El excargo del Gobierno acusado por el caso de la cementera de Montcada niega un trato de favor

BarcelonaSegunda y última sesión del juicio de la cementera de Montcada en la Audiencia de Barcelona. El ex alto cargo de la Generalitat Emili Dragone, acusado de conceder autorizaciones ambientales irregulares a la cementera Lafarge, con sede en el Vallès Occidental, ha negado haber dado un trato de privilegio a la empresa: ha asegurado que nunca emitió informes ambientales favorables, porque no era su trabajo.

El exjefe de los servicios de prevención de la dirección general de Calidad Ambiental y Cambio Climático ha declarado este jueves como acusado y la Fiscalía ha mantenido la petición de dos años de prisión para Dragone, a quien atribuye un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La causa tiene su origen en una querella del ministerio público contra Dragone por, presuntamente, haber vuelto a conceder la autorización ambiental a Lafarge en 2015 sobre la base de una licencia del año 2008 que la justicia ya había declarado nula por no haber seguido los trámites necesarios para conseguirla. Concretamente, no publicitó su declaración de impacto ambiental (DIA) para que los afectados pudieran presentar alegaciones.

En respuestas a preguntas de su abogada –las únicas que ha contestado–, Dragone ha dicho que “en absoluto” la Generalitat dio un trato de favor a la cementera. El acusado, secretario de la Ponencia Ambiental encargada de aprobar las DIA de las empresas, ha dicho que nunca votó en este órgano porque no tenía derecho a hacerlo y que su única función era “fusionar” los informes elaborados por las unidades técnicas para trasladarlos a la Ponencia, donde las autorizaciones ambientales se aprobaban por unanimidad antes de publicarlas en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

En este sentido, Dragone ha asegurado que él “nunca” emitió ningún informe favorable a la concesión de autorizaciones ambientales a la cementera. "No era mi trabajo", ha insistido. Sobre el hecho de otorgar la autorización ambiental de acuerdo con una licencia nula, Dragone ha explicado que entonces consideraron que la sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó la licencia –ratificada también por el Supremo– no la declaraba nula, sino que presentaba un “supuesto de anulabilidad” que podía ser “subsanable”.

Al sacar adelante la licencia de 2015, señalan las acusaciones, Dragone habría omitido las exigencias ambientales introducidas por la Unión Europea en 2010, así como cambios normativos españoles desde 2009. Además, no habría evaluado el estado de la contaminación atmosférica existente en aquella época en la zona de la cementera. El acusado, sin embargo, ha defendido que la actividad de la cementera era "la misma" que había sido autorizada previamente, sin que se hubiera producido ningún cambio sustancial que requiriera realizar una nueva DIA. En este sentido, ha concluido que las autorizaciones ambientales "en absoluto" fueron "injustas".

Las conclusiones de las partes

En sus conclusiones, la Fiscalía ha apuntado que las licencias se otorgaron con “celeridad”, a veces de forma “urgente y extraordinaria”, y sabiendo que se contravenía el derecho administrativo. La acusación particular, ejercida por los vecinos de Montcada, ha apuntado que en las sentencias referentes a las licencias “quedaba claro que se hablaba de nulidad, y no de anulabilidad”, pero que esta similitud fue “cogida al vuelo” por Dragone para conceder las autorizaciones “a todo precio”.

La defensa del acusado, por su parte, ha pedido su absolución al considerar que no existe ninguna ilegalidad manifiesta y que, en caso de que el tribunal considerara lo contrario, no se le podrían atribuir las responsabilidades a Dragone.