantizar su suficiencia hídrica
PalmaSe conoció como operación Barco y fue un punto de inflexión en la gestión de los recursos hídricos en las Baleares. En 1995 Mallorca sufría una intensa sequía, y el Govern –en aquel momento en manos del popular Gabriel Cañellas–, con la connivencia del entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, decidió transportar en barco agua del Ebro hasta la isla. Pero una bodega de la primera embarcación estaba acabada de pintar, el agua se contaminó y se acabaron tirando al mar los 30.000 metros cúbicos que se transportaban. Este episodio, una de las polémicas ambientales más sonadas en las Baleares, costó en aquel momento el equivalente a 27 millones de euros. Después del fracaso de la operación Barco, Mallorca "apostó por la desalinización", recuerda el catedrático de geografía física de la UIB Cels García.
Desde el primer boom turístico, en la década de los setenta –en 1973 se registraron 3,8 millones de viajeros–, el número de turistas no ha parado de crecer, hasta llegar al máximo histórico de 16 millones de turistas en 2019. Esta actividad no solo ha revolucionado la vida y la economía de los isleños, sino que también ha puesto en tensión unos recursos naturales que, en un entorno insular, son limitados. La operación Barco fue un intento de dar respuesta en unas Islas que ya entonces tenían problemas para asumir el impacto del turismo de masas en los recursos hídricos. Ahora, los efectos cada vez más evidentes del cambio climático y una presión humana que retoma la magnitud prepandemia, agravan el problema de la sostenibilidad del agua.
Un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) publicado en junio pone por primera vez un poco de luz sobre el impacto de la actividad turística en el sistema hídrico isleño. La principal conclusión es que los turistas que visitan las Baleares consumen el 24% de los recursos hídricos autonómicos. En concreto, alrededor 33 millones de metros cúbicos de agua al año. Esta presión se da en verano, cuando llueve menos, y trae consecuencias como que algunos municipios de la Sierra de la Tramuntana tengan que recurrir a los camiones cisterna durante la temporada turística para alcanzar la demanda.
Las pérdidas de las cañerías, un problema que resolver
En este contexto, la conselleria de Medio ambiente y Territorio ha decidido poner un tope al crecimiento de los municipios si no pueden asegurar la suficiencia hídrica. Así, el nuevo plan hidrológico –que estará vigente hasta 2026– establece, por primera vez, que, para modificar cualquier normativa que suponga una expansión urbanística, los municipios tendrán que garantizar que el volumen de agua que proveen a su población no supere los 250 litros por persona y día, y que las pérdidas de agua de la red de suministro sean inferiores al 25% en 2025 y al 17% en 2027. Por ahora, el 64% de los municipios (43 en total) pierden más del 25% en escapes.
Hay que precisar que las Baleares se nutren, principalmente, de las aguas subterráneas. De hecho, entre un 60% y un 80% de los recursos hídricos que se consumen en el archipiélago provienen de los acuíferos, un 5% proviene de los embalses y el resto es agua desalinizada. Cuando el agua subterránea se sitúa por debajo del 60% se considera que se ha entrado en sequía y se opta por la desalinizada.
El Govern ya advierte en su Portal del Agua que "la suficiencia hídrica no está asegurada a medio plazo" en algunos cascos urbanos de 15 municipios, entre los cuales está Palma, Manacor y Ciutadella. Además, se considera que hay insuficiencia hídrica para satisfacer nuevas demandas en 37 de las 97 masas de agua subterránea del territorio. Precisamente, la demanda de los cascos urbanos es una de las presiones que generan más impacto: suponen más de la mitad de la demanda de agua. La siguen el sector agrario (un 24% en Mallorca) y el agrojardinería (un 13%).